(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).-  En el 2015 se concretó la más grande incautación de madera ilegal enviada desde el Perú hacia mercados internacionales de República Dominicana, México y los Estados Unidos. La llamada Operación Amazonas demostró, en ese momento, que en promedio el 91.3 % de la madera transportada por la embarcación Yacu Kallpa —embarcación que salía del puerto de Iquitos, en la Amazonía peruana, llevando madera a mercados internacionales— provenía de fuentes ilegales.

Ahora, más de dos años después, una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency – EIA) que acaba de ser publicada bajo el título El momento de la verdad: oportunidad o amenaza para la Amazonía peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal, demuestra que “un alto porcentaje de la madera que sale del Perú continúa siendo ilegal”.

La documentación revisada por la organización ambientalista —cuya investigación se realizó en coordinación con el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL)— corresponde a las inspecciones realizadas en el año 2015, de manera aleatoria, por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Lima, una oficina del Serfor que tiene un puesto de control en el puerto del Callao, el más importante del Perú.

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La data entregada por la oficina del Serfor en el Callao, revisada por la organización ambientalista, revela que solo el 16 % de la madera de los cargamentos seleccionados como muestra por la autoridad forestal para ser verificados era de origen legal.

Por el contrario, el 17 % corresponde a tala ilegal y/o lavado de madera, según la verificación de información que hizo la EIA con las inspecciones realizadas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) en los puntos de donde provenía esta madera.

En cuanto al 67 % restante, no se logró determinar la procedencia, ya sea porque los puntos no han sido aún verificados por el Osinfor o porque no se proporcionó la información suficiente para poder constatar la legalidad del lugar de extracción. Es decir, el origen de la mayor parte de la madera que sale del Perú se encuentra en una nebulosa.

Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), dijo a Mongabay Latam que la información analizada “demuestra claramente que hay un status quo que no se preocupa por la legalidad de la madera a la hora de exportar. Es un problema grave sobre todo porque desde hace una década existe información sobre el alto riesgo de ilegalidad de la madera peruana. Los exportadores en lugar de tomar acciones concretas siguen argumentando que la adquisición de su madera la hacen de ‘buena fe’. No es una respuesta razonable de un sector que debería actuar responsablemente”.

Siguiendo la pista a la madera

De acuerdo con el informe del EIA, la muestra analizada en el Callao corresponde a un 41 % del total anual de las exportaciones de madera del Perú y su valor calculado es de US$ 39 954 140, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

De acuerdo a este análisis, las exportaciones de madera peruana van a 35 países en cinco continentes, siendo los principales importadores China (42 %), República Dominicana (20 %), EE.UU. (10 %), México (9 %), Francia (4 %), y Holanda (3 %).

Como parte del análisis se evaluaron también las Guía de Transporte Forestal (GTF), documento en el que se indica el lugar de extracción de la madera. Las GTF forman parte de las actas de inspección del Serfor.

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Julia Urrunaga explicó que para conocer la procedencia de la madera cuyo origen no se pudo determinar, el EIA desarrolló un sistema de categorías de riesgo a partir de verificaciones previas. De la evaluación de las 855 actas de inspección se concluyó que el 44 % tenía un riesgo alto de ser madera ilegal, el 20 % tenía riesgo medio y solo el 36 % era de riesgo bajo.

“Nuestro análisis demostró que las dos terceras partes de la madera de la cual no conocemos su procedencia tiene riesgo medio o alto de ilegalidad”, puntualizó.

La madera ilegal y la que no pudo ser analizada llegaron hasta importadores en 18 países y existe información que sugiere que los exportadores buscan documentos con “luz verde” o imposibles de rastrear para exportar madera hacia estos países, se indica en la publicación El momento de la verdad.

Lo que más preocupa a Urrunaga es la ausencia de información para los años 2016 y 2017. Explicó que luego de que el EIA solicitara en reiteradas oportunidades al Serfor las actas de inspección de los dos últimos años, recibió solo 23 actas del 2016. En tanto, para el 2017, Serfor no envió documento alguno.

“No solo eso —dice Urrunaga— para el 2016 se ha cambiado el formato de las actas de inspección y se han eliminado de ellas datos básicos como la información del importador y del exportador. A nosotros nos hubiera gustado saber si luego del escándalo internacional que significó la Operación Amazonas, hubo avances, pero sin información no es posible. Cómo el Estado puede demostrar que se exporta solo madera legal, si no cuenta con la información que lo demuestre. Lamentablemente se ha retrocedido”.

Mongabay Latam buscó la versión del Serfor, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta alguna.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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