(Mongabay Latam / Alexa Vélez Zuazo e Yvette Sierra Praeli).- En el Perú, los delitos ambientales se multiplican en todas las regiones. Madre de Dios, la región más afectada por la minería ilegal, ha perdido en el último año, alrededor de 1300 hectáreas de bosques solo por esta actividad y, actualmente, lidera el ranking de las regiones con más delitos ambientales en el país, con por lo menos 3000 denuncias, de acuerdo con la Procuraduría Especializada del Medio Ambiente.

Por otro lado, Ucayali y Lambayeque son dos regiones amenazadas permanentemente por traficantes de terrenos, que no solo arrasan con inmensas extensiones de bosques primarios, sino que ya han cobrado las vidas de quienes intentaron enfrentarlos.

Hace unas semanas, el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, fue amenazado de muerte el mismo día que se hizo presente en Chaparrí, un área de conservación privada cercada por traficantes de tierras que mantienen en vilo a los comuneros y a los defensores de sus bosques.

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Para la máxima autoridad del sistema judicial peruano, esta amenaza es un claro ejemplo de que el tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado y que el Estado debe reaccionar con fuerza, pues de lo contrario, corre el peligro de dejarse avasallar.

Mongabay Latam: Luego de su visita a Chaparrí usted fue amenazado ¿Cree que esta amenaza a la máxima autoridad del Poder Judicial significa que estamos ante un problema de tráfico de tierras y crimen organizado que se está saliendo de las manos del Estado?

Duberlí Rodríguez: El tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado. El llamado boom de la construcción no solo ocurre en el medio urbano, también está en el medio rural y el problema es que, ahora, el precio de los terrenos ha aumentado inmensamente. Entonces, los delincuentes se han dado cuenta de que se trata de una mina de oro, un botín, ya sean tierras urbanas o agrícolas. En el caso del Área de Conservación Privada Chaparrí, el gobierno regional ha promovido la construcción de una represa que se llama La Montería, como parte del proyecto Olmos. Detrás de ello estaría el propio gerente del gobierno regional, el señor Francisco Gayoso, él está promoviendo el reservorio de La Montería, en el área de Chaparrí. Y si la gente sabe que habrá una irrigación los terrenos aledaños comienzan a revalorizarse. Por eso ahora en Chaparrí, en las zonas que están siendo invadidas, calculo que una hectárea cuesta cinco mil dólares, pero si se hace el reservorio, ese precio se disparará a no menos de 30 mil dólares. Si ya han invadido más de mil hectáreas, estamos hablando de 10 millones de dólares, y si se hace la irrigación serían 30 millones de dólares. Un gran atractivo para el crimen organizado.

Es mucho dinero…

Lo graves es que no se puede detectar a quienes están detrás de esto, porque se identifica, a los que compran los terrenos, a los beneficiados, que podría ser cualquier persona que quiere tener un terreno. Pero el tema es quién los vendió o quién entregó la constancia de posesión. Por ello, la policía debe hacer una labor de inteligencia, un trabajo paciente, de tal forma que en medio año se haga un megaoperativo.

¿Son personas que han obtenido certificado de posesión de manera irregular?

Algunos tienen certificado de posesión, ahí está la complicidad de la directiva actual de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Es una directiva espuria, no se eligió de manera adecuada, y ha entregado certificados de posesión. Dudo que esos documentos se entregaran de manera gratuita, creo, más bien, que la directiva de la comunidad está implicada en esta red de tráfico de tierras. Por tanto, la investigación los tiene que comprender a ellos, porque las redes se arman así, comprometen a empleados de las municipalidades, de los registros públicos, de los gobiernos regionales, para que se articulen, y pase casi inadvertido el tema. La comunidad campesina tiene 42 mil hectáreas, de las cuales 34 mil hectáreas se han asignado para el área de conservación privada y ocho mil hectáreas para los comuneros, para distribuir esas tierras entre ellos, pero no pueden meterse en el área de conservación privada de Chaparrí.

Hay una propuesta para reducir el área reservada

Lo que sucederá es que ya no respetarán esa área y querrán repartir tierras dentro del área reservada. Ese tema está en discusión.

Usted ha presentado una lista de diez personas, quienes estarían siendo investigadas como invasores del Área de Conservación Privada Chaparrí y los mencionó como responsables de cualquier incidente que pudiera sucederle a usted y su familia, pero por lo que explica, esa lista podría ser más extensa.

Pero claro, esa lista es absolutamente parcial y ahí no están los verdaderos miembros de la organización criminal. En esa lista estarían beneficiarios que han comprado terrenos, pero como ya son dueños tienen que estar como parte de toda esa red. La lista que entregué la obtuve de una carpeta fiscal que investiga delitos ecológicos y ahí figuran esas personas. Yo no he dicho que ellos sean los autores de la amenaza. Entregué esta lista al Ministro del Interior para que se advierta a estas personas que si algo me pasa, ellas podrían figurar como sospechosas. Quienes fueron a dejar la amenaza a la casa de mi hermano en Chiclayo fueron desconocidos. Mi cuñada dice que podría reconocer al que le habló, pero había dos más. El mensaje fue bastante claro: “Dígale a Valito —a mi hermano lo llaman así de cariño— que le diga a su hermano Duberlí que esto es una advertencia por el tema Chaparrí”. El mismo día que hicimos la inspección en Chaparrí, el 27 de enero, a las 9 de la noche dejaron esa amenaza.

Pero el tema de Chaparrí no es aislado, está directamente asociado con la comunidad campesina de Salas, donde ya han matado a tres personas, y una persona de la familia Carranza aparece implicada tanto en Salas como en Chaparrí. ¿Y por qué Salas? porque también sería beneficiaria con el proyecto de Olmos, que es altamente rentable. Entonces, ahora el estado o responde con fuerza o se deja avasallar.

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La amenaza de la minería ilegal

El tráfico de tierras también está afectando a la Amazonía y, además, hay minería ilegal ¿Qué puede hacer el Poder Judicial?

Los primeros días de abril instalaremos el primer juzgado especializado en materia ambiental en Puerto Maldonado. Además, como presidente de Gestión Ambiental del Poder Judicial haré una propuesta al Poder Ejecutivo, principalmente a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, para que el gobierno tome la decisión política de poner fin a la minería ilegal en Puerto Maldonado. Pero eso implica una movilización grande del aparato del estado. Llevar a la policía, a la Marina de Guerra del Perú, a los fiscales y a los jueces. Yo, por parte del Poder Judicial no tengo ningún problema de destacar a jueces los días que sean necesarios, y yo mismo puedo ir, pero tiene que haber la decisión política de incursionar ahí, de destruir las dragas, todos los insumos que usan los mineros ilegales pero, además, dejar patrullas de policías y de soldados de la marina cuidando el lugar. Nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo que tenemos para que eso se realice.

¿Se están realizado coordinaciones?

Meses atrás, antes de que venga el papa Francisco, tuvimos una reunión de alto nivel. Participaron los ministros de Justicia, del Ambiente, del Interior, el Ministerio Público y nosotros. Ahí tomamos un acuerdo de preparar un gran operativo de interdicción luego de la visita del papa, con las características que le digo. Hay que atacar ahora la zona más sensible de la minería ilegal que es puerto Maldonado. Después poner el blanco en La Rinconada, en Puno, donde hay lo mismo que en Puerto Maldonado, trata de personas, prostibares, explotación sexual, laboral. Es terrible, pero el Estado tiene que dar muestras de firmeza, de lo contrario, la delincuencia gana la batalla.

¿Puntualmente qué decisiones o acciones se necesitan desde el Estado?

Coordinar con la Fiscalía, con el Poder Judicial para hacer megaoperativos de erradicación, de interdicción de la minería ilegal en los lugares donde está avanzando. Tenemos que empezar en Puerto Maldonado y seguir con La Rinconada, en Puno, esos son los dos blancos que tenemos que atacar. Y luego ya en otros lugares que también tienen minería ilegal. El Poder Judicial tiene el compromiso, hemos promovido el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental y se lo entregamos al papa. Somos los primeros en estar comprometidos para llevar adelante la defensa del medio ambiente.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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