(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).-  Este domingo 4 de febrero, 13 millones están llamados a participar en el referéndum en Ecuador convocado por el presidente Lenin Moreno. Siete son las preguntas que se pondrán en consulta y dos de ellas, que corresponden a temas medioambientales, han despertado la crítica de los líderes de las comunidades indígenas, de expertos y de algunas organizaciones ambientales.

El referéndum constitucional se enfoca en temas como corrupción, la reelección indefinida, delitos sexuales, minería, el valor de las tierras y la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Este referéndum, que mantiene enfrentados al actual presidente Lenin Moreno y al exmandatario Rafael Correa, pues este último ha tomado de manera personal la pregunta sobre la no reelección indefinida, pone sobre la mesa temas relacionados con el medioambiente. Uno de ellos se refiere a la minería y la pregunta que deberán responder los ecuatorianos es bastante directa: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos?

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La otra pregunta aborda específicamente el tema de la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní, área protegida que ha estado en el centro del debate ecuatoriano debido a las exploraciones y explotaciones petroleras que se realizan en su territorio. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta pregunta será respondida este domingo.

Mongabay Latam expone aquí lo que Ecuador definirá este domingo en el referéndum.

El petróleo de Yasuní

Los bloques 31 y 43, ubicados en la frontera norte del Parque Nacional Yasuní, ambos operados por PetroAmazonas, empezaron sus operaciones en julio de 2016, luego de que fracasara la Iniciativa denominada ITT (por los campos de Ishpingo, Tiputini y Tambococha de la zona), impulsada por el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien buscaba conseguir que la comunidad internacional compensara al país con 3600 millones de dólares, a cambio de mantener el petróleo bajo tierra para conservar el Yasuní.

Tras el inicio de las operaciones, Correa dijo que las actividades petroleras generarían un mínimo impacto ambiental y que solo se afectarían 1000 hectáreas de las casi un millón que tiene el parque.

A principio de enero de este año, la empresa petrolera estatal Petroamazonas informó que ya inició la perforación del pozo Tambococha-2 en el llamado bloque B3 del Parque Nacional Yasuní, una zona de alta concentración de biodiversidad en la provincia de Orellana, en el este de la Amazonía ecuatoriana. Este pozo forma parte del desarrollo del proyecto Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

La Constitución del Ecuador habla sobre la conservación de áreas protegidas y zonas intangibles en su artículo 407, con el cual se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Además especifica que dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador, es decir el Parlamento ecuatoriano, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

A esto se le suma el artículo 406, que regula la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones legales del territorio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre ellos están los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, ecosistemas marinos y marinos-costeros.

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La voz de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana se oponen a la explotación petrolera y quieren que todas las actividades se detengan en el Yasuní. Por esta razón, el grupo ambientalista le propuso al gobierno de Moreno retomar la pregunta que en el 2014 respaldaron con más de 600 000 firmas, en un intento por salvar al Yasuní: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?

Pero la pregunta que se resolverá este domingo difiere de la que exponen los pueblos indígenas, la misma que integrantes del Colectivo Yasunidos no han dudado en calificar como “ambigua, insuficiente e incompleta”. Sostienen que la pregunta permite que la zona del Ishpingo, donde ya existen pozos petroleros, se explote sin tener un real estudio sobre el impacto de estas actividades en la biodiversidad, los ecosistemas y las fuentes de agua del lugar.

Con respecto a la zona intangible del Yasuní, donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario Taromenane y Tagaeri, aún no se ha anunciado hacia donde se extendería esta superficie de 50 000 hectáreas y qué se buscaría proteger con esta medida. Los Yasunidos esperan que sea el Ministerio del Ambiente quien aclare estos puntos.

Las amenazas a las que aluden las comunidades indígenas no solo se refieren a la actividad petrolera, sino también a la construcción de carreteras, que transforman la vida de la gente local, pues se presentan problemas con el arribo de colonos, el desarrollo de actividades ilegales y la deforestación masiva, entre otros riesgos.

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El conflicto por la minería

En diciembre de 2017, el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de parar la entrega de toda concesión minera y petrolera, y dispuso que se evalúen las condiciones en que se entregaron aquellas que ya están operando. El anuncio lo hizo luego de reunirse con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La decisión de Moreno llegó cuando ya estaba en marcha el referéndum que incluye una pregunta relacionada con el desarrollo de actividades mineras dentro de las áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

Esta interrogante había surgido luego de que en agosto de 2017 el Ministerio de Minería adjudicara 237 concesiones mineras, que generarían una inversión de 500 millones de dólares en los próximos cuatro años, la mayoría provenientes de empresas australianas.

Solo en el Azuay se encuentran dos de los cinco proyectos mineros que el Gobierno determinó como estratégicos: el de Loma Larga en la zona de Quimsacocha, dentro del bosque protector Yanuncay-Irquis; y el de Río Blanco, ubicado en la parroquia de Molleturo, en el cantón Cuenca, dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo. Ya en el 2010, la exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, había otorgado mediante el acuerdo ministerial 009, un área de explotación minera dentro del bosque Yanuncay-Irquis, parte de la nueva zona de uso especial minero. Además, los proyectos de Loma Larga y Río Blanco mencionados previamente topan también la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. A estas concesiones mineras se suman la de Fruta del Norte, Mirador y Panantza-San Carlos, ubicados en el sur de la Amazonía.

Fueron precisamente los proyectos mineros de Mirador y Panantza-San Carlos los que encendieron el conflicto en la zona de la Cordillera del Cóndor, tras los enfrentamientos entre comunidades y filiales mineras, en especial tras el desalojo de los habitantes de la comunidad shuar de Nankints, conformada por 32 personas.

Expertos aseguran que la minería puede generar un gran impacto no solamente en la biodiversidad sino también en las poblaciones. Por su naturaleza extractiva, en especial cuando se habla de una mina de cielo abierto, esta actividad es una amenaza latente por las consecuencias que puede traer la remoción del sustrato y de la vegetación.

Algunos expertos han cuestionado esta pregunta pues sostienen que la interrogante sobre la minería ha dejado de lado la situación de las tierras comunitarias y el tema de la consulta previa, que cree debería ser vinculante para así dejar a las comunidades el pleno derecho a elegir sobre su territorio.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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