(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La justicia peruana le dio finalmente la razón a las comunidades afectadas por  el derrame de petróleo ocurrido hace cuatro años en diversas localidades de la Amazonía peruana. La semana pasada y luego de tres largos años de proceso judicial, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto ordenó al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Epidemiologia establecer una estrategia de salud pública de emergencia para brindar atención médica a los afectados por el derrame de crudo en las comunidades de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, en el distrito de Urarinas, región Loreto.

La demanda para la reparación de los daños ocasionados por el vertimiento de 2358 barriles de petróleo ocurrido en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano en junio de 2014 fue presentada en el año 2015.  Dos años después, el Juzgado Mixto de Nauta falló a favor de las comunidades, ordenándole al Ministerio de Salud y la Dirección General de Epidemiología que “diseñen e implementen una estrategia de salud pública de emergencia que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria” en los lugares afectados por el derrame del 2014.

Las autoridades peruanas, a pesar de la emergencia, no cumplieron con la sentencia y apelaron. En su descargo, el Ministerio de Salud señalaba que si atendió a la población y presentó informes que daban cuenta de las acciones de salud realizadas en las comunidades afectadas. Sin embargo, estas no se ajustaban a los indicado en la sentencia como luego determinó el juzgado de Loreto.

“Esta sentencia debió cumplirse desde setiembre del año pasado”, señala Wadson Trujillo, apu de la comunidad de Cuninico, quien lamentó las demoras en el proceso y en la atención de la salud de las 167 familias afectadas solo en esa comunidad. “Han pasado cuatro años desde que se produjo el derrame y no contamos con un proyecto de agua potable que atienda a la población. Tampoco se ha brindado atención de salud especializada. Tenemos problemas con nuestra fuente de abastecimiento de agua, el río Marañón, y lo mismo sucede con la alimentación, pues consumíamos los peces directamente del río, pero ahora están contaminados”, cuestiona el líder indígena.

Lee más | Ministra del Ambiente de Perú: “No permitiremos la impunidad ambiental”

Atención de emergencia

“Este fallo es de cumplimiento inmediato”, señala Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesor de las comunidades. Ruiz explica que, de acuerdo al Código Procesal Penal, de no cumplirse , se aplicarían multas a la institución responsable, así como procesos administrativos y hasta la destitución del funcionario responsable.. “Vamos a seguir el caso hasta que se cumpla esta sentencia. Nuestro pedido es que se realicen exámenes toxicológicos a toda la población afectada para que se determine los niveles de metales pesados que puedan presentar en su organismo y de acuerdo a ello se establezcan las medidas de atención”.

Hasta ahora, indica Ruiz Molleda, el Ministerio de Salud solo ha brindado atención general que no corresponde a los casos de afectación por hidrocarburos. Esto quedó demostrado en el informe que presentó el sector salud para su defensa cuando se le exigió que cumpla la sentencia anterior.

En el documento enviado por el Ministerio de Salud a la Corte Superior de Justicia de Loreto, a la que tuvo acceso Mongabay Latam, se da cuenta de la atención que ha brindado este organismo estatal en las comunidades mencionadas y que corresponden a consultas médicas, obstétricas, odontológicas, sicológicas, entre otras.

“El Ministerio de Salud argumentó que había cumplido con la sentencia, pero en realidad no ofreció la atención que se requería. Solamente realizó las visitas de siempre a las comunidades, como lo hacía antes del derrame, con servicios generales, pero nunca hubo atención especializada de manera continua, que es lo que necesitamos”, refiere Trujillo, líder de la comunidad.

El juez confirma las quejas de los dirigentes indígenas y ha declarado que las medidas emprendidas por las autoridades de salud han sido insuficientes.

En el fallo también se ordena realizar monitoreos constantes de los estándares de calidad del agua y que se elabore un programa de salubridad para la población, en especial para los niños y niñas, madres gestantes y adultos mayores. Un reclamo que vienen haciendo las comunidades desde que ocurrió el derrame.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Salud que se pronuncie sobre las medidas inmediatas que deberá iniciar para cumplir con la sentencia. Pese a indicar que responderían la consulta, hasta el cierre de esta edición no respondieron a la solicitud.

Lee más | Ecuador: waoranis del Pastaza participan en ‘tour tóxico’ para conocer impacto petrolero

Los efectos del derrame

Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fepucum), quien además es promotor de salud, señala que  los problemas de salud se agravan en las comunidades desde que ocurrió el derrame de petróleo. “Son cuatro años con problemas de salud en Cuninico. Las personas tienen manchas en la piel, alergias, problemas con la vista. enfermedades que antes no veíamos. El derrame afectó las cochas y las quebradas, y el pescado que consumíamos quedó contaminado. Antes vendíamos pescado, ahora tenemos que comprarlo en la ciudad y muchas personas solo se alimentan con atún”.

Los niveles de contaminación por metales pesados en las personas luego del derrame fueron confirmados por las pruebas realizadas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y por la Dirección Regional de Salud de Loreto. Los exámenes se realizaron en el 2016 a un grupo de 129 personas de las comunidades de Cuninico y San Pedro, a quienes se les tomó muestras de sangre y orina para analizar la cantida de plomo , arsénico, cadmio y mercurio en sus organismos.

Los resultados presentados en el informe Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro demostraron que la mitad  (50.54%) de la población evaluada presentaba valores de mercurio por encima de lo permitido de acuerdo a los estándares nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el 16.81% tenía cadmio en su organismo por encima del rango de referencia.

El pedido ahora, es que la evaluación se realice a toda la población de las cuatro comunidades y que se tomen las medidas adecuadas para atender a quienes resulten afectados con niveles altos de metales pesados.

Galo Vásquez explica que en el módulo de salud que se implementó en Cuninico no cuentan con medicinas, solamente algunos insumos para atención de primeros auxilios. Tampoco hay personal médico permanente y solo reciben la visita de brigadas de salud cada 15 días o una vez al mes.

En el año 2017, Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación, a través de entrevistas, en siete comunidades de la Amazonía, una de ellas Cuninico, para comprobar los problemas de crisis de salud que enfrentan debido a la contaminación de agua y falta de una adecuada respuesta del Estado.

De acuerdo con este estudio, quienes viven en Cuninico manifestaron que “desde junio de 2014 empezaron a sentir mal sabor del agua que bebían del río y de los alimentos que preparaban con ella; y que hace aproximadamente tres años, empezaron a sufrir nuevas y más agudas afectaciones de salud”. Según las entrevistadas, problemas como calambres, cólicos estomacales, dolor en el vientre, ardor al orinar, alergias, manchas en la piel acompañadas de comezón y abortos espontáneos se estaban presentando entre la población. Asimismo, algunas mujeres reportaron que sus hijos habían tenido fiebre, y que observan que en el colegio su rendimiento académico había disminuido notablemente.

En cuanto a la exposición a metales pesados, en el informe se menciona los daños que causan a la salud de las personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el plomo afecta los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal, y los niños son particularmente vulnerables a estos efectos. El cadmio, en tanto, tiene efectos tóxicos en el riñón y en los sistemas óseo y respiratorio, y está clasificado como carcinógeno para el ser humano.

De igual forma, el arsénico y el mercurio afectan causan efectos nocivos. En el primer caso, los efectos del arsénico pueden tardar años en aparecer, produciendo lesiones cutáneas, síntomas gastrointestinales y problemas renales, entre otros; mientras que el mercurio supone una amenaza especial para el desarrollo del feto en el útero y en las primeras etapas de la vida. Muchas de estos síntomas o afecciones han sido descritos por los pobladores de Cuninico en el informe de Amnistía Internacional.

Lee más | México: gasoducto de Sonora divide a comunidades yaqui y desata ola de violencia

Vigilancia para la sentencia

Carmen Arévalo, directora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Loreto, señaló que es clave mantenerse alerta para que se cumpla la sentencia.  “Corresponde hacer vigilancia del cumplimiento de la sentencia, puesto que las instituciones responsables deben resarcir los derechos afectados. Desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza vamos a exhortar a todas las instituciones involucradas a que acaten las medidas impuestas por la justicia”.

“Se trata de una sentencia en última instancia”, dice Ruiz Molleda, abogado del IDL, con respecto a la resolución emitida el último 18 de mayo. Este fallo –continúa el abogado– marca una pauta, puesto que lo mismo se debe aplicar en cualquier situación que ocurra un derrame de petróleo. También se aplica a todos los procesos relacionados con metales pesados como son en los casos de Espinar y Pasco, entre otros.” Hay que pelear para que nos engañen, para que no intenten hacer pasar una cosa por otra, como lo han hecho hasta ahora”, puntualizó.

Imagen principal: Silviu Dimiutrache / Instituto Chaikuni

OTRAS HISTORIAS DE MONGABAY LATAM QUE TE PUEDEN INTERESAR:

La deforestación en Colombia tiene en peligro de extinción al mono tití del Caquetá. Críticamente amenazado. Descubierto en el 2010, el mono tití del Caquetá se enfrenta a la extinción por la pérdida de la pequeña zona del bosque amazónico que habita, provocada por mafias que acaparan tierras para la ganadería. Lee la historia aquí.

Los incendios provocados por sequías se intensifican en la Amazonía. Una nueva investigación vincula el incremento de los incendios no solo a la deforestación, sino también a las intensas sequías, provocadas por el fenómeno El Niño y otros ciclos oceánicos y atmosféricos. Lee la historia aquí.

La selva en Colombia después del conflicto con las Farc. Durante años las FARC permitieron la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal en los territorios que controlaban, pero al mismo tiempo les interesaba preservar los bosques para refugiarse en la selva. Ahora, tras el final del conflicto, la deforestación avanza en los territorios antes ocupados por la guerrilla. Lee la historia aquí.