(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La ciudad de Atalaya, en la selva peruana, está paralizada desde el 15 de agosto, cuando aproximadamente dos mil integrantes de comunidades indígenas iniciaron un paro indefinido para exigir al gobierno que se instale una mesa de diálogo con el fin de atender una serie de problemas que afectan a sus comunidades.  

Su lista de reivindicaciones, contiene diez puntos. Entre ellos, que se culmine el proceso de titulación de sus territorios y se solucionen los problemas de superposición de Bosques de Protección Permanente (BPP) y concesiones forestales en sus terrenos, entre otros reclamos.

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El origen del paro: el derecho a la tierra

Uno de los principales reclamos de las comunidades indígenas se refiere a la titulación de sus territorios. Las comunidades solicitan que se acelere este proceso, tanto de aquellas que aún no han sido tituladas como de las que han solicitado la ampliación de sus territorios y están a la espera de que se concrete su pedido.

De acuerdo con información de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y organizaciones indígenas regionales de Ucayali, actualmente son 51 comunidades que esperan la titulación de sus territorios en la provincia de Atalaya. De ellas, según información de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) existen 29 comunidades con problemas de superposición con bosques de protección permanente o concesiones forestales.

Sobre este tema, los días 24 y 25 de agosto se realizó una reunión del Grupo de Trabajo que reúne a organizaciones indígenas y organismos del Estado. En la cita participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros; de los ministerios de Cultura y de Agricultura y Riego; del Gobierno Regional de Ucayali; de Aidesep y de organizaciones indígenas regionales, entre otras instituciones.

Según el acta del encuentro, se acordó revisar los casos de 24 de estas comunidades para determinar sus derechos de posesión y solucionar los problemas de superposición.

La coordinadora del Programa Cambio Climático y Bosques de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Iris Olivera, señala que la titulación de tierras de comunidades nativas es un tema complejo debido a que existen diversas normas que se relacionan con el proceso. En cuanto a la superposición, Olivera menciona que corresponde al Ministerio de Agricultura evaluar cada caso y aprobar cualquier cambio de dimensión del bosque que se entregue a la comunidad.

Para concesiones forestales, en cambio, corresponde a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) realizar un proceso de exclusión y compensación de los bosques concesionados, para que puedan ser revertidos a la comunidad.

“Los apus de nuestras comunidades han sido engañados por las empresas madereras y firmaron documentos sin saber de qué se trataba. Así llegaron las multas”.

La anulación de las multas impuestas por Osinfor, la entidad responsable de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, es otra de las demandas de las comunidades de Atalaya. Ruth Buendía, Secretaria del Consejo Directivo de Aidesep, señaló a Mongabay Latam que son más de 50 las comunidades que tienen una multa con el organismo estatal, que las ha sancionado por el “manejo indebido de los bosques”.

Sin embargo, el vocero de las comunidades indígenas, Guillermo Ñaco, señala que se trata de sanciones injustas. “Los apus de nuestras comunidades han sido engañados por las empresas madereras y firmaron documentos sin saber de qué se trataba. Así llegaron las multas”, aclara.  

Osinfor informó a Mongabay Latam que cuenta con un mecanismo para compensar las multas que puede seguir dos caminos: compromisos de conservación de bosques húmedos en comunidades nativas y campesinas para aquellas multas que superan las 4 UIT  (16 600 soles) y recuperación de áreas degradadas para sanciones que superan las 5.6 UIT (23 240).

Según Osinfor, 27 comunidades nativas de cuatro regiones a nivel nacional se han acogido a la conservación de bosques húmedos, 22 de ellas pertenecen a la región  Ucayali. “Las comunidades nativas que no tengan capacidad de pagar sus multas, pueden acogerse a cualquiera de los dos mecanismos, por un plazo de cinco años, a fin de condonar dichas multas”, señala Osinfor en un comunicado enviado a Mongabay Latam.

En tanto, el líder indígena Oswaldo Juep dijo que el Estado no ha cumplido con capacitar a las comunidades indígenas para el manejo de sus concesiones forestales, lo que ha originado el aprovechamiento por parte de empresarios madereros que derivaron en multas. Por tanto, señaló, se deben condonar estas deudas.

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Revisión de contrato y atención por contaminación de mercurio

Las organizaciones indígenas también solicitan que se revisen los contratos suscritos por el Estado peruano con las empresas trasnacionales que utilizan los ríos de la región para el tránsito fluvial de las operaciones logísticas, como es el caso del proyecto Camisea. Exigen, por tanto, que se destine el 25 por ciento de las utilidades para las comunidades indígenas como compensación por la afectación que estarían causando en sus ecosistemas. “Toda la logística para Camisea pasa por los ríos de nuestras comunidades. Esto ha contaminado las aguas del río Ucayali y Urubamba y ha ocasionado la desaparición de los peces”, señala Hestalín Coronado, dirigente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA).

En la plataforma de reclamo también se solicita la creación de reservas comunales en la provincia para conservar el bosque amazónico y su biodiversidad. Además, se exige la urgente atención de la población del pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali que, de acuerdo a un análisis hecho por el Ministerio de Salud, muestra la presencia de niveles elevados de mercurio en la sangre.

Una versión ampliada de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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