(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La fotografía de Berta Cáceres –indígena hondureña asesinada hace dos años por enfrentarse a un polémico proyecto hidroeléctrico– destacaba en la mesa de negociaciones en la que se aprobó el Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, conocido también como Principio 10.

La presencia de la imagen de la activista ambiental asesinada, un 3 de marzo de 2016, resumía uno de los aspectos más sensibles de este tratado internacional que se refiere a las medidas especiales que deberían adoptar los gobiernos para la protección de los defensores ambientales en América Latina, la región con más ambientalistas asesinados en el año 2017, según el último informe de Global Witness.

Este tratado, denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue aprobado el domingo 4 de marzo, en Costa Rica, por 24 países de Latinoamérica y El Caribe.

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Los compromisos relacionados con la protección de los defensores ambientales se exponen en el artículo 9 del también llamado Acuerdo de Escazú –por el lugar donde se realizó la reunión.

En este artículo titulado Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se precisa que cada país “garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

También indica que se tomarán las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; así como las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

Un largo camino

“Se trata de un momento histórico para América Latina y el Caribe. Los países de la región tienen la oportunidad de aprobar un acuerdo de derechos ambientales jurídicamente vinculante que no solo ayudará a prevenir y castigar los ataques contra los defensores del medio ambiente, sino que también facilitará que millones de personas accedan a información ambiental y participen en la toma de decisiones que afectan sus vidas”, señaló Carole Excell, directora de la Oficina de Democracia Ambiental en el World Resources Institute.

El proceso para llegar a este acuerdo empezó hace seis años, relató Excell a Mongabay Latam. “Hemos llegado al final de una negociación importante porque se trata de la primera vez que países en vías de desarrollo toman un acuerdo que se concentra específicamente en los derechos ambientales, la participación ciudadana y el derecho a la justicia”, agregó.

Por su parte, la chilena Andrea Sanhueza Echeverría, representante del público para el Principio 10, precisó que “este convenio cambiará las reglas del juego sobre cómo se toman las decisiones en los asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Una vez que entre en vigor la ciudadanía podrá ser parte de las decisiones sobre proyectos y políticas que los afectarán”.

En las negociaciones participan representantes de los gobiernos y de la sociedad civil, éstos últimos se denomina representantes del público.

Sanhueza destacó que se trata de un acuerdo vinculante, es decir, que los gobiernos deberán cumplirlo una vez firmado y ratificado en cada uno de sus países. “La región ya había avanzado bastante en materia de acceso a la información pública, pero en cuanto a participación ciudadana, nuestros países tienen mecanismos aún muy pobres”, explicó.

Recordó también que en el 2012 se firmó el primer documento que sentaron las bases para el acuerdo suscrito el último domingo. En ese entonces fueron 10 países los que se comprometieron en este proceso de democracia ambiental. Luego, en el 2016, empezaron las negociaciones que culminaron este fin de semana.

En cuanto a los acuerdos destinados a la protección de los defensores ambientales, Sanhueza dijo que “será el primer tratado internacional en el mundo que reconozca la situación que están viviendo estas personas y que ofrezca garantías para su mejor protección”.

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Compromiso de las naciones

Para que entre en vigor el tratado, los países que hasta ahora han formado parte de las negociaciones tienen que firmar y ratificar el tratado. Su entrada en vigencia depende de que 11 de los 24 gobiernos de las naciones que aprobaron el acuerdo lo ratifiquen en sus respectivos países.

Se espera que los países comprometidos lo firmen dentro del plazo establecido que va de setiembre de 2018 hasta setiembre de 2020. A partir de esta fecha, deberán pasar 90 días para que entre en vigor en cada nación que ratificó el acuerdo.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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