(Mongabay Latam / Rodrigo Soberanes).- El asedio de los traficantes de vida silvestre en los parajes boscosos de los límites entre Guatemala y Belice es tan intenso, que se han tomado medidas extremas. Hoy se puede ver a personas durmiendo al pie de los árboles para cuidar los nidos de las guacamayas rojas y a otros habitantes que han asumido las funciones de las fuerzas del orden, allí donde reclaman la presencia del Estado.

Esta zona de frontera es un espacio donde se evidencian las contradicciones. Las cifras oficiales indican que los niveles de pobreza bordean el 60%, sin embargo hay unos pocos que se enriquecen vendiendo ilegalmente especies de flora y fauna al mejor postor, y con destino a diferentes mercados internacionales. Pero este no es el único negocio ilegal. A lo largo de la línea fronteriza que mide 965 kilómetros, los habitantes denuncian el trasiego permanente de drogas.

¿Qué es lo que pasa en esta zona de frontera? Mongabay Latam conversó con distintas autoridades guatemaltecas, quienes señalaron la existencia de “estructuras” delictivas, donde se ha detectado la participación de campesinos, intermediarios en las ciudades y pueblos, personas de origen asiático y funcionarios públicos.

Los expertos y funcionarios consultados para este reportaje coinciden en señalar que la problemática en esta zona de adyacencia se puede resumir en tres grandes temas: pobreza, corrupción y un conflicto fronterizo entre ambos países, que los tiene sumergidos en un diferendo por la posesión de 12 000 kilómetros cuadrados de territorio.

“El combate al tráfico de vida silvestre es difícil por el poder del tráfico de influencias que se maneja”, afirmó Aura López Cifuentes, fiscal de sección de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público de Guatemala en una entrevista con Mongabay Latam. La dependencia a cargo de López Cifuentes es la jefatura máxima en lo concerniente a la investigación de delitos ambientales en ese país.

Rafael Manzanero, director ejecutivo de la organización Friends for Conservation and development (Amigos para la Conservación y Desarrollo) de Belice, comparte la preocupación de la fiscal guatemalteca. Manzanero calificó el problema fronterizo entre Guatemala y Belice como un obstáculo para combatir los ilícitos en la región.

“No se puede pedir a las comunidades que entiendan. Es la necesidad económica y la debilidad del Estado lo que obliga a los campesinos a cometer ilícitos”.

“En la zona de adyacencia hay una ola de degradación, es una amenaza transfronteriza, una disputa que limita las acciones de protección ambiental. Tenemos una posición limitada de combate al tráfico de vida silvestre”, opinó el especialista.

El paisaje general que se observa es el de remanentes de imágenes majestuosas donde floreció la civilización Maya. Son parajes protegidos por declaratorias gubernamentales que intentan detener el avance de la rápida deforestación. Ahí mismo hay poblaciones que viven en casas precarias con piso de tierra y techo de guano (una especie de palma), donde la única opción para obtener un ingreso suficiente, es dedicarse al tráfico de la vida silvestre.

Uno de los integrantes de la Asociación Balám, que se dedica a realizar un trabajo encubierto para localizar a estas mafias que trafican especies silvestres en la zona de adyacencia, y que acordó hablar con Mongabay Latam bajo anonimato,  reveló que existen “poblaciones enteras que se dedican al tráfico”.

Esta actividad ilegal se concentra sobre todo en la zona sur de la frontera, allí donde la deforestación se ha disparado. Según la organización británica que monitorea la deforestación en América Latina, Terra-I, entre los años 2004 y 2010, el 85 % de la pérdida de bosque en Belice se concentró en los distritos fronterizos de Cayo, Orange y Toledo.  Mientras que en Guatemala, en el mismo período de tiempo, el 74 % de la deforestación del país se registró en el departamento fronterizo de Petén.

Esto quiere decir, que en un lapso de seis años Belice perdió en los distritos antes mencionados en total 6375 hectáreas de bosque.  Y en el Petén, en Guatemala, 95 769 hectáreas. Es en esta última región en la que Julio Morales, de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Guatemala, percibe un mayor flujo de fauna silvestre traficada.

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La frontera que no existe 

El problema comienza en Melchor de Mencos, municipio del Petén ubicado en el centro de la línea divisoria entre los dos países, y se extiende con dirección al sur. Es un área montañosa donde los recursos del Estado no alcanzan para patrullar la región, indican los pobladores de la zona. La fiscal ambiental de Guatemala, Aura Marina López, reconoce que “es un área sin control”.

“El problema es que la delimitación no está bien clara como para que las fuerzas armadas del país marquen la soberanía como tal, y ese es el problema que tenemos actualmente con Belice. Los elementos corren para un lado y para otro, y hay un momento en el que no sabemos si tenemos jurisdicción”, señaló la funcionaria guatemalteca.

La fuente anónima de la Asociación Balám reafirma lo dicho por la fiscal López. Y explica que ha participado en diversos operativos en los que era muy difícil perseguir a los traficantes de vida silvestre, porque no sabían dónde quedaba la línea divisoria.  

José María Castillo, coordinador del programa de seguridad y protección ambiental de la Asociación Balám, agrega que el tráfico de vida silvestre es una “complejidad” no solo para los gobiernos y sus autoridades, sino para la vida en las comunidades de la zona de adyacencia.

Según Julio Morales, la extracción de vida silvestre se da en la Reserva de Biósfera Maya, que se encuentra al norte de la zona limítrofe entre ambos países, pero también se han identificado estas actividades ilícitas al sur, en el área donde se localiza el Parque Nacional Chiquibul, dentro de Belice. En los espacios donde se ubican estas áreas protegidas, añade Morales, predomina la pobreza y la ausencia del Estado, se evidencia la falta de servicios básicos para la población y, por lo tanto, proliferan los ilícitos que ayudan a la subsistencia de las personas.

“Es una zona de conflictos porque está en disputa. Eso ha creado muchos problemas. En el sur entran los guatemaltecos (a extraer recursos vida silvestre) y en el norte es al revés. El acomodo es curioso”, señaló Julio Morales.

En abril de este año, Guatemala realizó un referéndum en el que preguntó a sus ciudadanos si estaban de acuerdo en que se lleve el conflicto fronterizo con Belice a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también conocida como Corte de La Haya,  y la mayoría votó por el “Sí” a la pregunta de si estaban de acuerdo o no en que la vía de reclamación para resolver el diferendo sea elevada a la CIJ.

Mientras tanto, Belice hará lo propio en abril de 2019. De esta manera se espera que se solucione un conflicto fronterizo que comenzó a finales del siglo XVIII, cuando Belice y Guatemala eran controlados por Gran Bretaña y España, respectivamente.

Belice se independizó en 1981 y diez  años después, Guatemala reclamó cerca de la mitad del territorio Beliceño (más de 12 mil kilómetros cuadrados). Esta situación tensa derivó en la firma del Acuerdo Sobre Medidas de Fomento de la Confianza en el 2000, donde se estableció la zona de adyacencia, una región que hoy alberga a cerca de 5000 personas que viven de forma muy precaria, mientras los recursos naturales son extraídos ilegalmente cada día.

La fiscal guatemalteca, Aura Marina López, explica que esta ausencia de una frontera real complica el trabajo de los soldados a cargo de los patrullajes en la región. Sostiene que cuando realizan sus labores en esta zona, los militares corren el riesgo de ser abatidos por grupos armados del país vecino, en su intento por atrapar a los traficantes.

“Del otro lado hay soldados apostados y corre riesgo cualquier persona que intente hacer alguna acción para allá y aunque estemos en persecución de algún criminal, no podemos entrar, por eso tenemos cierta debilidad, siento que es importante que esté bien delimitada la línea fronteriza”, dijo López Cifuentes.

El director ejecutivo de la organización Friends for Conservation and development de Belice señala que no existe información sobre la cantidad de especies silvestres que son saqueadas en el área fronteriza de Belice. Y en el caso de Guatemala, la fiscalía calcula que se decomisan entre 75 y 100 aves cada año, entre guacamayas rojas y loros (estos últimos con más posibilidades de sobrevivir en cautiverio), aunque tampoco manejan una cifra exacta.  

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El llamado de la delincuencia 

La pobreza es el caldo de cultivo para los traficantes. A las comunidades de la zona de adyacencia suelen llegar personas dedicadas al tráfico de vida silvestre, con una propuesta que llega a los oídos de los lugareños como si fuera el canto de una sirena: “Te pago cuatro días de alimento y te vas a la montaña a traerme una guacamaya”, es así como los traficantes tientan a los pobladores, narra Ronaldo Chacón, investigador en Gestión y Desarrollo de la Asociación Balám de Guatemala.

“Si no tengo qué comer, si no sé distinguir entre lo bueno y lo malo, no tengo educación, me voy a la montaña donde me encuentro guacamayas, xate (una palma ornamental), loros, rosul y oro”, señala Chacón, basándose en su experiencia de trabajo de campo en estas comunidades fronterizas.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a Guatemala (con puntuación de .492) en los últimos lugares a nivel de América Latina, solo arriba de Guayana, Honduras y Haití.

Y dentro de Guatemala, el índice del departamento del Petén es de .458, lo que quiere decir que está por debajo de la media nacional de Guatemala.

Para Ronaldo Chacón, esta es la principal razón por la que es muy difícil exigirles a las personas que viven en la zona de adyacencia que cuiden el medio ambiente.   

“No se puede pedir a las comunidades que entiendan. Es la necesidad económica y la debilidad del Estado lo que obliga a los campesinos a cometer ilícitos”, opinó el especialista. Y agregó que a este problema se suman recientes denuncias de autoridades guatemaltecas involucradas en el tráfico de especies.

“Si no tengo qué comer, si no sé distinguir entre lo bueno y lo malo, no tengo educación, me voy a la montaña donde me encuentro guacamayas, xate, loros, rosul y oro”.

La fuente anónima de la Asociación Balám, que le sigue los pasos a los traficantes de especies,  describió que las mercancías llegan “desde las montañas hasta los puertos”, en especial los tablones de rosul (Dalbergia tuturensis), especie maderable muy cotizada. También dijo que el precio monetario de las piezas de madera o de los especímenes va en aumento, a medida que van cambiando de manos dentro de la “estructura” de tráfico ilegal.

El entrevistado mencionó que existen comunidades completas en Guatemala que viven de la venta de guacamayas, loros, cedro, Xiate, rosul y drogas.

Él y un pequeño grupo de investigadores cubren varias comunidades de difícil acceso situadas en las montañas de la zona de adyacencia, con carreteras de tierra y con terratenientes que viven de la ganadería extensiva. En el paisaje saltan a la vista  arroyos secos, cerros completamente talados por cambios de uso de suelo y el comercio de mercancías variadas obtenidas de manera irregular.

Dentro de las modestas casas se esconden cargamentos de madera, guacamayas e incluso oro, en espera de que llegue algún comprador, que suele ser el intermediario que opera para alguien más alto en la cadena de tráfico ilegal. Son generalmente personas que viajan desde la Ciudad de Guatemala, capital del país.

Los  campesinos buscan los ejemplares valiosos sobre todo en Belice. Ingresan al  Parque Nacional Chiquibul, que colinda con Guatemala en la parte sur del departamento del Petén, y es ahí donde se topan con algunas personas que vigilan los árboles para evitar que extraigan de los nidos a los pichones de guacamayas rojas. Lo mismo ocurre en el lado guatemalteco, en la Reserva de Biósfera Montañas Mayas Chiquibul.

Las dos áreas protegidas mencionadas están unidas por el río del mismo nombre, que entra y sale de los dos países serpenteando por la que algunos suponen es la frontera.

En 2014, las autoridades calcularon que los decomisos realizados en Guatemala, en las inmediaciones de Chiquibul, frenaron el flujo de alrededor de  2.5 millones de quetzales (334 000 dólares), que iban a ir a parar a los bolsillos de las mafias. Se cree que esto representa el 15 % del dinero que circula al año. Son cifras muy superiores a las que hay en el ínfimo mundo del comercio legal que hay en la región, el de las familias campesinas que tratan de vivir de sus cultivos.

Una versión ampliada de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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