(Mongabay Latam / Vanessa Romo).- El Perú mantiene muchas veces en sus rincones menos visibles sus conflictos socioambientales más polémicos. Hace seis días, frente a cientos de representantes de los 55 pueblos indígenas que existen en el país, el papa Francisco hablaba sobre cómo históricamente la Amazonía era considerada “una despensa inagotable de los Estados”, donde no se tenía en cuenta a sus habitantes. Frente a él, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y sus 19 ministros escuchaban atentos, asentían.

Ayer a las 5:45 a.m., en la Sala Civil de Loreto, se contó otra historia. Era una de las últimas audiencias sobre el caso Cuninico, un proceso que comenzó en junio de 2014 pero que fue admitido judicialmente en marzo del 2015, cuando un orificio en el Oleoducto Norperuano de la empresa estatal Petroperú ocasionó un derrame de 2358 barriles de crudo, más de 99 000 galones de petróleo. Esto inundó la tierra y las fuentes de agua de las comunidades kukama de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, donde actualmente viven alrededor de 250 familias. Tras el derrame, su estilo de vida como pescadores cambió radicalmente por la inseguridad que les generaba consumir especies contaminadas de los ríos.

A tres años y medio del desastre y aún sin una solución concreta a la vista, Flor de María Paraná, madre kukama de Cuninico, cuenta que es difícil no sentirse decepcionada. “Desde el primer día del derrame, cuando vimos bajar agua negra por el río Marañón, nuestra suerte cambió. Se nos quitó el derecho de vivir bien”, narró Paraná, refiriéndose al impacto que el derrame de petróleo ha producido en la salud y calidad de vida de las comunidades. En la cultura kukama, todas las vidas giran alrededor del río. Sin él, el bienestar es imposible.

Flor de María y otros quince pobladores de las comunidades demandantes viajaron 8 horas por río para llegar ayer a Iquitos y ser parte de la audiencia que busca determinar quién se hará responsable de los problemas de salud y del desastre social y ambiental generado por el derrame de crudo. Este proceso ya se había resuelto en primera instancia en setiembre de 2017, como informó Mongabay Latam en su momento, cuando el Juzgado Mixto de Nauta determinó que el Ministerio de Salud (Minsa) diseñe e implemente, dentro de máximo 30 días, una Estrategia de Salud Pública de emergencia que “permita establecer un programa de atención médica, vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, lo que incluye el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua”.

Esta decisión fue apelada por el Minsa, quien señaló que no estaba en sus funciones ejecutar este tipo de acciones, ya que es responsabilidad de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto. Ayer se realizó la audiencia donde se evaluarían los alegatos de esta apelación. Sin embargo, la mesa donde debían estar los abogados del Minsa estuvo vacía.

Mongabay Latam solicitó ayer al Ministerio de Salud los motivos por los que no asistió a esta sesión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Además se pidió información sobre el estado de la estrategia de salud que de acuerdo a ley debe aplicarse a toda población vulnerable y con presencia de metales pesados en la sangre, pero tampoco se recibió información sobre este tema.

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Emergencia sanitaria sin resolver

La contaminación que existe en Cuninico no es más una sospecha. En diciembre del 2015, un equipo del Ministerio de Salud y de la Diresa Loreto llegaron a esta comunidad y a San Pedro, para obtener muestras de sangre de 129 personas y evaluar si habían estado expuestas a metales pesados e hidrocarburos. Se determinó que más de la mitad tenía valores de mercurio elevados y un 16.81 % de cadmio en la sangre. Además, se confirmó que 84 de los pobladores evaluados tenían valores de plomo fuera del rango normal.

Han pasado dos años de esos resultados y la población kukama aún no sabe qué efectos generarán estos metales pesados dentro de su organismo. Luego de la sentencia de setiembre, como también informó Mongabay Latam, un grupo de especialistas volvió a Cuninico para anunciarles que, más allá de las decisiones judiciales, se estaba trabajando en atender esta contaminación y que volverían en un mes para tomarles nuevas muestras de sangre. “Hasta ahora estamos esperando que regresen”, contó Wadson Trujillo, apu de Cuninico.

Desde que ocurrió el derrame en junio del 2014, la vida en Cuninico se ha convertido en una larga espera. El último hito de este camino fue cuando en diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar, similar a la emitida por el Juzgado de Nauta en febrero del 2017, en la que le exige al Estado peruano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los pobladores” de Cuninico y de las comunidades adyacentes. “Nosotros leímos todo el documento, donde también se ordenaba que tuvieramos acceso a agua segura. Estuvimos esperando porque la medida hablaba de quince días de plazo. Pero nada”, dice Trujillo. Fuentes de la Diresa Loreto confirmaron a Mongabay Latam que la planificación de las medidas de atención sanitaria para Cuninico aún no ha sido derivada a ese sector regional.

Galo Vásquez, ex apu de Cuninico y actual presidente de la Federación de Pueblos Cucamas Urarinas del Marañón, señaló a Mongabay Latam que la ausencia del Ministerio de Salud y de la Diresa de Loreto en la audiencia de ayer es la prueba de que no hay interés en los pueblos indígenas. “Sentimos que ignoran las cosas que nos han pasado, lo que seguimos viviendo. Lejos de reconocer el daño que hemos tenido, nos abandonan”, contó.

Para Vásquez, hay otra prueba clara de desinterés: los decretos de emergencia sanitaria (Decretos supremos 018,028 y 030 del Minsa) que se emitieron el año pasado para alertar por el estado inseguro del agua que consumen 70 comunidades indígenas en Loreto. “Han tenido que actualizar tres veces ese decreto y el último venció el 3 de enero y los pueblos indígenas seguimos sin agua”, dijo el dirigente.

Trujillo comentó, además, que el Ministerio de Vivienda, a través de su Programa Nacional de Saneamiento Rural, llegó a la zona en diciembre pasado para anunciarles que se instalaría una planta potabilizadora temporal, que durará unos dos años, hasta que se concrete un proyecto más grande que les permita contar con agua permanente. Sin embargo, según varios pobladores de la comunidad, también les dijeron que las obras comenzarán en febrero próximo y que en seis a ocho meses podrán acceder al agua potable. “¿Qué hacemos mientras tanto?”, se pregunta César Mozombique, dirigente de Cuninico. En la audiencia, su esposa Flor de María Paraná también les preguntó lo mismo a los jueces que la escuchaban asombrados. “Tenemos que esperar que llueva para poder tener agua limpia. El día que no llueve, tomamos del río, nomás”, les respondió.

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En Cuninico también esperan que los servicios de salud no sean “solo una fachada”, dijeron los pobladores. En julio del año pasado, cuando la CIDH visitó Cuninico como parte de su visita a las comunidades afectadas por los derrames de crudo, un técnico estuvo puntual en el puesto de salud de la comunidad, instalaciones que fueron construidas luego de mucha insistencia de la población, la cual reclamaba una atención inmediata tras las consecuencias del desastre ambiental. “El técnico se fue a los días que se fue la CIDH”, señaló Mozombique.

Luego de la sentencia, cuando la comisión del Minsa los visitó, también llevaron a otro técnico. Este se quedó un poco más, un mes. Cuando Mongabay Latam consultó a Diresa Loreto sobre el tema, se aseguró que hubo problemas de contratación pero que este personal se quedaría permanentemente. Sin embargo, César Mozombique y otros pobladores de Cuninico señalaron que estuvieron sin atención médica en la localidad hasta hace tres días que regresó nuevamente otro técnico. No saben cuánto más se quedará.

La defensa de estas comunidades ha sido asumida por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y por el Vicariato de Iquitos. Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del IDL, le explicó a Mongabay Latam que le han solicitado a los jueces que se confirme la sentencia y se obligue al Minsa a asumir su papel. “Estamos en un juicio de cumplimiento, donde exigimos básicamente que se cumpla lo que está ya en las leyes”, contó Ruíz.

Imagen principal: Un poblador kukama de Cuninico muestra los estragos del derrame en el ecosistema que lo rodea. Foto: Daniel Martínez-Quintanilla

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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