(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli). Ucayali es una de las cinco regiones que concentra la mayor cantidad de bosques en Perú, con una extensión de por lo menos nueve millones de hectáreas. Es, además, una región donde los delitos ambientales que más se cometen están relacionados justamente con la destrucción de estos bosques. La pérdida forestal en esta región fue de 29 611 hectáreas en el 2016, el equivalente a 41 472 canchas de fútbol, según el último año de reporte del Programa Geobosques del Ministerio del Ambiente.

A pesar de las cifras, Ucayali no contaba con un juzgado para casos ambientales. Los procesos judiciales sobre delitos contra el medio ambiente se ventilaban en otra región, en Huánuco.  De hecho, ahora, 330 casos serán trasladado desde Huánuco, al nuevo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios y Ambientales inaugurado en Ucayali.

Del total de los casos transferidos, por lo menos 250 se refieren a temas ambientales, mientras que los demás se distribuyen entre aduaneros y tributarios, los otros dos rubros que también ve este juzgado. “En Ucayali, alrededor del 70 % de los casos relacionados con el medio ambiente tiene que ver con la tala ilegal”, añade Rony Torres, coordinador del Módulo Penal Corporativo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Torres menciona que hace dos semanas se realizó la primera audiencia sobre delitos ambientales en este nuevo juzgado. Se trató de un pedido de prisión preventiva contra 22 acusados por crimen organizado en relación a la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca. “Fueron 30 horas de audiencia. Finalmente se dictó prisión preventiva para quince personas y detención domiciliaria para siete”. En este caso, según Torres, está involucrado también un ciudadano chino, socio de una mina envuelta en el proceso, así como policías.

El coordinador del módulo penal explicó que las audiencias para los casos llegados de Huánuco empezarán esta semana con un promedio de cuatro por día. La instalación de este juzgado debería acelerar los procesos puesto que los abogados, acusados y fiscales no tendrán que trasladarse hasta otra región para asistir a las diligencias.

Las denuncias en la fiscalía ambiental, sin embargo, son muchas más que los casos que ya se litigan en el Poder Judicial. De acuerdo con cifras de la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental, son cerca de 1500 denuncias activas en la región entre el 2009 y febrero de este año. Los casos incluyen delitos contra los bosques, tráfico ilegal de productos forestales, contaminación ambiental, minería ilegal, alteración del paisaje, entre otros.

“Ucayali es la región con más denuncias relacionadas con la tala de bosques. Además, enfrenta casos de corrupción de funcionarios vinculados al tema ambiental, quienes autorizan ilegalmente la extracción de recursos”, señala el Procurador público especializado en delitos ambientales, Julio César Guzmán.

El funcionario explica que, desde el punto de vista delictivo, la tala ilegal comprende también otras infracciones como la responsabilidad funcional de quienes otorgan autorizaciones o permisos de manera indebida, además de transgresiones en la extracción, el transporte, el almacenamiento y la exportación. “Existe una trazabilidad delictiva. Cuando hablamos de tala no solo debemos pensar en la extracción de madera, sino en los distintos delitos relacionados con ella”.

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Los procesos sobre palma aceitera

El Procurador Guzmán explica que en la región de Ucayali actualmente están creciendo rápidamente —y no siempre de manera legal— una serie de iniciativas que promueven los monocultivos, principalmente de empresas que siembran palma aceitera y cacao. “Existen compañías que ejercen presión para cultivar en bosques en lugar de hacerlo en áreas ya degradadas. No estoy contra los empresarios, sin embargo, muchas veces, sus actividades están asociadas a actos de corrupción, a adquisición de predios por debajo de su precio real, a extrañas ventas de terrenos de terceros, e incluso a amenazas”.

En Ucayali existen dos casos emblemáticos de procesos judiciales relacionados con los monocultivos. Se trata de los casos “Plantaciones Ucayali” y “Plantaciones Pucallpa”, procesos que se llevan a cabo contra las empresas del Grupo Melka, cuyo propietario, el estadounidense Dennis Melka, llegó al Perú en el año 2012 para establecer varias empresas de cultivo de palma aceitera. Ambos casos cobran importancia debido a que este grupo empresarial es acusado de ocasionar la deforestación de por lo menos 13 000 hectáreas de bosques para sembrar palma aceitera, situación en la que también se involucra a las autoridades regionales por la entrega irregular de terrenos.

En el 2013, se denunció a la empresa Plantaciones Ucayali SAC, actualmente Ochosur U, por la deforestación de aproximadamente 1000 hectáreas de bosque en una zona ubicada en el caserío Bajo Rayal del distrito de Nueva Requena. Según la denuncia, la depredación se realizó fuera del área que había comprado la empresa, en el caserío Zanja Seca.        

El proceso, que incluye a 14 personas, considerando al mismo Dennis Melka, contempla delitos contra los bosques y formaciones boscosas en su modalidad agravada, utilización indebida de tierras agrícolas, alteración del ambiente o paisaje, responsabilidad por información falsa y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos en agravio del Estado.

El segundo caso corresponde a la empresa Plantaciones Pucallpa, que ahora se denomina Ochosur P. Se trata de una denuncia interpuesta por la comunidad Santa Clara de Uchunya que acusa a la empresa de realizar acciones de deforestación en distintos sectores de Ucayali y  en la Comunidad Nativa Shambo Porvenir.

La investigación contempla delitos contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada, alteración del ambiente, responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, falsedad genérica, y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

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Juzgados ambientales en todo el país

Mariano Castro, miembro del Consejo Consultivo del Poder Judicial, considera que la instalación de este juzgado es una medida importante para facilitar el acceso a la justicia ambiental, sobre todo porque se trata de una región donde hay mucha presión por la tala ilegal.

El también exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente mencionó que para el 2019, el Poder Judicial espera contar con presupuesto para diez juzgados ambientales, entre ellos el que corresponde a Ucayali, puesto que el instalado recientemente tiene carácter temporal y se ha concretado con recursos propios del organismo responsable de la justicia en Perú. “Se debe tener en cuenta el incremento de la carga procesal, pero también la afectación de derechos fundamentales, como la salud. Es una medida que se suma a lo avanzado en Madre de Dios”.

“Es importante que en zonas como la Amazonia, donde existe una carga alta de delitos en materia ambiental se ofrezca una respuesta especializada”. Consideró también que para responder a la carga procesal en materia ambiental debería instalarse juzgados ambientales en regiones como Loreto, Puno, Lambayeque, Piura, Cusco, San Martín, Apurímac, Amazonas, Ayacucho, Junín, La Libertad y Arequipa, que se sumarían a los de Madre de Dios y Ucayali.

“Se requiere de un avance gradual, consistente, de mayor especialización y equipamiento, además de formación de jueces y una mayor capacidad para que las denuncias penales cuenten con los peritajes necesarios. Además, un mayor uso de la información, el monitoreo satelital y de drones son clave pues permite detectar tendencias, analizar objetivos específicos y contar con pruebas suficientes para sancionar delitos”, dijo Castro.

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