(Mongabay Latam / Lucy EJ Woods).- Los negociadores del comercio internacional no han tenido históricamente una trayectoria sólida cuando se trata de la protección de derechos ambientales o indígenas. De modo que los legisladores catalogan como monumentales las garantías a los derechos humanos indígenas que serán incluidas en un importante acuerdo comercial entre Latinoamérica y Europa que actualmente se está ultimando.

Será la primera vez que cláusulas de derechos humanos —específicamente, de derechos humanos indígenas— sean incluidas en un acuerdo comercial entre el bloque Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Esto de acuerdo con Francisco Assis, presidente de la Delegación Parlamentaria Europea para las relaciones con Mercosur, quien habló en un encuentro en Bruselas el 20 de noviembre del 2017.

La delegación fue llevada a cabo por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO, por sus siglas en inglés). Asistieron los diputados al Parlamento Europeo Marisa Matias y Francisco Assis, los líderes del grupo indígena guaraní kaiowá Inaye Lopes Gomes y Daniel Lemes Vasques y también los políticos brasileños Janete Capiberibe y Paulo Fernando dos Santos.

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Lukas van Dierman, el oficial del proyecto de la UNPO, dijo a Mongabay que ahora existe un apoyo sin precedentes de la Unión Europea a los derechos indígenas, los cuales se están reconociendo en el innovador acuerdo comercial transcontinental.

La Evaluación de Impacto de Sostenibilidad del tratado comercial UE-Mercosur incorpora consultas con grupos indígenas, toda vez que el Parlamento Europeo ha declarado que cualquier acuerdo final debe incluir “derechos humanos fundamentales”.

En el primer semestre del 2017, los diputados del Parlamento Europeo de varios grupos políticos firmaron una carta en la que llaman a una investigación del presunto trato negativo a indígenas durante las recientes protestas en Brasil. En el 2016, el Parlamento Europeo también aprobó la Resolución 2016/2991(RSP), la cual urge específicamente al gobierno brasileño a reforzar los derechos humanos para la comunidad guaraní kaiowá. Los parlamentarios también han iniciado un “grupo de amistad”, que celebra eventos, lleva a cabo misiones de investigación y ofrece interpelaciones parlamentarias orales y por escrito para apoyar a los guaraní kaiowá, que han sido privados de la mayoría de su tierra ancestral en el estado brasileño Mato Grosso del Sur.

En caso extremo, el fracaso en la defensa de las estipulaciones de derechos humanos incluidas dentro del acuerdo comercial UE-Mercosur podría dar como resultado embargos comerciales contra Brasil. Si se incumplen las cláusulas, los ciudadanos en Europa pueden escribir a sus eurodiputados, quienes tienen la capacidad de hacer que los gobiernos nacionales rindan cuentas. Esto, según dice Dierman, a pesar del precedente histórico de que la “vida y dignidad” de los indígenas son “tan frecuentemente sacrificadas en nombre del desarrollo económico”.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, dice, es un motivo para que los guaraní kaiowá y otros grupos indígenas “sean optimistas”, a pesar de los intensos ataques políticos y a veces físicos contra estos grupos en Brasil —como reconocieron las Naciones Unidas en Junio.

Este optimismo, sin embargo, llega en medio de una escalada de violencia. Un informe publicado recientemente por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) encontró un aumento acusado de ataques violentos a indígenas en Brasil durante el 2016, luego del establecimiento de la administración de Michel Temer, que reemplazó al gobierno de Dilma Rousseff.

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Una cláusula necesaria

Un ejemplo que se da en el informe viene del estado de Mato Grosso del Sur, donde los guaraní kaiowá intentaron reclamar una pequeña porción de su tierra ancestral. Por ello, el líder indígena Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas por armas de fuego.

Mientras que existe la esperanza de que el acuerdo UE-Mercosur ayude a prevenir la violencia en el futuro, hay razones para ser “cauteloso”, dice Dierman. Brasil ha firmado tratados internacionales en el pasado con poco efecto en sus eventos internos.

Brasil prometió recuperar los derechos de la tierra ancestral indígena en su constitución de 1988 y una vez más en el 2012, con su ratificación de la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) Sin embargo, el gobierno brasileño ha dado largas y ha fracasado en llevar a cabo la demarcación de muchos de los territorios indígenas que se le requieren por ley.

Las “palabras son perfectas, todos los derechos están ahí… el problema está en su cumplimiento”, explica Dierman.

De todas las naciones del Mercosur, Brasil es el actor más grande e influyente; también es un país donde mucha de la tierra indígena ha sido tomada por la agroindustria. Así que no es sorprendente que un obstáculo clave en las negociaciones comerciales surja desde las cuestiones de la agroindustria —especialmente las preocupaciones respecto a las exportaciones de carne y soya (mucha de la cual es cultivada en tierras que han sido expropiadas, a menudo ilegalmente, de los grupos indígenas) de Mercosur.

Imagen principal: Los líderes del grupo indígena guaraní kaiowá Inane Lopes Gomes y Daniel Lemes Vasques hablan en el Parlamento Europeo. Foto cortesía de la UNPO

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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