(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La noche del 30 de diciembre, José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador, en Chongoyape, Lambayeque, fue asesinado en su casa. Su esposa, Flor Vallejos Rodas, estaba con él y también fue atacada por los cuatro criminales encapuchados que ingresaron a la vivienda. Ella logró sobrevivir. Pero a Napoléon lo golpearon y estrangularon hasta dejarlo sin vida.

El asesinato de Tarrillo Astonitas se produce en un contexto de denuncias constantes por invasiones de terrenos en los bosques secos de Chongoyape, donde se encuentra el Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí.

Esta ACP de más de 34 000 hectáreas de extensión está formada por territorio de propiedad de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape.

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El Mirador es uno de los 25 caseríos que forman parte de esta comunidad campesina, y su territorio colinda con la zona de amortiguamiento de la reserva.

Tarrillo era uno de los comuneros que se enfrentaba a los invasores para evitar que ingresen a las tierras de la comunidad. Además, estaba impulsando la creación de una ronda campesina que iba a ser activada a partir de este año.

Tráfico de tierras en el norte

Para el procurador público especializado en delitos ambientales Julio César Guzmán Mendoza, lo sucedido en Chongoyape podría ser parte de lo que ocurre en todo el Perú: “un problema de tráfico de tierras”.

Guzmán lamenta que esta actividad ilegal se esté extendiendo en la Amazonía, en la costa y en general en todo el país. “Las invasiones y el tráfico de tierras son un peligro para cualquier persona que quiere desarrollar cualquier actividad en el país, incluso para los que hacen conservación”, menciona.

Desde su constitución, Chaparrí ha tenido problemas de invasiones —continúa Guzmán— y lo que se debe hacer es un saneamiento físico legal de la zona. El problema es que existen posesionarios antiguos que no tienen título de propiedad y, luego, ese predio termina siendo entregado a otra persona, que lo vende a un tercero. Ahí surgen los enfrentamientos, dice el procurador Guzmán. “Esta conflictividad nace de la informalidad. En el Perú hay un fenómeno histórico de conflictividad predial y esos enfrentamientos los están resolviendo ahora a mano armada. Sé que en esa zona hay una alta conflictividad por usurpación, por ocupación de predios, por cambio de uso de la tierra”, indica.

Con relación al asesinato de Tarrillo, señala que aún no se tiene información oficial sobre el móvil del crimen. “No podría adelantarme a decir que ha sido violentado por ejercer el derecho de defensa del medio ambiente, es mejor dejar a la Policía que haga sus investigaciones para determinar el motivo del atentado contra la vida de esta persona”. Añade que se deben respetar los tiempos de indagación de las autoridades y manifiesta su solidaridad con la familia del teniente gobernador.

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El prefecto de Lambayeque, Rafael Aíta, comentó a Mongabay Latam que en la región hay una serie de denuncias por invasión de terrenos, por alteración de padrones en las comunidades y por tratar de ocupar espacios en zonas protegidas. Lamenta la pérdida del teniente gobernador del caserío El Mirador, de quien reconoce venía trabajando en contra de los depredadores de los bosques. Por ello, invoca a la Fiscalía y al Poder Judicial para que investiguen el asesinato y encuentren a los culpables.

Amenazas en Chongoyape

“Desde hace tres meses recibía amenazas”, cuenta Edivar Carrasco, comunero y miembro de la Asociación para la Conservación y el Turismo Sostenible Chaparrí (Acoturch), amigo de la víctima y quien también busca frenar la destrucción de los bosques secos de esta parte del norte del Perú. Carrasco menciona que los invasores están ingresando a la ACP Chaparrí.

Las amenazas también se están dando contra otros comuneros de El Mirador, entre ellos Américo Laboriano Ramos, presidente de la Junta de Administración Local del sector El Mirador, menciona Carrasco.

Las situaciones de conflicto y enfrentamientos han ocurrido en varias oportunidades en Chongoyape, como sucedió en mayo del 2017 cuando una comitiva liderada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) que inspeccionaba un área deforestada fue atacada por unos 30 invasores, informó entonces Mongabay Latam. Recientemente, el mismo territorio fue escenario de un incendio forestal que afectó aproximadamente 500 hectáreas de bosques secos, y que según pobladores de la zona, fue causado por invasores.

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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