(Mongabay Latam / Jeanfreddy Gutiérrez Torres).- En Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, al sur de Venezuela y cerca de la doble frontera con Guyana y Brasil, es difícil encontrar lugares en los que se pueda pagar con la tarjeta bancaria. Algunos de sus habitantes no sufren la misma escasez de dinero en efectivo que hay en el resto del territorio venezolano. Si bien la liquidez monetaria del país se ha multiplicado por 8,5 en un año, la cantidad de billetes y monedas equivale solo al 5 % de la misma. Es muy difícil retirar dinero del banco o pagar casi cualquier cosa.

En esa urbe hay mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Esto a pesar de que el gobierno habla de tener control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.

En el terminal de autobuses de Ciudad Bolívar hay puestos informales de reparación de teléfonos celulares, vendedores de comida y líneas de transporte. Todo debe pagarse en efectivo, así que fluyen cientos de billetes del nuevo cono monetario. Se trata de una familia de billetes introducida en enero del 2017 con denominaciones de 500 a 20 000 bolívares a causa de la inflación, que sobrepasó el 50 % mensual en octubre. Esta se suma a la familia de billetes del “bolívar fuerte”, que desde el 2008 eliminó tres ceros en la moneda nacional con el fin de “reducir la inflación mediante pagos exactos” según declarase en cadena nacional el entonces presidente Hugo Chávez.

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Actividades como la extracción ilegal de diamantes, coltán, oro y madera; el pago de sobornos a algunos militares y policías; el pago de cupos o vacunas a grupos criminales, e incluso el narcotráfico explican el manejo de una ingente cantidad de billetes, dice Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), ONG dedicada a la divulgación y denuncia socioambiental en la región de Guayana, que incluye a los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y en la que se concentran parques nacionales y territorios indígenas ancestrales.

Sus denuncias sobre impactos ambientales en la región y la relación entre algunas autoridades y funcionarios locales con los mineros ilegales le han valido varias amenazas telefónicas e incluso ataques.

Bullas y deforestación

Los mineros ilegales, muchos de ellos llegados desde Brasil a principio de los años 90, ocupan la zona protegidos por la amplitud de la zona boscosa y no se han reducido a pesar de la militarización y programas sociales oficiales. Deforestando un claro para colocar el campamento, usan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y hasta decenas de anchura. Del mismo extraen el fango que someten al mercurio, extrayendo las pepitas de oro. Luego las abandonan, llenas de agua y mercurio, para abrir otro claro.

La expansión de bullas y la pérdida de capa vegetal han sido documentadas por investigadores como causas de una epidemia de malaria que ya se cifra en un millón de casos, según Félix Oletta, exministro de Salud y director de la Red Defendamos la Epidemiología.

El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.

Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún sufren de extorsión de las bandas ilegales que mantienen control de las zonas mineras y de algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.

Las denuncias de Alejandro Lanz sobre la relación entre algunas autoridades y funcionarios locales con los mineros ilegales le han valido varias amenazas telefónicas e incluso ataques.

Ambiente hostil

Algunas ONG, como Laboratorio de Paz y Provea, han recolectado testimonios de indígenas que habitan en el estado Bolívar y que denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.

En un artículo de opinión, el exparlamentario oficialista Adel El Zabayar compara la situación del estado Bolívar con el norte de México por la mezcla de narcotraficantes y violencia por el control del contrabando de minerales y gasolina.

Un reportaje de Vértice, una web de periodismo de investigación, recoge los testimonios de un oficial militar y un agente de inteligencia —brindados en tribunales— que señalan la relación entre algunos funcionarios del gobierno regional, policías, militares, el contrabando de gasolina, oro y coltán, con los pagos en efectivo en una red de corrupción.

El Mayor General Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana) entre septiembre de 2012 y julio de 2013, explica lo que vivió en su trabajo en campo: “Llegué después del Plan Caura —que implicó la militarización de la zona para combatir la minería ilegal—, pero eso solo sirvió para mantener la relación de los militares con la minería ilegal”, dice a Mongabay Latam.

“Encontré casos de complicidad, y quien llegase a la zona e intentase poner orden, iba a entrar en conflicto con los ilegales”, añade.

El militar, ahora retirado y que forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la concesión del Arco Minero del Orinoco, apunta que tuvo que traer tropas desde Maracay, a 800 kilómetros de Guayana, para realizar operaciones efectivas. “Las tropas se encontraban contaminadas, así que las incursiones contra los mineros eran muy limitadas, les filtraban la información”.

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Alcalá es firmante de una solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo del decreto del Arco Minero.

“Me temo que lo que hicieron en Colombia con el control armado de campesinos e indígenas lo están repitiendo en Venezuela”, revela al decir que durante su tiempo en la zona encontró indígenas que habían sido esclavizados y tatuados como objetos por los garimpeiros brasileños, nombre que reciben los obreros mineros que llegaron a Venezuela usando motores hidráulicos y mercurio para extraer oro. El nombre proviene del “garimpo”, el equivalente en portugués a la mina abierta en la tierra con la fuerza del agua que se extrae de los ríos.

Imagen principal: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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