(Mongabay Latam / Vanessa Romo). Hay lugares que se mantienen mejor en nuestra memoria. Es lo que suele repetir David Araníbar, jefe del Parque Nacional Bahuaja Sonene, cuando piensa en Alto Inambari, un distrito que queda a siete horas de la ciudad de Puno, en Sandia.  Araníbar creció en esa parte de la selva puneña y aún recuerda cómo veía a los bagres, a esos gigantes de agua dulce, bajando a grandes velocidades por el río Inambari y a las nutrias saliendo por las cuencas pequeñas para atraparlos, alimentarse y jugar. Han pasado muchos años desde la última vez que vio una nutria en la zona. Las orillas del Inambari, la ruta más usada por esta especie, ahora están ocupadas por rumas de arena, ruidosas retroexcavadoras y barriles de mercurio, un panorama transformado por la minería ilegal.

Mientras la población de nutrias sigue cayendo, los puestos de venta ilegal de combustible van en ascenso, lo que facilita la actividad minera en la zona. En efecto, la fiscalía provincial especializada en Materia Ambiental de Puno identificó, en una inspección realizada a fines del año pasado, 36 puntos de minería ilegal en la cuenca del río Inambari, 18 de ellos en el distrito de Alto Inambari. Gran parte de estos focos de operación ilegal están ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, a dos kilómetros del área protegida. A simple vista, el ingreso de la minería ilegal al parque parece inminente.

Llegar a Massiapo, a la capital del distrito de Alto Inambari, puede ser sencillo si se sigue la ruta desde el puente San José hasta Pampa Yanamayo, siguiendo un camino paralelo al lecho del río. Este trayecto puede tardar 30 minutos. Pero si se decide hacer el viaje desde Juliaca, provincia de Puno, el recorrido además de tomar varias horas puede ser bastante peligroso. Esto lo confirmó el fiscal especializado en Materia Ambiental de Puno, Óscar Jiménez, cuando en la última visita que realizaron en noviembre pasado, con algunos guardaparques y la policía, fueron seguidos durante un tramo por dos camionetas, que se ubicaron delante y detrás del vehículo que los trasladaba. Cuando los autos fueron intervenidos, los tripulantes se identificaron como pobladores de la zona.

Desde el puente San José se abren dos caminos: el que conduce a Putina Punco, donde Mongabay Latam relató cómo el narcotráfico ha invadido la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene y ha logrado ingresar incluso al parque; y un segundo camino que va hasta Alto Inambari. Seguiremos para este reportaje la segunda ruta.

Conforme se avanza hacia Massiapo, es posible ver pequeños asentamientos y microcampamentos de minería montados en las orillas del río Inambari. No todas las instalaciones tienen personas operando en ellas, porque la modalidad consiste en excavar el río, desviar el cauce de este y luego trabajar en la nueva porción de tierra conseguida, allí es donde se vierte mercurio al agua.

“Con dos fiscales para atender todos los delitos ambientales de Puno es difícil hacer grandes seguimientos”.

Ingresar y fotografiar estos espacios no es sencillo. Los pobladores detectan de inmediato a quienes no pertenecen a la zona. Pero hemos logrado llegar a un punto desde el que es posible ver cómo la maquinaría ha ido devorando parte de la montaña.

El fiscal Óscar Jiménez explica que en este sector los mineros ilegales empiezan por remover la arena, luego extraen el oro y después abandonan el área para repetir el mismo proceso en otro punto. Pese a que se han realizado numerosas interdicciones entre el 2015 y 2016, lo que permitió la destrucción de 50 maquinarias, sostiene que no se ha podido concretar una denuncia formal contra personas particulares. “Con dos fiscales para atender todos los delitos ambientales de Puno es difícil hacer grandes seguimientos”, dice Jiménez.

 “Antes había una cumbre ahí”, dice Carlos, un poblador que se acerca mientras nos detenemos a observar el paisaje de destrucción frente al sector Pampa Yanamayo. Al frente se ubica la zona de amortiguamiento del parque Bahuaja Sonene, por lo que lo dice con un poco de cautela y sigue su camino. Esa cumbre ahora es una meseta arenosa, sin vegetación, donde las retroexcavadoras han ocupado el lugar que le pertenecía a la fauna de la zona.

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¿El negocio del combustible?

Desde la parte alta de Massiapo, el paisaje se ve salpicado por maquinaria pesada y grifos legales e ilegales. La economía de esta localidad ha cambiado drásticamente desde la llegada de la minería.

Mongabay Latam tuvo acceso a un informe de la mesa técnica de minería de la Comisión Ambiental Regional de Puno que confirma que el combustible ilegal es traído desde Juliaca. Como se señala en el documento, esta ruta empieza en “la ciudad de Juliaca” y pasa por los distritos de ”Ananea, Oriental, Sandia, Masiapo y la punta de la carretera Pampa Yanamayo”. Según pobladores de Massiapo y la fiscalía especializada en materia ambiental de Puno, en el el 2012 aparecieron decenas de grifos ilegales, sobre todo en Massiapo.  

A este ritmo de crecimiento acelerado se ha sumado ahora la venta legal de combustible. El año pasado, cinco cadenas de grifos conocidas entraron a operar a Massiapo, entre ellas una sucursal de Pecsa y otra de Primax. Es inevitable preguntarse: ¿Por qué existen tantos grifos en una localidad que no supera las 2000 personas? La comisión regional está analizando ahora si la minería ilegal es el principal motivo de este súbito incremento.

Un detalle que menciona el informe de la Comisión Ambiental Regional de Puno es que existen puestos de control del Estado en la ruta por la que transita el combustible ilegal y que el problema podría frenarse con las labores de fiscalización. Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), señaló en una entrevista con Mongabay Latam, que en esta zona debería haber un control similar al de Puerto Maldonado (Madre de Dios). “Las autoridades conocen de este ingreso, pero no se ha trabajado para que haya un puesto de control”, comenta.

Gamboa se refiere al puesto de control que desde el 2012 existe en Madre de Dios para fiscalizar que no ingresen insumos utilizados por la minería ilegal. Entre ellos el  combustible. Esta es una de las razones por las que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) suspendió por tres años la inscripción de nuevos grifos y el aumento de la capacidad de estos en todo el departamento de Madre de Dios, además de los distritos de Camanti (Cusco) y San Gabán (Puno), localidades colindantes a la zona minera.

Este combustible, legal e ilegal, abastece a los campamentos de mineros ilegales asentados a lo largo de 40 kilómetros, desde el puente San José hasta el sector de Santa Rosa Mayuhuanto, donde empieza la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene. A lo largo de este trayecto se puede observar cómo la minería ilegal ha ido copando ambas laderas del río Inambari y cómo vierte sin ningún reparo mercurio en sus aguas

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Minería en ascenso

La minería siempre existió en la Amazonía puneña. De acuerdo con el Sernanp, la minería artesanal se concentraba sobre todo en Carabaya y Sandia, provincias que hoy forman parte de la zona de amortiguamiento e incluso del parque Bahuaja Sonene. Sin embargo, en el 2005, la ampliación de las vías hacia la selva y, en el 2010, la construcción de la carretera Interocéanica Sur, cambiaron el panorama. Con la conexión vial llegó también la ilegalidad, se facilitó el ingreso de maquinaria pesada, las dragas permitieron que la minería escalara y empezaron a identificarse alteraciones en los ríos, y en la fauna y flora de la zona.

Pero no solo fueron las carreteras, las autoridades sostienen que uno de los detonadores de la minería ilegal en el Alto Inambari fue una vez más el fenómeno conocido como “efecto globo”. Si presionas en un lado, el problema se manifiesta en otro. Con las interdicciones contra la minería ilegal en Madre de Dios —operativos policiales realizados entre el 2009 y 2012 para destruir el material usado por esta actividad ilícita-  se provocó el desplazamiento de la población minera hacia zonas como Quincemil en Cusco, y San Gabán y Alto Inambari en Puno, explicó a Mongabay Latam el coronel César Sierra, último Alto Comisionado en asuntos de formalización minera, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental.

El fiscal Jiménez agregó que también se ha identificado que en Alto Inambari hay mineros que salieron del distrito de Ananea, ubicado en la zona altiplánica de Puno, donde también se ejecutaron interdicciones y donde la minería ilegal de socavón continúa.

En el Inambari se realiza minería aluvial, aquella que remueve el lecho del río para encontrar el “preciado” oro. David Araníbar, jefe del parque Bahuaja Sonene, comenta que esta acción produce deslizamientos de tierra y cuando se realiza en las orillas del río Inambari, puede llegar incluso a desviar el cauce natural. Él agrega que el problema se repite en todo el recorrido del río Inambari, el cual es el límite natural de la zona de amortiguamiento del Bahuaja.

Según la estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas, elaborada por el Sernanp, desde el 2015 se registra este delito en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, una actividad ilícita que ha crecido a la par con las interdicciones realizadas en la Reserva Nacional Tambopata, área protegida que colinda con el Bahuaja, ubicada en Madre de Dios.

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¿Zona libre de minería?

La ilegalidad no es la única amenaza que pone en peligro el parque. Según información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), hay 171 petitorios mineros que de aprobarse podrían también generar un impacto en la zona de amortiguamiento del área protegida, según el Sernanp.

Por eso, la mesa técnica de minería de la Comisión Ambiental Regional de Puno evalúa declarar área de exclusión minera a esta zona de protección del parque, teniendo en cuenta que se busca conservar dos ecosistemas vulnerables: los bosques húmedos de la Amazonía sur occidental y la yunga boliviana. En esta mesa técnica, que lidera la Gerencia Regional de Gestión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puno, hay representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el Ingemmet, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Sernanp, entre otras entidades.

El fiscal Jiménez afirma que esto se concretaría con una ordenanza del Gobierno Regional de Puno. Actualmente, solo la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata cuenta con esta norma desde el 2010 y esta tiene el peso de un decreto de urgencia del Ejecutivo.

En una de las calles de Massiapo, casi terminando el recorrido y antes de emprender el regreso a Sandia, un montículo de arena complica el paso hacia el camino de salida. Un grupo de niños la han invadido como campo de juego. Todos llevan en la mano una retroexcavadora o un cargador frontal en miniatura, lo llenan de tierra, la arrojan y repiten el acto. Entre risas, así como jugando, se gesta una nueva generación que empieza a reproducir la actividad que los rodea.

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