(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Una carta enviada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a la empresa concesionaria del proyecto Hidrovía Amazónica marcó el inicio de nuevos cuestionamientos a este megaproyecto que se ejecuta en la Amazonía peruana.

La Hidrovía Amazónica es un proyecto concesionado por el Estado Peruano y tiene como objetivo mejorar el transporte fluvial en una extensión de 2687 km en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, lo que significará el dragado de bancos de arena y otros obstáculos ubicados en esos cuerpos de agua.

La misiva enviada el 16 de enero de este año dejaba en claro que no había realizado ninguna coordinación con la concesionaria, el consorcio Hidrovía II —integrado por la empresa china Sinohydro y Construcción y Administración S.A.— ni con su consultora, ECSA Ingenieros, para iniciar el proceso de convocatoria para los talleres informativos del Plan de Participación Ciudadana (PPC) que forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La concesionaria se había adelantado a la aprobación de la entidad estatal para el inicio de esta convocatoria, puesto que el PPC aún se encontraba en evaluación.

Poco después, el 1 de febrero, el Senace emitió un pronunciamiento en el que indicaba que el Plan de Participación Ciudadana había sido aprobado oficialmente y ponía como fecha de inicio de los talleres informativos el 19 de febrero del 2018.

Pero el problema no terminó ahí. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) ha solicitado la impugnación del PPC “por considerar que vulnera, entre otros, los derechos de participación de nuestros pueblos indígenas y evidenciar la falta de transparencia y buena fe en el proceso de participación ciudadana y consulta previa, pues no incorpora en su contenido la implementación de los compromisos asumidos en el Acta de Consulta Previa, de fecha 22 de septiembre de 2015”.

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Problemas de comunicación

Francisco Rivasplata Cabrera, coordinador del programa de Derechos y Amazonía de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explicó a Mongabay Latam que la impugnación se sustenta en una serie de incumplimientos por parte de la consultora ECSA de los compromisos adoptado en la consulta previa.

Entre los acuerdos que no se están cumpliendo, según Rivasplata, figura la falta de un enfoque intercultural en los talleres informativos, en los que se incluye a todos los actores en un mismo taller, es decir, los pueblos indígenas, los armadores, las organizaciones sociales, los políticos. Para el especialista de DAR, la mejor opción es ofrecer talleres diferenciados y que a cada comunidad nativa se le presente la información en su idioma.

También se cuestiona que aún no se cuente con un mapa de comunidades nativas que resultarían afectadas por la Hidrovía Amazónica. Todo esto sumado a la convocatoria anticipada que hizo la consultora para la realización de las charlas informativas sin contar con la aprobación de Senace.

“Hay un gran desconocimiento por parte de ECSA Ingenieros de cómo se deben realizar estos talleres participativos. En las exposiciones se presentan imágenes que no corresponden a la realidad de las comunidades e incluso se presentan con intérpretes en quechua en la Amazonía, donde no se habla este idioma”, refirió Rivasplata en relación a las charlas que ya ha realizado la consultora entre el 19 y 27 de febrero, como quedó definido en el cronograma aprobado por el Senace.

Por otro lado, Rivasplata señaló que el 2 de marzo se realizó en el Senace, una audiencia sobre la impugnación y que están a la espera de la decisión que adopte el organismo estatal.

“Si el fallo es a favor de Orpio —organización indígena que presentó el pedido— todos los talleres que se han realizado hasta ahora quedarían anulados. En cambio, si el resultado favorece a la concesionaria realizaremos acciones judiciales para revertir dicho fallo. Se trata de un proceso delicado”, explicó.

En una comunicación escrita, Senace indicó a Mongabay Latam que la impugnación presentada por Orpio aún se encuentra en evaluación, por lo que no brindará comentarios hasta que se emita el pronunciamiento formal.

Agregó que se ha realizado la primera ronda de talleres de participación ciudadana que consistió en 20 talleres y que el 13 de marzo se ha presentado el levantamiento de recomendaciones al Plan de Trabajo previo al inicio del trabajo de campo.

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Contrapunto

Días antes de que se inicien los talleres informativos en la Amazonía, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también pidió al Senace que se suspendan los talleres hasta que se resuelva el recurso de impugnación presentado por Orpio.

Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, asegura que “si no se acepta la impugnación, no vamos a permitir que se avance más”.

Asegura, además, que la principal deficiencia de este proceso es la información que ofrecen, pues es demasiado técnica para que lo comprendan todos los integrantes de las comunidades indígenas.

“En un par de horas no vamos a entender todo el proceso que se viene. No se pueden seguir haciendo talleres informativos del Estudio de Impacto Ambiental sin que se realice un trabajo de socialización con las poblaciones indígenas. En una comunidad no todos estamos al mismo nivel ¿cómo hacemos la réplica si no se ha entendido todo lo que se expone?”, dice y recuerda procesos similares anteriores. “Eso ha pasado antes, es la misma historia, cumplen con lo establecido haciendo los talleres participativos. Pero no se trata de eso”.

Para el presidente de la organización indígena nacional, hay preocupación por lo que sucederá con los ríos y los beneficios concretos que el proyecto traerá a las comunidades. “Nuestros ríos van a estar administrados por foráneos, cuando somos los indígenas quienes lo hacemos mejor. Ellos pueden conocer la ciencia, pero no conocen la realidad” señala. “Tenemos muchas demandas, pero no vemos los beneficios para nosotros. No hay un estudio económico de lo que pasará con las comunidades en esos 40 años. Diariamente utilizamos el río y este será un cambio radical”.

Por su parte, voceros de la empresa consultora ECSA Ingenieros —responsable del Estudio de Impacto Ambiental— dijeron que también están a la espera del resultado del Senace sobre la impugnación.

Sobre los talleres realizados entre el 19 y 27 de febrero, manifestaron que han encontrado posiciones de todo tipo, algunas a favor y otras en contra, pero que para la empresa ha sido un proceso satisfactorio.

Cuestionaron también la falta de presencia del Estado en las comunidades indígenas y la ausencia de servicios como luz y agua, carencias que ahora demandan ser atendidas por el proyecto. “Trasladan sus pedidos al proyecto cuando eso le corresponde al Estado”, señalaron.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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