(Mongabay Latam / Vanessa Romo).- Hoy, más de tres años después, el debate sobre los daños causados por el derrame de petróleo que afectó a los habitantes de la Comunidad Nativa de Cuninico, en la región de Loreto, mantiene enfrentados a sus habitantes con la empresa nacional Petroperú y el Estado peruano. El jueves 14 de setiembre, luego de treinta meses de que el Juzgado Mixto de Nauta aceptara la demanda grupal de los pobladores de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, este tribunal emitió una sentencia y ordenó que el Ministerio de Salud cumpla con su deber de vigilar la salud del pueblo kukama.

Sin embargo, esta primera batalla ganada por los indígenas de Cuninico no ha cambiado en nada el escenario. A más de un mes de la esperada sentencia, esta no ha sido ejecutada porque, según indicó la defensa de las comunidades afectadas, el Ministerio de Salud decidió apelar la orden judicial. Esta entidad estatal argumenta que es un organismo que regula mas no ejecuta y que es la Dirección Regional de Salud de Loreto la que debe solucionar el problema.

Mientras tanto, Flor de María Paraná y el ex-Apu de Cuninico, Galo Vásquez, no pueden olvidar como el 22 de junio de 2014 vieron bajar por la quebrada, que lleva el mismo nombre de la comunidad, a los peces cubiertos con una extraña sustancia negra. Los pobladores de Cuninico y de las localidades del distrito de Urarinas, situadas a nueve horas de Iquitos, han vivido por más de 40 años con la actividad petrolera rodeándolos, como si se tratara de un vecino más. Aunque Paraná y Vásquez confiesan que no habían visto algo similar antes y, sobre todo, tan cerca de casa.

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Petroperú señaló en ese momento que pudo identificar el punto del derrame ocho días más tarde, cuando detectaron un orificio en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano. Sin embargo, cuando llegaron ya era muy tarde. Se habían derramado 2358 barriles de crudo, más de 99 000 galones.

Un año y tres meses después del derrame, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), institución peruana encargada de evaluar y determinar las causas y efectos de esta emergencia, determinó que PetroPerú era responsable del desastre, el cual generó “daño real” a la flora, fauna y a la salud humana. El OEFA concluyó que la empresa petrolera estatal no detectó ni controló a tiempo el derrame y que incumplió el compromiso establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), al no haber realizado mantenimiento a ese sector del oleoducto. En el 2016, por no cumplir con el cronograma establecido para efectuar la remediación ambiental correspondiente, el OEFA procedió a multar a Petroperú por un monto de 10 millones 184 mil con 285 soles (más de US$3 millones).

La empresa petrolera estatal no quiso aceptar los cargos de la OEFA, arguyendo que ésta no era una entidad competente para esas evaluaciones, por lo que pidió que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realice la investigación. En febrero de 2016, Osinergmin determinó que la empresa no había adecuado el oleoducto según la ley y la amonestó por un monto de más de 12 millones (alrededor de US$4 millones). Petroperú ha llevado al Poder Judicial las resoluciones de ambas entidades, ya que considera que no causó el derrame ni puso en riesgo la salud de los habitantes.

El equipo de la PUCP fue testigo de los evidentes problemas de salud que tiene la población de Cuninico, sobre todo las mujeres y los niños. Foto: Vania Martínez / PUCP.

Hoy el Juzgado Mixto de Nauta ha confirmado que la comunidad de Cuninico sí necesita de una atención médica completa.

¿Salud para todos?

En la comunidad kukama de Cuninico, como en cientos de comunidades de nuestra extensa selva, nunca existió un puesto de salud. Para acceder a la medicina occidental, los pobladores bajaban al centro de salud de Maypuco, a dos horas en peque peque. Era una lejanía manejable si se consideraba que la mayoría de los problemas de salud eran atendidos con la ayuda de la medicina natural. Pero ese tratamiento fue suficiente hasta junio de 2014.

“Desde ese momento no soy una mujer sana, soy como una inválida. Hasta ahorita no puedo levantar ni un balde de agua, no puedo agarrar un racimito de plátano. Si levanto, ya le siento un dolor, se hace duro”, dijo Juana Rosa Otejón, pobladora de Cuninico, cuyo testimonio fue recogido por representantes de Amnistía Internacional.

Galo Vásquez, quien entonces era apu de la comunidad y lleva 15 años siendo promotor de salud, contó a Mongabay Latam que los casos de diarrea, alergia en la piel, cólicos y dolores de cabeza crecieron exponencialmente.

“Hay una crisis de salud que no está siendo atendida y que involucra a pueblos indígenas, un grupo vulnerable”.

Esta situación fue confirmada en enero de 2016, un año y medio después del derrame, cuando el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección Regional de Salud de Loreto realizaron pruebas de sangre a los pobladores de Cuninico para detectar cuatro metales pesados: plomo, mercurio, cadmio y arsénico. De acuerdo con el informe denominado “Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro”, que el Ministerio de Salud presentó a ambas comunidades a mediados de 2016, la mitad de la población examinada tenía valores de mercurio por encima del nivel permitido —de acuerdo a los estándares nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y el 16 % presentaba valores de cadmio sobre el rango de referencia. Cabe resaltar que el 86 % de las personas que fueron analizadas eran residentes de Cuninico y el 14 % restante de San Pedro.

En setiembre de este año, Amnistía Internacional (AI) llegó a la misma conclusión —tras evaluar a la población de Cuninico. La organización internacional de derechos humanos concluyó que existen pruebas de la presencia de metales pesados en la sangre de los pobladores y que no existe un seguimiento estatal del tema. Por ello Amnistía Internacional eligió tanto el caso de Cuninico como el de Espinar en Cusco —relacionado a pobladores afectados por la minería— para formar parte de la campaña Estado Tóxico, con la que buscan recomendarle al Estado peruano una serie de acciones para revertir estas situaciones de abandono gubernamental.

“Hay una crisis de salud que no está siendo atendida y que involucra a pueblos indígenas, un grupo vulnerable”, dijo Joel Jabiles, coordinador de las campañas de AI en el Perú. El especialista indica que la mayor preocupación radica en dos puntos cruciales: la inacción estatal para asumir responsabilidades sobre la salud y el acceso a servicios adecuados y urgentes. “En Cuninico, la gente consume agua de lluvia. Pero, ¿qué pasa cuando no llueve? Tienen que tomar el agua del río, porque no hay otra opción”, agregó Jabiles.

Habitante de la Comunidad de Cuninico- Flor de Maria Parana. Foto: © Amnistía Internacional – Kat Goicochea.

Este es el problema que se buscaba resolver con la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Nauta el 14 de setiembre. En ella se ordenó que el Ministerio de Salud diseñe e implemente, dentro de máximo 30 días, una Estrategia de Salud Pública de emergencia que “permita establecer un programa de atención médica, vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, lo que incluye el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua”.

Sin embargo, un mes y medio después, la sentencia no ha sido ejecutada. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesor de las comunidades, explicó a Mongabay Latam que esto se debe a una apelación del Ministerio de Salud. En ella, el Minsa señala que no le corresponde ejecutar el plan de emergencia, sino esta es una obligación de la Dirección Regional de Salud de Loreto. Para Ruiz Molleda, esto dilata la solución ya que al aceptarse la apelación, se suspende tanto la ejecución de la sentencia como las multas individuales a los funcionarios responsables por 20 250 soles (US$6 270).

Más allá de la apelación, Ruíz Molleda destacó que hay un punto positivo que resaltar, que es que esta sentencia marca un hito al sentar un precedente. Este fallo le ordena a Salud que construya una política pública para proteger derechos humanos”, dijo el abogado del IDL.

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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