(Mongabay Latam).- La firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016 abrió las puertas de ecosistemas lejanos que permanecían prístinos debido al temor que infundía la guerra.

El mundo científico fue uno de los primeros que comenzó a llegar a amplias zonas de Guaviare, Caquetá y otros departamentos con la expectativa de conocer a fondo la riqueza de uno de los países más biodiversos del mundo. De hecho, diferentes expediciones realizadas por universidades y centros de investigación como el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), permitieron revelarle al mundo nuevas especies de plantas y animales. Incluso, en el 2010, seis años antes de que se firmara la paz, la disminución de los enfrentamientos entre guerrilla y Fuerza Pública permitió el descubrimiento del mono tití del Caquetá (Plecturocebus caquetensis), especie endémica de este departamento y que está en peligro de extinción debido a la pérdida de los bosques en los que habita.

Pero la ciencia no fue la única que llegó. Con ella aparecieron también las disidencias de las Farc, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional  (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), bandas criminales, así como grupos posparamilitares─es decir, nuevos grupos paramilitares conformados luego de la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)─. El narcotráfico también acrecentó su poder en la selva.

Con la presencia de todos estos actores ilegales en áreas protegidas y ecosistemas de incalculable valor biológico se incrementó el fenómeno de la deforestación. Uno de los principales objetivos de esa tala indiscriminada de bosque es el acaparamiento de tierras con el objetivo de dedicar los territorios a actividades ilegales o acumularlos a la espera de una futura valoración comercial.

Las declaraciones de investigadores, científicos, autoridades y comunidades en los bosques colombianos le permitieron a Mongabay Latam hacer un profundo análisis sobre la guerra por la tierra que se vive actualmente en el país.

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Así se roban la tierra en Colombia

Así como muchos simplemente se adueñan de la tierra que van ocupando, otros buscan legalizarla haciendo uso de artimañas jurídicas y en eso ha habido complicidad de funcionarios públicos como notarios, registradores y jueces. En muchos casos estos funcionarios públicos se alían con los criminales para amenazar a los campesinos y obligarlos a vender a precios muy por debajo del valor real de los predios. No en vano la Superintendencia de Notariado y Registro ha identificado  más de 65 formas de despojo jurídico en el país.

El conflicto armado fue un aliado perfecto para que los poderosos e ilegales lograran adueñarse del territorio, pero el Estado y los vacíos de sus leyes también han terminado por “facilitar” la labor de los ilegales. Alejandro Reyes, investigador experto y quien fue uno de los asesores en el tema de tierras del Acuerdo de Paz con las FARC, dice que los jueces civiles han sido quienes históricamente, de manera “abusiva” e “ilegal”, han adjudicado los terrenos de la Nación, conocidos como baldíos.

El asunto no es de poca monta y la Superintendencia entrega una cifra escandalosa: más de 672 000 hectáreas ya fueron “legalizadas”, gracias a jueces, pero presuntamente son baldíos que le pertenecen a la nación. La tarea para recuperar los terrenos del Estado y a la vez solucionar las necesidades de los campesinos que necesitan un predio para vivir no será fácil y el Acuerdo de Paz con las Farc puso una meta bastante ambiciosa, ya que se deben adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos y legalizar siete millones más. Lea aquí la historia completa.

Mafias criminales se adueñan de los bosques en Colombia

 Una de las regiones más afectadas por el fenómeno de acaparamiento y especulación de tierras es la Amazonía colombiana. En esta región confluyen todos los problemas ambientales del país: deforestación, extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. 
La Amazonía concentró el 65,5 % de las áreas deforestadas del país durante 2017 y este año las cifras parciales muestran un incremento. Además, el sur del departamento del Meta y Caquetá están llenos de disidencias de las Farc, excombatientes de los frentes 7, 14, 15, 27, 40 ,48 y 62, comandados por los jefes insurgentes conocidos como ‘Gentil Duarte’ y ‘Euclides Mora’, quienes estarían generando alianzas con las bandas criminales conocidas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Puntilleros, que son grupos narcotraficantes considerados remanentes del paramilitarismo.

La situación es similar en otros departamentos amazónicos como Guaviare, Guainía, Vaupés y el sur de Vichada. En el departamento de Putumayo las alianzas de las disidencias de las Farc serían con la guerrilla del ELN, según estudios y análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Las FARC dejaron un vacío y comenzaron a involucrarse paramilitares en esta zona, donde se supone que no debía entrar nadie. Ahora se están disputando el control sobre los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal”, dice Ginni Alba, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Lea aquí la historia completa.

Acaparamiento de tierras: la herencia que le queda al nuevo gobierno de Colombia

 Expertos consultados por Mongabay Latam en esta entrega aseguran que el Estado colombiano no está presente en estas zonas sensibles y apartadas donde se deforesta y acapara tierras. Mayra Manchola, experta ambiental del municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá, y  el más deforestado del país, asegura que en la región “están pagando entre 500 000 y un millón de pesos (entre 175 y 350 dólares) por hectárea. Las disidencias de las Farc dieron luz verde para deforestar y los terratenientes están aprovechando”.

Incluso desde los gobiernos locales como el de San Vicente del Caguán ya dudan de la eficacia de las estrategias que presuntamente se están aplicando, como es el caso de unas reuniones semanales entre Fuerza Pública, gobierno regional y gobierno nacional, conocidas como burbujas ambientales. El alcalde Humberto Sánchez dice que esa estrategia ha sido inútil. Incluso, afirma que él dejó de asistir porque “parecen un club de amigos que se sientan a tomar café para hablar de la problemática que ya conocemos, como si se hicieran solo porque hay que hacerlas”.

A esto se suma que la responsabilidad del control y el monitoreo sigue recayendo en las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales (CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia, que son las que menos capacidad operativa, técnica y de presupuesto tienen para enfrentar a los actores que promueven la deforestación para acaparar tierras.

Aunque el gobierno ha intentado atacar este problema muchas de las propuestas que se han hecho apenas están empezando a implementarse y el reto quedará en manos del gobierno de Iván Duque. Lea aquí la historia completa.

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