(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).-  Una ceremonia de pago a la tierra marcó el inicio del Foro de los Pueblos Indígenas, un espacio de encuentro para representantes de los pueblos originarios de los países de América Latina que se realiza previo a la VIII Cumbre de las Américas.

Representantes de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Panamá y otros países latinoamericanos se reunieron en Lima para debatir sobre la situación que enfrentan los pueblos originarios en temas como territorio, seguridad jurídica indígena, consulta previa ante proyectos de infraestructura, economía indígena y situación de quienes viven bajo amenaza por defender a la naturaleza.

En la inauguración, el martes 10 de abril, el primer ministro peruano, César Villanueva dijo que “no puede haber democracia si no participamos todos, con los mismos derechos, con la presencia visible y activa de todos los pueblos indígenas de América. Y eso, se tiene que transformar en políticas”.

Como resultado de todo un día de debates, se presentó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento que contiene las principales demandas de los pueblos originarios y que está dirigido a los jefes de estado que participarán en la Cumbre de las Américas que se realizará los días 13 y 14 de abril.

En el documento figuran el pedido para garantizar los derechos territoriales a través del reconocimiento y titulación de los mismos, así como el cese de las políticas que autorizan los proyectos de inversión de actividades extractivas en tierras indígenas.

Un tema central en la declaración corresponde a la corrupción que facilita el tráfico y el despojo de los territorios indígenas. Al respecto, Romel González, coordinador general de la Coalición Abya Yala —nombre con el que se conoce al continente americano— señala cómo llega hasta ellos la corrupción.“Los partidos políticos te ofrecen unirte a ellos a cambio de prebendas, las empresas te dicen que quieren establecer su proyecto a cambio de cuentas de ‘fantasía’ para quitarnos nuestro territorio y luego presentarnos como culpables. Las primeras en corromper son las empresas y los gobiernos están con ellas”, dice y asegura que para enfrentar este problema es importante que se respete la libre determinación de los pueblos, de tal forma que sean ellos los que decidan qué hacer con sus territorios.

González, quien también es miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, de México, sostiene que es el sistema jurídico latinoamericano el que facilita el ingreso de los proyectos privados de extracción de recursos en los territorios indígenas. “Si nos quedamos sin recursos nos quedamos sin tierras”, dijo.

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Audiencia pública peruana

Otro pronunciamiento de los pueblos indígenas, esta vez realizado solo por representantes de comunidades indígenas de Perú, también se entregará en la Cumbre de las Américas.

En una audiencia pública realizada en el Congreso peruano, se presentaron demandas específicas al estado peruano, como garantizar una efectiva participación política de los pueblos indígenas en los asuntos públicos y priorizar los procedimientos de titulación colectiva.

También se pidió la suspensión de la construcción de los proyectos de inversión para la construcción de carreteras en la Amazonía, obras de infraestructura, o concesiones de proyectos extractivos que afecten los territorios indígenas y pongan en peligro a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), así como el establecimiento de mecanismos para una correcta rendición de cuentas de los proyectos de inversión sobre los territorios indígenas.

Durante el debate, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se refirió a los grandes proyectos como una amenaza a los territorios indígenas.

Un ejemplo de esta situación lo dio Hermógenes Tantarico, presidente de la comunidad campesina de Cañaris. Él explicó que en el territorio de su comunidad se han entregado 18 concesiones mineras y reclamó porque el 96 por ciento de sus tierras están concesionadas. Igualmente, Jeremías Petsein, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), lamentó que “el total de nuestros territorios estén concesionados a empresas petroleras y sin consulta previa”.

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En la audiencia se discutieron casos emblemáticos de pérdida de territorio y tráfico de tierras como el que se produjo en Santa Clara de Uchunya en Ucayali. También se expusieron casos de comunidades que pese a haber recibido sentencias favorables aún no han podido hacerla efectiva. Este es lo que vienen sucediendo en Tres Islas, Madre de Dios, una comunidad que se enfrenta a taladores ilegales.

La congresista Tania Pariona, de la bancada Nuevo Perú y que impulsó esta audiencia pública, manifestó que “la democracia no puede existir sin participación efectiva de los pueblos originarios y que sus pedidos deben tomarse en cuenta para transformarse en políticas públicas. El tema indígena debe cruzar transversalmente todas las acciones del Estado”.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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