(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- El año 2017 dejó varias interrogantes abiertas sobre temas especialmente sensibles para el sector ambiental. ¿Podrán controlarse de manera efectiva la minería y la tala ilegal que avanzan en la Amazonía? ¿Tendrán los pueblos indígenas un papel más protagónico en la lucha por la conservación de sus territorios? Además, normas y leyes que están a la espera de su aprobación o que deben modificarse también preocupan. Aquí las opiniones de los expertos.

Este post es parte de la serie de balances del 2017. Si quieres leer más, entra aquí.

Pueblos indígenas y titulación de sus territorios

Dos son los temas que para los expertos son clave para el 2018: la titulación de las comunidades indígenas, que ha sido un gran pendiente del año que se fue y las mejoras en los procesos de consulta previa.

Para Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hay un desafío histórico que tiene que ver con crear zonas indígenas consolidadas, en convergencia geográfica y en territorios continuos de acuerdo a los grupos étnicos, similar al modelo colombiano que tiene zonas administrativas donde los indígenas pueden ser elegidos como autoridades. “Actualmente, las comunidades nativas disponen de territorios titulados demasiado pequeños y desconectados los unos de los otros”, explica.

En la misma línea que Ráez, para Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y líder indígena, ganadora del Premio Goldman 2014, no solo es importante la titulación de las tierras para las comunidades indígenas, una reivindicación de los territorios ancestrales de decenas de comunidades. La Central Ashaninka del Río Ene espera este 2018 ir un paso más allá, ya que su organización ha solicitado la creación del Distrito Intercultural Amazónico del Ene – DIA ENE, con un gobierno autónomo del pueblo indígena asháninka del río Ene.

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Bosques y deforestación

Enfrentar la deforestación y las actividades ilegales que la producen sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de enfrentar en el Perú. Por otro lado, el saneamiento del territorio y el ordenamiento forestal constituyen tareas pendientes por parte del Estado para superar varios de los problemas que afectan a la Amazonía.

la minería ilegal continúa devastando los bosques de la amazonía. Foto: Ministerio del Interior..

El gran tema para Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal, es cómo armonizar la protección de los bosques con los derechos adquiridos de las comunidades indígenas. “Donde hay poblaciones indígenas hay menos deforestación”, señala el abogado de IDL en respuesta a la creencia de que son las comunidades indígenas las que depredan los bosques.

Los desafíos están vinculados con la regulación, dice Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR. Explica que el Ministerio de Agricultura tiene pendiente la formalización de las áreas para uso forestal. Por otro lado, reclama una posición más activa del Serfor para resolver los problemas de traslapes de las comunidades nativas con otro tipo de derechos como los bosques de producción permanente (BPP). “Hay comunidades que cuentan con los fondos para titularse pero que no logran avanzar porque tienen problemas de traslape con BPP. En la investigación sobre pueblos indígenas que realiza la especialista de CIFOR, uno de los puntos claves consiste en que el gobierno peruano genere mecanismos para que las comunidades puedan beneficiarse de los recursos que extraen de los territorios que se están reconociendo.

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Áreas naturales protegidas por definir

Un debate que se propone para el 2018 es la necesidad de establecer una relación más efectiva y coordinada entre los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas. Por otro lado, existen importantes reservas que siguen esperando la categorización definitiva como la zona reservada de Yaguas, que enfrenta riesgos de deforestación, minería ilegal y desaparición de fauna como la huangana, una especie que forma parte de la dieta de las comunidades que habitan la zona.

Zona reservada yaguas. Foto: Field Museum de Chicago.

Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, considera que un pendiente son las áreas naturales que aún no terminan de ser categorizadas a pesar de contar con toda la información técnica y científica para este fin. Pone como ejemplo la Zona Reservada de Yaguas, que pese a todo lo avanzado, aún no ha sido categorizada como parque nacional. Lo mismo sucede con la propuesta de creación de la zona reservada Mar Pacífico Tropical. “Espera su categorización desde el gobierno pasado. Todos reconocemos que es valiosa pero las empresas petroleras de la zona no quieren que se convierta en ANP”. Otros retos para el 2018 —según el experto— son consolidar la estrategia del sistema financiero, la defensa legal de las ANP, y la protección de los guardaparques que viven amenazados por la presencia de actividades ilegales.

Juan Carlos Ruiz Molleda considera que es necesario un debate sobre la relación entre los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas (ANP). Señala que existen posiciones opuestas sobre este tema. Por un lado, aún existen sectores que mantienen la idea de que las áreas protegidas deberían ser naturaleza cercada mientras que otros apuestan por la cogestión. Para Ruiz Molleda lo que está en juego es qué concepción se tiene de las ANP. “Debemos reconocer los derechos de los pueblos indígenas y hacerlos cogestores de las ANP”, comenta.

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Políticas ambientales y las leyes pendientes

Durante el 2017 una serie de leyes fueron criticadas por distintos expertos ambientales y representantes de pueblos indígenas. Desde el Congreso (las leyes para carreteras) hasta las medidas tomadas por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, para el 2018, los expertos esperan avances, uno muy concreto, relacionado a la aprobación de la Ley Marco del Cambio Climático en el Congreso.

el tráfico de tierras en ucayali ha generado violencia. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Carol Mora, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señala que es un desafío importante es la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, que está vinculada al Niño costero, al tema de riesgo de desastres y de la desglaciación. Agrega que el Ministerio del Ambiente debe asumir todas las funciones asociadas a la rectoría del cambio climático. Otro reto importante está relacionado al sector hídrico, es decir, a promover la canalización de recursos financieros orientados a mejorar la conformación de las cuencas, los niveles y calidad de agua y las inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. “El tema hídrico no solo se resume al agua potable, sino a la conservación de las cuencas”, concluye.

Sobre este tema, Ernesto Ráez Luna afirma que se necesita un gobierno que asuma con seriedad la importancia de la gestión ambiental en un país megadiverso como el Perú y en el contexto actual de cambio climático. Lamenta que ninguna de las fuerzas políticas del país tome en serio el tema ambiental. “Todas tienen defectos muy graves de conceptualización y definición del problema y de ignorancia supina en algunos casos”, agrega.

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Biodiversidad y educación

Uno de los temas que han apuntado los expertos como un verdadero desafío es que a ciudadanía reconozco la importancia de conservar la biodiversidad y cambiar patrones de consumo.

Mono choro. Foto: Andrew Wamsley / NPC

“Los desafíos están relacionados con los patrones de consumo que estamos desarrollando como sociedad cada vez más de espaldas a la naturaleza”, comenta Ernesto Ráez Luna, y pone como ejemplos el consumo de plásticos, de alimentos importados en lugar de nacionales, el uso excesivo de pesticidas y agroquímicos en el cultivo de hortalizas y verduras. “Todo esto afecta a nuestra biodiversidad”. También considera como desafío los megaproyectos que “no tienen razón de ser, porque el negociado consiste en hacer un proyecto que no tiene que ver con el desarrollo”.

Pedro Solano cree que el desafío en biodiversidad tiene que ver con el cumplimiento de la meta de Aichi para la diversidad biológica, un acuerdo de países para proteger su biodiversidad terrestre en 17 % y marina en 10 % y señala que el plazo del pacto internacional se cumple en 2020.

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Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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