(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La sorpresiva renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú forzó la salida inmediata de sus ministros y la elección de un nuevo gabinete ministerial. Los ojos de expertos y conservacionistas se dirigieron al sector Ambiente y a su nueva ministra Fabiola Muñoz, exdirectora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La expectativa sobre el rumbo de su gestión es grande, pues los especialistas coinciden que en los 20 meses pasados, el sector se vio seriamente debilitado y perdió protagonismo ante otras actividades productivas.

Aunque el Perú es considerado uno de los países más megadiversos del mundo, la minería ilegal, la deforestación, los conflictos socioambientales, la especulación de tierras y la relación con los pueblos indígenas y sus territorios son temas espinosos. ¿Qué problemas están esperando con urgencia la atención de la nueva ministra? ¿Cuáles serán sus primeras decisiones?

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¿Quién liderará la lucha contra la deforestación?

De acuerdo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, la deforestación en Perú fue de 143 425 hectáreas de bosque natural durante 2017. “En realidad, la deforestación en Perú bordea las 170 mil hectáreas”, explica el director ejecutivo de DAR, quien considera que las actividades ilegales para extraer madera continuarán pues no existen controles desde el Estado.

Para Ernesto Ráez, en el Perú se desarrolla una deforestación principalmente amazónica que, para ser detenida, depende de una fortísima coordinación entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura “porque son las actividades agrarias las principales generadoras de la pérdida de bosques amazónicos”. Este trabajo, agrega, también debe incluir al Ministerio de Energía y Minas, no solo porque la minería ilegal es otra causa de deforestación sino también por los pasivos ambientales de este sector. “Dos tercios de los pasivos ambientales, que son como 8000, están en ocho cuencas y seis discurren hacia la Amazonia. Es un caño abierto de metales pesados”, puntualiza.

Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, recuerda además que el Perú ha suscrito compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, que compromete al país a reducir la deforestación. “La disminución de la deforestación es una obligación asumida a nivel global y el reto es que el Ministerio del Ambiente logre que el Ministerio de Agricultura se comprometa y trabaje de manera coordinada con los gobiernos regionales en la reducción de la pérdida de bosques. Por tratarse de un tema ambiental, el Minam debe liderar el proceso en coordinación con el Minagri. La defensa del ambiente implica que el Minam tenga voz contundente y consiga que los otros ministerios estén comprometidos”, señala Abanto.

Sin embargo, el liderazgo de la lucha contra la deforestación no recae, al menos hoy, en el Ministerio del Ambiente. En agosto de 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, cuya secretaría técnica estaba a cargo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) —dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros— se trasladó al Ministerio de Agricultura y Riego, el sector que también autoriza el cambio de uso de suelo en los bosques.

La representante de la Defensoría del Pueblo también menciona que para frenar la deforestación de la Amazonía, además de luchar contra la tala ilegal, es necesario enfrentar el tráfico de tierras, una actividad ilegal asociada con la pérdida de bosques. La violencia vista en las invasiones al Área de Conservación Privada Chaparrí en Lambayeque y en Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, por citar solo dos ejemplos, demuestran cómo el tráfico de tierras es una amenaza latente para los bosques en Perú. “Cuando hablamos de deforestación, hablamos de actividades ilegales: tráfico de tierras, minería ilegal, tala ilegal, que atentan contra los bosques y, frente a estas actividades ilegales, debemos contar con un ministerio que tenga liderazgo”, dice.

Sin embargo, el control del tráfico de madera no ha sido alentador hasta el momento. Una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency – EIA) publicada a inicios de este año bajo el título El momento de la verdad: oportunidad o amenaza para la Amazonía peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal, demostró que un alto porcentaje de la madera que sale del Perú continúa siendo ilegal. El informe revelaba que no existen sistemas adecuados para trazar el camino de la madera desde su origen, puesto que los inventarios contienen información falsa o engañosa. Además, desde el año 2016, se han eliminado datos básicos y clave en las actas de inspección.

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¿Cuál será el rol del Minam en la lucha contra la minería ilegal?

Madre de Dios es quizá el ejemplo más triste de lo que está ocasionando la minería ilegal en la Amazonía. “Es una de las zonas más biodiversas del planeta y hasta los años 90 fue la región mejor preservada de la Amazonía peruana, pero el alza sin precedentes del precio internacional del oro durante la década pasada originó una tercera fiebre extractiva de este metal precioso que terminó afectando gravemente al bosque amazónico”, se lee en el especial Minería y fiebre de oro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

La Pampa es el lugar más golpeado por la minería en esta región y sus niveles de deforestación superan las 400 hectáreas por año, según un reporte de MAAP del 2017. “La minería ilegal es una amenaza constante para el país debido a un conjunto de normas que no contribuyen a enfrentar el problema” asegura el exviceministro de Gestión Ambiental. Castro se refiere al paquete legislativo aprobado por las gestión de PPK, que abrió nuevamente la inscripción de mineros informales, plazo que se había cerrado en el 2014. Esta decisión le dio tres años más de carta libre a los mineros ilegales.

Por otro lado, la nueva norma también le dio mayor poder a los gobiernos regionales para autorizar el inicio o reinicio de operaciones o, lo que es más grave, autorizó a la pequeña minería y a la minería artesanal a utilizar maquinaría como cargadores frontales o retroexcavadoras.

Aunque la ministra del Ambiente en ese momento dijo que no se había flexibilizado la formalización de la minería artesanal ni el control de la minería ilegal, voces de distintos especialistas calificaron las nuevas normas como peligrosas.

Para Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo, es importante que el Ministerio del Ambiente tenga una voz contundente y lidere la lucha contra la minería ilegal. “Si bien el tema de bosques corresponde a Agricultura y el de minería al Ministerio de Energía y Minas, al Minam le corresponde lograr que los otros ministerios estén comprometidos y no bajen la guardia en su lucha contra la minería ilegal. En ese escenario de amenaza de actividades ilegales es inaudito que tengamos autoridad con perfil bajo”.

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¿Cómo manejar los derrames de petróleo?

En diciembre de 2017, la empresa estatal Petroperú fue sancionada con más de 49 millones de soles por dos derrames de petróleo ocurridos el 25 de enero y el 2 de febrero del 2016 en el Oleoducto Norperuano. Para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Petroperú no dio adecuado mantenimiento al Oleoducto Norperuano (ONP) y no siguió los procedimientos para controlar los derrames.

Durante el 2016, se registraron alrededor de 13 derrames en la Amazonía y se declaró emergencia ambiental en distintas comunidades indígenas que se vieron perjudicadas seriamente ante estos eventos. Una comisión investigadora del congreso determinó que en los últimos 9 años, se derramaron alrededor de 25 000 barriles de petróleo, es decir, alrededor de 4 millones de litros de crudo vertidos en la Amazonía. Lo que es peor, el informe señala que la empresa petrolera propició la contratación de empresas sin experiencia para las necesarias y delicadas remediaciones ambientales.

Pese a lo indicado por OEFA y por el Congreso de la República, Petroperú ha insistido en afirmar que los derrames de petróleo se deben, en su mayoría, a daños en la infraestructura causados por terceros, una versión repetida también por la ministra del Ambiente anterior.

Al respecto, el exviceministro Castro señala que lo que en realidad existe es una carencia de control sobre los derrames de petróleo y una falta de seguimiento a lo que sucede en la Amazonía. Lo más preocupante, además, es que tampoco se reparan los daños de manera adecuada cuando se vierte el petróleo.

La extracción de hidrocarburos en el mar es otro tema álgido en la agenda ambiental. Sobre todo debido a la reciente y sorpresiva adjudicación de cinco lotes petroleros en el mar del norte del Perú.

Especialistas en temas marinos coinciden en que la explotación petrolera es un serio riesgo para la biodiversidad marina, principalmente en las zonas concesionadas. Por otro lado, hasta hace dos meses, existía un proyecto del sector ambiental para la creación del área reservada Mar Pacífico Tropical también en la costa norte peruana, propuesta que ha sido descartada. La institución a cargo ha mencionado que el objetivo de crear un área protegida en esa zona —que acoge también concesiones petroleras— se mantiene.

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“Para la explotación de hidrocarburos en zona costera y marina se exige poca información en los estudios de impacto ambiental, y si no se cuenta con datos se genera mayor impacto negativo”, refiere Cesar Gamboa, de la organización DAR, y lamenta que no se demande el uso de mejor tecnología para reducir los efectos ambientales en las actividades extractivas de hidrocarburos.

Con relación a la reciente adjudicación de los lotes en el mar peruano, la especialista de la Defensoría del Pueblo señala que existe preocupación de la población local y de asociaciones de pescadores, por ello, considera que el Ministerio de Energía y Minas y las unidades que ven prevención de conflictos deben monitorear este caso para establecer las medidas de prevención y diálogo efectivas con la población. “Los temas ambientales no son solo del Ministerio del Ambiente y ahí radica la complejidad del sector, es una responsabilidad transversal a varios ministerios”, señala.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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