(Mongabay Latam / Vanessa Romo). Augusto Sangama confiesa que, hace veinte años, su vida no valía nada. Tampoco la del resto de habitantes de la comunidad de Huicungo, en la región San Martín, al norte del Perú. Cuenta que si alguno de ellos hubiera sido asesinado, nadie hubiera pedido explicaciones por su muerte. Eran tiempos en los que la pasta básica de cocaína se vendía como si fuera un kilo de azúcar o de arroz, así de alta era la demanda, así de presente estaba el narcotráfico. Del valle del Alto Huallaga, al que pertenece esta comunidad, los vuelos con droga salían diariamente. Augusto recuerda que la mayoría de agricultores locales se dedicaba al cultivo ilícito de la hoja de coca. Ahora a sus 64 años, cuando observa sus hectáreas de cacao, los cientos de plantones de árboles que ha sembrado y la biodiversidad del Parque Nacional Río Abiseo a salvo, le es difícil entender por qué no pudo vivir así siempre.

“Donde había coca, había plata”, recuerda Sangama. Ningún cacaotero olvida lo que sucedió en la década los ’80 y ’90. Los cárteles de drogas y el grupo terrorista Sendero Luminoso se habían apoderado de la región. “No podías cometer un error porque te decapitaban frente a todos”, cuenta el agricultor. Son varios los que comparten estas memorias con sus hijos y nietos. “Hay que recordar cuánto hemos avanzado”, dice el agricultor, ahora presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Huicungo (Apahui).   

Mucho camino se ha recorrido desde el 2000, cuando eran muy pocos los que creían que podrían vivir del cacao en San Martín.   Luego de la erradicación de la hoja de coca ilegal y la captura de los principales narcoterroristas que manejaban esta zona, muchos agricultores se vieron obligados a buscar otra salida y empezaron  introduciendo cítricos en sus parcelas. Los proyectos de cultivos alternativos fueron claves para el giro hacia el cacao. Ahora, solo en la provincia de Mariscal Cáceres existen por lo menos cuatro cooperativas que se dedican a la producción y exportación de este producto.

En el caso de Apahui, cuentan con 120 socios que venden su materia prima con certificación orgánica, un título que recién pudieron conseguir en el 2014. Ahora las utilidades del cacao les han permitido incluso comprar maquinaria nueva para secar y procesar este insumo que exportan, sobre todo, a Europa.

Hoy Mariscal Cáceres reúne varias historias con desenlaces felices. Es el caso de las comunidades de Santa Rosa y Pucallpillo, dos de las más golpeadas por el terrorismo que ahora exportan su producción de cacao para la elaboración de las tabletas Gaggo Leche, que se preparan con el cacao de Perú y la leche de 200 productores suizos. Lo peculiar es que ambos insumos salen de dos áreas protegidas: la Reserva de Biósfera del Gran Pajatén de Perú y la Reserva de la Biósfera Entlebuch de Suiza.

Lo importante es que los mismos cacaoteros son los socios, lo que garantiza que las utilidades sean reutilizadas por ellos. “El último año obtuvieron 100 000 soles y compraron uno de los mejores centros de secado de la región”, agrega Ronald Rojas, director ejecutivo de la Fundación Amazonía Viva, una asociación que agrupa varias cooperativas cacaoteras y cooperativas locales para proyectos de conservación.

También está la historia de de Winston Ruíz Weninger, quien nació en el centro poblado Dos de Mayo y vio como sus abuelos y sus padres tuvieron que luchar para salir de esa dependencia al cultivo ilegal de hoja de coca. Ahora, como ingeniero forestal en la Asociación de Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo Alto Huayabamba (Aproboc), Winston puede cumplir el sueño que siempre tuvo desde la  adolescencia: conservar los bosques. Ese es justamente el común denominador en todas estas experiencias.

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Una serie de reconocimientos afortunados 

La provincia Mariscal Cáceres también alberga uno de los espacios protegidos con mayores distinciones del país. El Parque Nacional Río Abiseo cuenta con 274 520 hectáreas y fue creado en 1983 para “proteger los bosques de neblina de la ceja de selva y conservar fauna silvestre en vías de extinción, además de resguardar los complejos arqueológicos Gran Pajatén y Los Pinchudos”, como lo indica el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Está riqueza protegida hizo que la Unesco declare  en 1990 al parque como Patrimonio Cultural de la Humanidad y, dos años después, lo volviera a hacer al colocarlo en la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial Mixto, es decir, tanto natural como cultural.

Desde entonces, los reconocimientos no han dejado de llegar. El jefe del parque, Víctor Hugo Macedo, cuenta que en el 2015, la Red Iberoamericana de Bosques Modelos le puso el título de bosque modelo Río Huallabamba Abiseo y al año siguiente, esta área protegida junto a dos millones más de hectáreas fueron agrupadas en lo que se conoce hoy como la Reserva de Biósfera del Gran Pajatén. Denominación nuevamente otorgada por la Unesco. Esta se convirtió en la quinta reserva de este tipo que existe en el Perú.

“Todos estos títulos no son accesorios. Sirven para que el agricultor que trabaja cerca del parque o conserva tierras en la zona de amortiguamiento pueda capitalizar estos logros y que su producto tenga otro valor económico y social”, comenta Macedo a Mongabay Latam.

Estas estimaciones de beneficios fueron confirmadas en el 2013 a través de un estudio de la Universidad del Pacífico, con el que se concluyó que un agricultor promedio percibe anualmente entre S/ 2031 y S/ 3038 (US$630 a US$ 940) más que un cacaotero que no se encuentra en el área de influencia del parque, ya que la productividad es más alta por el ecosistema que lo rodea.

Además, en la investigación se halló que el parque Río Abiseo “contribuye a mejorar el bienestar de los productores de cacao de la zona de amortiguamiento”. Y señala que “esa mejora se puede valorizar entre S/ 1.32 millones y S/ 1.97 millones (US$320 mil y US$340 mil) anuales para toda la región San Martín”.

Ronald Rojas de la Fundación Amazonía Viva (Fundavi) sostiene que el cacao cultivado en esta área es un 40% más productivo que en el resto de zonas de la región San Martín. “La Dirección Regional Agraria de San Martín señala que en el 2017 solo la provincia de Mariscal Cáceres ha generado S/113 millones (US$ 34 millones) en este producto”, explica.

El jefe del parque afirma que, desde la creación de esta área protegida, uno de los objetivos ha sido siempre apoyar el desarrollo de las poblaciones aledañas. “Al inicio fue difícil, porque el cultivo de la hoja de coca era muy agresivo. Poco a poco, cuando las organizaciones se dieron cuenta que tenían una mejor aceptación comercial de su producción lícita, empezamos a tener aliados”, agrega.

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La siembra de la conservación 

Sin embargo, el mejor resultado para la conservación se concretó cuando en el 2010 se aprobó el biocorredor Martín Sagrado, que agrupa 303 685 hectáreas dentro de la zona de amortiguamiento de Río Abiseo y que delega su administración a tres asociaciones de agricultores de cacao. Este es un proyecto Redd+, que no es otra cosa que la aplicación de un mecanismo creado para luchar contra el cambio climático —establecido en el Plan de Acción de Bali, en la COP 13, en el año 2007— que compensa económicamente a las poblaciones o instituciones que apuestan por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producto de la deforestación. Y esta reducción se logra a través de proyectos de conservación. El negocio aparece cuando una empresa que busca compensar su impacto en emisiones de carbono adquiere “bonos” en bosques como el de San Martín, y de esta forma alienta a la población a que continúe cuidando este espacio natural.

Ronald Rojas de Fundavi resalta el valor del biocorredor Martín Sagrado explicando que en estas más de 300 000 hectáreas se han identificado especies como el mono choro de cola amarilla, el tucancillo de ceja amarilla, el oso de anteojos, el gallito de las rocas y el jaguar, entre otras especies forestales como el cedro, un árbol que se encuentra en estado Vulnerable.

El biocorredor Martín Sagrado está dividido en tres concesiones con fines de conservación (Martín Sagrado, El Breo y Montecristo) que han sido autorizadas por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) como espacios para la investigación científica y educación ambiental. También se permite el  turismo sostenible y el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, que puedan ir de la mano con la conservación, como lo son la apicultura o la extracción de semillas.

Cerca de 114 000 hectáreas son parte de la concesión El Breo, que administra la Asociación de Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo Alto Huayabamba (Aproboc). “Para nosotros fue una oportunidad que nos cayó del cielo”, cuenta el ingeniero forestal Winston Ruiz. Aunque salió por muchos años de su comunidad para capacitarse, nunca dejó de pensar en Dos de Mayo y en el gran potencial que esta tenía.

Winston no olvida hasta ahora cómo sus vecinos y pobladores de otras regiones del país saqueaban el bosque a su antojo. “Había mucha caoba aquí y eso volvió a la selva en una mina de oro”, comenta. Por eso reconoce que la creación de la asociación fue un paso importante en el camino hacia la conservación.

Y también una decisión acertada que les permitió darle un valor agregado  a sus productos, comenta Winston. Pero la comunidad Dos de Mayo decidió dar un paso más y empezó a trabajar en la comercialización del Chocoplatano, un polvo que reúne dos de los productos más importantes de la localidad. “Ahora con el sello de procedencia de una zona de conservación de bosques, el precio se incrementa”, cuenta Winston Ruíz.

“Ahora estamos en un sitio de excelencia y aprendizaje para el mundo”, agrega. En efecto, Ronald Rojas de Fundavi asegura que vienen de diferentes países para aprender el mecanismo REDD+, para estudiar cómo lograron implementar este sistema y conocer los planes de manejo de conservación que tienen en el biocorredor.

A las concesiones “El Breo” y “Montecristo”, se ha sumado ahora la de “Martin Sagrado”, administrada por la Cooperativa Agraria Cacaotera (Acopagro), que ha logrado certificar  108 800 hectáreas como parte de la implementación del mecanismo REDD+ dentro de su territorio . Linda Weninger, administradora de esta concesión, cree que el futuro de las asociaciones agrícolas es invertir en la conservación. “Nosotros exportamos cacao orgánico a Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Francia. Si cuando nacimos éramos vistos como una fuerte empresa cacaotera, ahora también somos considerados promotores de la conservación”, añade Weninger.

El trabajo para promover la conservación y nuevas fuentes de ingresos no se detiene en las concesiones asentadas en el biocorredor. Las asociaciones que han creado Fundavi tienen un proyecto de reforestación que hasta el momento ha logrado sembrar más de 2 millones de árboles. El plan consiste en recuperar y fortalecer el suelo a través del cultivo de especies maderables, para que los agricultores más jóvenes tengan un fondo de vejez asegurado con el aprovechamiento de estas plantaciones.

Augusto Sangama, de Apahui, es uno de los más emocionados con este proyecto, denominado Jubilación Segura. “El objetivo es que podamos tener recursos forestales para garantizar nuestra pensión”, comenta.  Ronald comenta que esta iniciativa se ha extendido por otras localidades de San Martín y en el 2017 llegaron a 4 millones de árboles sembrados. “Soñamos con convertirnos en unos años en una potencia forestal”, dice.

Para una mejor organización, también se ha creado una empresa social llamada Amazonía Justa con las cooperativas como accionistas, para que se beneficien eventualmente de la comercialización y utilidades de estos servicios ecosistémicos producto de la reforestación y, eventualmente, de la extracción forestal.

Ronald quiere creer que el final feliz ya estaba escrito para la población de Mariscal Cáceres. “Antes fue el caucho, luego llegó la coca. Prosperamos con el cacao y ahora llega el carbono. Es como si la letra c estuviera guiando nuestro camino”, dice entre sonrisas. Lo que parece un juego de palabras es hoy una ruta de trabajo y esperanza.

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