(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La Reserva Comunal Yanesha, en la región Pasco, fue la primera en firmar un contrato con el estado peruano que le permitió la administración de los recursos de su territorio de manera compartida. En ese momento, en el año 2006, se trataba de un modelo innovador puesto que por primera vez se pactaba con las propias comunidades indígenas cómo manejar su territorio.

Ahora, 12 años después, nueve de las 10 reservas comunales que tiene el Perú cuentan con un contrato de administración para gestionar su territorio de manera compartida entre el Estado peruano, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La última en concretar este modelo de gestión ha sido la Reserva Comunal Airo Pai, de la región Loreto.

Según la la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las reservas comunales son áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, cuyo uso y comercialización de sus recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios.

Estas zonas reservadas, además, se gestionan bajo un régimen especial aprobado por el gobierno peruano en el año 2005, que las considera como áreas de uso directo, en las que se permite el aprovechamiento o extracción de recursos por parte, principalmente, de las poblaciones locales.

En cuanto a cómo se define la creación de una reserva comunal, Marco Arenas, responsable de Gestión Participativa del Sernanp explica que “todas las áreas reservadas se crean porque conservan una muestra biológica representativa del país, son en sí una joya biológica; pero, además de ello, en el caso de las reservas comunales, éstas nacen, sobre todo, para el beneficio de las comunidades”.

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Responsabilidad compartida

Fermin Chimatani, presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales del Perú (Anecap) cuenta que las reservas comunales nacieron por impulso de los propios pueblos indígenas. Ante la presión de la minería, la tala y otras actividades extractivas que se desarrollaban dentro de sus territorios ancestrales, ellos optaron por pedir al gobierno que se creen estos espacios reservados en los que podían aprovechar directamente los recursos que ofrece el bosque y al mismo tiempo aportar a su conservación.

“En aquella época negociamos con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) para que se creen las reservas comunales y luego para conseguir la administración conjunta de manera indefinida. La primera reserva comunal en crearse fue Yanesha (1988) que se convirtió en un referente para que los demás pueblos apuesten por esta figura”.

Chimatana explica también que para la administración compartida, cada reserva comunal debe establecer una figura técnica y legal denominada “Ejecutor de Contrato de Administración (ECA)”, que se encarga de la gestión del área protegida y que representa a todas las comunidades socias de la reserva.

“No ha sido fácil, pues sectores como los mineros y madereros estaban en contra de la creación de las reservas. Pero, finalmente, con el apoyo de las organizaciones indígenas, hicimos prevalecer nuestros derechos”. Chimatana también destaca la construcción de un modelo de cogestión y de gobernanza con el Estado.

Chimatani considera que en esta sociedad entre el Estado peruano y las comunidades indígenas se deben dar condiciones de igualdad. “Los funcionarios de Sernanp han entendido esto y nos hemos sentado a dialogar en igualdad de condiciones sobre cómo queremos construir la administración de nuestras reservas comunales. La agenda no tiene que ser impuesta por Sernanp sino por ambas partes, como socios, porque administramos este modelo de igual a igual, con un trabajo conjunto y complementario”, precisa.

Para el presidente de la asociación que reúne a las reservas comunales, este modelo de cogestión les permite trabajar con diferentes niveles de gobierno, aunque eso signifique afrontar nuevos retos. “El Estado nos decía que una vez firmado el contrato teníamos que ver cómo asumimos las cláusulas”, explica y agrega que cuando aún no tenían proyectos tuvieron que encontrar aliados en las organizaciones indígenas y otras instituciones hasta ganar experiencia para concretar sus propios proyectos.

En los contratos de administración, tanto el Estado, a través del Sernanp, como el ente ejecutor que representa a la reserva comunal, se comprometen a llevar adelante un manejo participativo del área sobre la base de la cogestión y el desarrollo sostenible que garantice la conservación del territorio categorizado como reserva comunal.

Las responsabilidades son de ambos lados. El Sernanp se encarga de supervisar de manera permanente el manejo de la reserva mediante un proceso de fortalecimiento de sus capacidades para el desarrollo de sus herramientas de gestión y la búsqueda de financiamiento, entre otros compromisos.

El ECA de la reserva comunal se compromete a desarrollar sus herramientas de gestión como su Plan Operativo Anual y su Programa de Actividades Económicas Sostenibles (PAES), entre otros. Además, debe organizar su función económica, científica y social, así como buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de las actividades productivas, entre otras cosas.

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Una historia de cogestión

Aero Pai y Huimeki han sido las últimas reservas comunales en ser reconocidas, ambas en octubre del 2012. Las otras ocho, Yanesha, El Sira, Amarakaeri, Ashaninka, Machiguenga, Purús, Tuntanain y Chayu Nain fueron reconocidas entre 1988 y 2009. Marco Arenas, del Sernanp, señala que solo está pendiente firmar el contrato con la Reserva Comunal Huimeki, con la que se espera terminar el proceso este año.

“Para llegar a la firma del contrato de administración es necesario que la organización indígena se consolide puesto que el convenio que se firma es a plazo indeterminado, es decir que no hay vuelta atrás, y una vez comprometidos les toca asumir responsabilidades, primero dentro de sus comunidades y luego con nosotros”, sostiene Arenas.

El funcionario de Sernanp agrega que para consolidar este modelo de intervención de desarrollo que involucra a las comunidades se busca que otras organizaciones e instituciones inviertan también en el proyecto. “Como Sernanp tratamos de que las comunidades puedan acceder a los fondos de los municipios, de instituciones públicas como el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente y de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina –CAF”.

De acuerdo con el Sernanp las diez reservas comunales involucran a 204 comunidades nativas en un territorio de aproximadamente dos millones de hectáreas de bosques.

Imagen principal: Sernanp

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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