(Mongabay Latam / Vanessa Romo).- Los habitantes de la comunidad kukama de San Pedro, en la región de Loreto, viven en constante alerta, a la espera del próximo derrame de petróleo. Pueden decir sin exagerar que cada dos años se registra una nueva fuga en el Oleoducto Nor Peruano: el primero ocurrió el 16 noviembre del 2014, el siguiente el 13 noviembre del 2016 y el último incluso tomó por sorpresa a los 500 pobladores de San Pedro, y ocurrió el 28 de febrero. En los tres casos, la empresa estatal que opera esta tubería, Petroperú, ha señalado que los atentados fueron provocados por terceros.

OEFA y Osinergmin, organismos estatales a cargo de la supervisión y fiscalización ambiental de ductos respectivamente, solo han podido constatar que los dos primeros derrames fueron atentados. Sobre el tercero, ambas entidades han señalado que se están realizando las investigaciones. Sin embargo, lo que sí se sabe, es que en ninguno de los tres casos se han encontrado responsables.

“No es novedad que la empresa responsabilice a otros cuando hay derrames”, dijo Humberto Iñapi Vásquez, apu (jefe) de la comunidad de San Pedro. Para esta autoridad indígena, el problema que trae este tipo de declaraciones es que al final nadie se responsabiliza del daño ambiental ni de la salud de las personas. “Por eso ahora le hemos dicho a Petroperú que vamos a acompañar la denuncia que hagan sobre este atentado, porque a alguien le convienen estos atentados y no es a los pueblos indígenas”, agregó.

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De acuerdo con Iñapi, Petroperú está levantando la tubería para que la Fiscalía Provincial Penal de Nauta llegue a la zona e inicie las investigaciones. “Petroperú ya había iniciado las remediaciones sin conversar con la comunidad sobre las acciones que iban a realizar y sin esperar que llegue la fiscalía. Por ahora les hemos pedido que detengan las acciones, solo que pongan barreras para contener el petróleo y grapas para que no se siga derramando más crudo”, dijo el apu de San Pedro.

Al respecto, la gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart, señaló que “hubo un malentendido con la comunidad pero ya se solucionó” y agregó que “aún no se ha adjudicado el servicio de remediación. Se ha desarrollado un plan de contingencia para retener el crudo. Esta semana conoceremos quién se encargará de ese trabajo”. La funcionaria dijo también que el fiscal llegará entre hoy y mañana a la zona para inspeccionar el área dañada.

Por ahora, lo que se sabe a una semana de ocurrido el derrame en el kilómetro 20+100 del tramo 1 del Oleoducto Nor Peruano, es que se registró en el mismo kilómetro que el incidente del 2014, cuando cayeron más de 7000 barriles, más de un millón de litros de petróleo que impactaron los cuerpos de agua y el suelo. El derrame de crudo del 2014 es considerado hasta hoy el más grande de los que han afectado en los últimos años a la selva peruana.

Aunque este desastre fue catalogado como un atentado provocado por terceros, según el decreto supremo 081-2007 del Ministerio de Energía y Minas, le corresponde al operador de la tubería realizar la restauración del área dañada. Sin embargo, el área de hidrocarburos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió un informe este año en el que concluye que Petroperú no completó esta remediación. Fuentes del OEFA le confirmaron a Mongabay Latam, además, que el caso acaba de entrar al área de Fiscalización y que está pendiente determinar la sanción para la empresa petrolera estatal. Petroperú no dio su versión al respecto.

Aunque aún no se conoce cuántos litros de petróleo se derramaron en total en este último incidente, se sabe que hasta el domingo se habían recogido 1500 barriles de crudo, es decir, 240 000 litros. Giner Panduro, teniente alcalde de San Pedro, fue uno de los que llegó hasta la zona acompañando a una comisión de la comunidad para evaluar el desastre. El punto del problema, indicó, se encuentra a tres kilómetros del río Marañón, donde se ubican la mayoría de los pobladores. “Por ahora el petróleo está concentrado en 150 metros de un canal de agua por donde pasa el oleoducto”, dijo. El miedo de Panduro y de la comunidad es que la lluvia pueda arrastrar el agua hasta el Marañón. “Hemos visto algunos peces muertos en el canal, pero hay otros peces que siguen su curso hasta el río y que están contaminados”, agregó.

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Responsabilidades por determinar

Alfonso López, presidente de la asociación kukama Acodecospat, negó categóricamente que los indígenas hayan dañado la tubería. “Estamos molestos porque estos derrames son casi una rutina. ¿A quién le beneficia estos atentados? No a los indígenas. Estamos hablando de la vida de personas, de nuestro territorio, de nuestra agua y bosques. Queremos que se intervenga seriamente en este tema y se aclare de una vez por todas”, señaló a Mongabay Latam.

La acusación a las comunidades indígenas como presuntas responsables de los derrames de petróleo, ocurridos en los últimos años, fue abordada en un informe realizado por una comisión investigadora del Congreso de la República, encabezada por el parlamentario César Villanueva. Esta comisión buscaba determinar las responsabilidades en estos hechos. En el documento se señala que no se han encontrado “indicios razonables para establecer responsabilidades a las comunidades nativas por los derrames de petróleo”.

En conversación con Mongabay Latam, el congresista Villanueva reiteró lo señalado en el informe y señaló que este último derrame se agregará como una adenda en el mencionado informe presentado en diciembre frente al Pleno del Congreso. “Aún está pendiente debatir este documento en el Parlamento, donde señalamos que no solo Petroperú habría cometido irregularidades sino el mismo Estado por no ser capaz de enfrentar estos problemas”, dijo Villanueva.

El congresista agregó, además, que “no existe interés del Estado en resolver estos problemas y por eso el diálogo no funciona: firmas acuerdos y luego no hay seguimiento, no se cumplen”, comentó.

La adjunta para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, subrayó como un peligro el considerar como cotidianos estos derrames y no realizar una investigación exhaustiva por cada uno de ellos. “Hay oscuridad alrededor de lo que está sucediendo, porque luego de muchos años no se prueba si son atentados o responsabilidad de la empresa. No se toma en cuenta que en cada derrame que se produce se genera una afectación directa a personas indígenas, que de por si son poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica y su ubicación geográfica”, comentó Abanto.

Para la adjunta de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno se encuentra “en una posición vergonzosa” al no poder detener el problema de los derrames. “La falta de capacidad del Estado de prevenir nuevos derrames empeora la situación. Es inaceptable que en este país cada ciertas semanas haya derrames de petróleo por supuestos ataques de terceros y lo peor que podríamos hacer es darlos por hecho y que el Ministerio Público no investigue a fondo y encuentre a los responsables”, dijo Abanto.

Imagen principal: Giner Panduro.

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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