(Mongabay Latam / Aranzazú Ayala Martínez).- La lengua totonaca es como un zumbido, un murmullo que recorre las matas de café desde lo alto del monte hasta el río Ajajalpan, en la sierra norte de Puebla, donde esta cultura existe ancestralmente y se extiende hasta la zona montañosa y costera de Veracruz, al este de México.

Es ahí, en Puebla, donde tres municipios de origen en su mayoría totonaco, que suman casi 26 000 habitantes, llevan tres años resistiendo al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Comexhidro, ejecutado a través de su su filial Deselec.

Pobladores de San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Ahuacatlán han organizado su resistencia a través de un comité que se opone a la operación de la hidroeléctrica que generará energía para las empresas Wal-Mart, Operadora Vips, Suburbia y para un particular de nombre Jinich Mekler.

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Esta resistencia comunal no ha pasado desapercibida y quienes la integran han tenido que enfrentar amenazas de muerte, demandas y hostigamiento.

La lucha de los habitantes de esa región totonaca para salvaguardar su territorio parece no tener fin, pues apenas en septiembre la empresa presentó un nuevo proyecto para hacer una hidroeléctrica complementaria sobre el río Ajajalpan.

El comienzo

La señora Juana, cuyo apellido se mantiene en reserva por seguridad, vive en la comunidad de Altica, en el municipio de San Felipe Tepatlán, uno de los tres afectados directamente por la construcción de la hidroeléctrica.

Los pobladores de San Felipe Tepatlán han llenado las paredes de sus casas con inscripciones, demostrando su oposición a la hidroeléctrica. Foto: Martina Zoldos.

La palabra que más repite Juana mientras platica y limpia semillas es engaño. Esta comunera narró que la empresa llegó de pronto un día sin aclarar sus intenciones, pero sí ofreciendo proyectos y prometiendo cosas. Nunca se ganaron su confianza.

“Hasta uno de mis hijos se iba a trabajar con ellos porque empezaron a venir, los animaban a que fueran a limpiar la carretera, a escombrar, les traían comida, los engañaban. Ya había empezado ahí mucha gente pero yo como que algo presentía”, contó sin ocultar su incomodidad.

El río Ajajalpan está en la mira de grandes empresas desde hace años por su ubicación, pues atraviesa municipios con gran riqueza natural en una región asediada para la explotación minera y de hidrocarburos.

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El primer intento de entrar fue del Grupo México, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim. En abril de 2012 llegaron representantes de la empresa a la comunidad de Xochicugtla, municipio de Tepatlán, acompañados de autoridades municipales. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien ha seguido la lucha del Comité, relató que en ese entonces autoridades municipales iban casa por casa amenazando con llevar al Ejército si no apoyaban la construcción de una presa.

La comunidad interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, rechazó el proyecto y Grupo México se vio obligado a intentar lo mismo en otro municipio, sobre la misma cuenca del Ajajalpan, donde también encontró resistencia de parte de la población. A finales de 2013, se canceló el proyecto.

Ese fue el fin de un conflicto y el inicio de la organización Tutunaku-Nahutal: “Guardianes del Río Ajajalpan”.

El ataque legal

Antonio Márquez vive en la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán, a unas cuadras de la oficina de la presidencia que está prácticamente abandonada desde que empezó el conflicto.

Señora Juana limpiando las semillas mientras habla sobre los engaños de la empresa Comexhidro. Foto: Martina Zoldos.

A finales de octubre de 2015, 14 integrantes de “Guardianes del Río Ajajalpan”, incluido Márquez, fueron denunciados penalmente, acusados de amenazar de muerte y de intentar linchar a trabajadores de la empresa, así como de amedrentar a la gente a bordo de una patrulla de la policía.

La denuncia los desconcertó pues sabían que había sido interpuesta por gente de la misma comunidad.

“Hablamos con esa gente, pero esa misma gente dijo que si esto procedía sabían muy bien que nosotros no habíamos cometido ese delito. Nosotros conocemos a las personas que hicieron la denuncia y ellos también nos dijeron personalmente que ellos fueron manipulados, manipulados por la propia empresa”, declaró Antonio Márquez con voz fuerte, como para que se escuche a través de la lluvia que golpea el techo de su casa.

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Los representantes de la organización de resistencia civil están seguros que la denuncia fue para infundirles miedo, pues nunca fue ratificada por quienes las interpusieron y ahí se detuvo el proceso.

“Hemos visto cómo la empresa ha estado manipulando a gente en contra de nosotros, diciendo de que nosotros hemos estado violentando según, pero sabemos que eso no es cierto, lo único que nosotros estamos haciendo es defender nuestros derechos. Nos han denunciado con delitos fabricados —insistió Antonio— y es por eso que nosotros nos hemos dado cuenta de que la misma empresa ha estado manipulando y metiéndonos miedo, para que nosotros no sigamos en la defensa”.

En el proceso de resistencia, las autoridades municipales han sido, en el mejor de los casos, contaron los integrantes de la organización “Guardianes del Río Ajajalpan”, indiferentes, pues no se han pronunciado a favor de las comunidades ni hecho caso a las demandas. Otras han estado abiertamente a favor del proyecto.

Por su gran riqueza natural, la sierra norte de Puebla está siendo invadida con varios megaproyectos. Foto: Martina Zoldos.

En Tepatlán, el presidente municipal Ramón Dávila Santos les dio la espalda al violar los acuerdos de la asamblea del 5 de julio de 2015, a la que asistieron cerca de 1500 personas. Ahí, ante autoridades federales, de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y de la empresa Deselec-Comexhidro, se reiteró el rechazo al proyecto hidroeléctrico y el funcionario prometió revocar los permisos otorgados a la empresa.

Un par de días después desconoció el acuerdo. Los Guardianes del Río documentaron que Dávila Santos desconoció el acuerdo de cabildo que había rechazado la obra, permitiendo que iniciaran algunas excavaciones en la comunidad de Xochimilco. Desde entonces apenas se le ve en las oficinas de la presidencia, que ahora suelen estar vacías y en donde nadie contesta el teléfono. Ramón Dávila Santos, según los pobladores de Tepatlán, se ha vuelto ilocalizable.

Por su lado el presidente municipal de Ahuacatlán, Miguel Sebastián Santos, se ha limitado a observar el conflicto y mantenerse al margen. En entrevista con el equipo de Mongabay Latam y Lado B, solo atinó a declarar lo obvio: que el proyecto está detenido y habrá que esperar.

“En el municipio no se sabe nada si se va a construir, o no se va a construir. Porque están en amparo ambos lados, tanto los señores como la empresa. Todo está parado ahorita, no hay nada de movimiento. La verdad no sabemos porque desde allá arriba se tiene que resolver”, dijo el presidente de Ahuacatlán.

Mientras que en Tlapacoya no hay resistencia visible, pues hay menor comunidad indígena.

Foto principal: Martina Zoldos.

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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