(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli). “Les vamos a dar sus pasajes por estas tierras”, fue el mensaje que recibió Segundo Gamarra Alvarado hace dos meses. Las palabras vinieron de quienes representaban a la Asociación Agrícola & Forestal Campo Verde, quienes reclamaban como propias las 450 hectáreas de terreno que ocupa Gamarra Alvarado, según dice desde hace más de 10 años, en el caserío Bajo Rayal, distrito de Nueva Requena, Ucayali.

Gamarra lo entendió como una amenaza, pues lo habían citado para arreglar el conflicto por la posesión de ese territorio y cuando pidió 30 000 soles como pago para abandonar las tierras que considera suyas, la respuesta fue aquella frase. Después de esa conversación estaba convencido de que no habría negociación alguna y que más bién lo estaban amenazando de muerte.

El territorio que menciona forma parte de las más de 7600 hectáreas que reclaman al Estado los 125 integrantes de la Asociación de Productores Agroforestales El Encanto de Santa Rosa, y que está ubicado en una zona que corresponde a bosques de producción permanente (BPP), cerca del Parque Nacional Cordillera Azul.

Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en julio de 2011, los BPP están destinados a la “producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas”. Por lo tanto, estos bosques no pueden ser utilizados para fines agropecuarios pues está prohibido el cambio de uso. También, “se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal”, se lee en el informe Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado, publicado por la Defensoría del Pueblo en junio de este año.

En conversación telefónica, Gamarra explicó que el terreno que ahora disputa con la mencionada empresa fue vendido mientras él se encontraba recluido en un penal, según declaró, cumpliendo una pena por un problema de invasión de terrenos en Pucallpa. “Mis vecinos vendieron mis tierras a los arroceros, sin mi consentimiento. Ahora estoy tratando de recuperarlas y he entregado parte de mi terreno a mis amigos, para que lo trabajen”. Las seis personas que fueron asesinadas el 1 de setiembre, formaban parte del grupo de amigos a los que se refiere este poblador. “Ese día, ellos estaban alineando el suelo para construir el anexo, estaban construyendo la casa comunal. Ahí los han matado. Han cumplido su amenaza,todo ha sido planificado, han llegado para matar”, dijo sobre el asesinato ocurrido en el sector denominado Motelillo, en la zona El Encanto de Santa Rosa, en Bajo Rayal, distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.

Para tomar posesión del terreno, Gamarra recurrió a una 45 personas —sus amigos, según dice— a quienes les entregó entre 20 y 40 hectáreas de tierra a cada uno. Estas personas, provenientes de otras regiones en su mayoría, formaron también una asociación agrícola junto a Gamarra y se instalaron en la zona. Seis de ellas fueron asesinadas. Como indica la norma, el terreno en disputa no puede entregarse bajo ninguna modalidad de posesión, sin embargo, quienes reclaman zonas catalogadas como BPP, están convencidos —como veremos más adelante— que la autoridad regional logrará la modificación de la ley para que se queden con sus tierras.

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¿Qué pasó el 1 de setiembre?

En este hecho que tiene características de crimen organizado murieron Elías Gamonal Mozombite, Jorge Calderón Campos, Orlando Murillo Mendoza, Feliciano Córdova Abad y sus hijos Alcides Córdova López y José Edil Córdova López. Ellos fueron torturados y luego ultimados con disparos de escopeta. No fueron los únicos que estuvieron en la zona ese día, pero sí los únicos que se quedaron después que terminaran su jornada en el territorio en disputa.

Es jueves 14 de setiembre. Han pasado dos semanas desde la matanza y en una mesa de un restaurante ubicado en la carretera de entrada al distrito de Campo Verde, ubicado a 40 minutos de Pucallpa, Edgar Royser Tineo Sánchez cuenta lo que pasó el 1 de setiembre.

Ese día escapó de la muerte. Con una herida de bala en el muslo y otra en el brazo corrió para esconderse de sus perseguidores entre los matorrales. Se ocultó durante horas desde las 7 de la noche hasta el amanecer. “Me siguieron como por dos kilómetros. Había luna y yo he corrido, yo sé caminar monte”, explicó.

“Estábamos en faena, era como 5:30 de la tarde y ellos (los fallecidos) tenían que regresar a su campamento en el río. El resto salíamos hacia Campo Verde cuando escuchamos disparos, entonces, mando a dos personas para que vean qué sucede. Regresa Peña y nos dice: han matado a todos los gatos, así les decíamos por sus ojos verdes”.

Fueron unas 13 personas armadas que llegaron para acribillarlos —explicó Royser—, quien con otro de los jornaleros decidió regresar para ayudar a los posibles heridos. Esperaron hasta a las 7:30 de la noche para acercarse al campamento. “En el lindero hay una curva. Había personas, ‘promo’ le digo, ‘promo cómo está la gente’ me dice. Avanzo y en eso ‘pum’ me ponen la escopeta en la cabeza. Lo empujo y corro; ahí me disparan, me han disparado por la cabeza, por todos lados”. Su acompañante no logró huir y fue una más de las víctimas del asesinato.

Este relato de lo sucedido esa tarde en medio del bosque Amazónico se mezcla con explicaciones del porqué estas seis personas fueron asesinadas. La historia, nos conduce por un enredado esquema de tráfico de tierras en la Amazonía.

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La tierra prometida

Los familiares de Orlando Murillo Mendoza, uno de los fallecidos, llegaron desde San Martín. En la casa de Pucallpa en la que me citan están sus hermanas Euralia y Maruja, su viuda Amalia Peña y su hija Estrella Murillo Peña. Con ellas me esperan Edgar Royser Tineo Sánchez, Juan Carlos Ruiz Burillo, José Castillo Segura —quienes se habían instalado en la zona en conflicto para tomar posesión de las tierras de Segundo Gamarra, por invitación de este— y Óscar Antonio Vásquez Vásquez, este último Coordinador Distrital de las Rondas Campesinas en Nueva Requena.

Euralia me dice que llegaron de Uchiza, departamento de San Martín, en busca de tierras para trabajar. José Castillo la interrumpe para explicar que fueron invitados por Segundo Gamarra, con el fin de ayudarlo a recuperar nuevamente los terrenos que le habían sido arrebatados. Llegaron hace cuatro meses —contaron— y se instalaron en la zona del conflicto.

“Nosotros hemos entrado a un proyecto de reversión de tierras —explicó José—. Somos 19 asociaciones reunidas en una federación de reversión de tierras. El fin es que se revierta los bosques de producción permanente para usarlos en agricultura, de esa forma, nosotros podremos tener constancia de posesión o título de propiedad”, aseguró Castillo quien mencionó que han formado la Asociación Bello Paraíso con un total de 60 personas para reclamar esta parte del bosque.

Un par de horas después, en su oficina, Isaac Huamán Pérez, director Regional de Agricultura de Ucayali, confirmó los planes que tiene para conseguir que por lo menos 300 000 hectáreas de bosques amazónicos de Ucayali, catalogados como BPP, dejen de serlo y se declaren aptos para la agricultura, la ganadería o la agroforestería.

La explicación que ofrece Huamán Pérez se sustenta en que antes de que el Estado definiera qué territorios amazónicos tenían que ser bosques de producción permanente, parte de estos ya estaban ocupados. Recuerda que en el año 2002 se delimitaron más de 3 millones 500 mil hectáreas de BPP en Ucayali. Por ello, su propuesta es que todas las hectáreas de BPP ocupadas antes del 2002 sean excluidas de esta categoría y se conviertan en tierras destinadas a la agricultura, ganadería o agroforestería. Es más, propone también que los bosques que han sido ocupados a partir del 2002 se entreguen en forma de concesión por al menos 40 años.

El propósito de ganarle terreno a los bosques parece estar coordinado. Por un lado, la propuesta para la reversión de bosques por parte de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) que, según Huamán, ya ha sido elevada al Gobierno Regional de Ucayali y debe ser enviada al Congreso de la República.

Por otro lado, la creación de la llamada Coordinadora Regional de Cuencas Afectadas por el BPP, que de acuerdo a las propias palabras de Huamán, está siendo impulsada por su dirección. A ello se suman las asociaciones agrícolas y forestales de reciente creación como el caso de Campo Verde y Bello Paraíso. Así como se presentan las cosas, en la región Ucayali se está planificando la desaparición de 300 000 hectáreas de bosques y son las mismas autoridades regionales las que están propiciando la invasión masiva de sus bosques.

“Si esta propuesta de ley avanza, las beneficiadas no serán estas seudo comunidades, sino quienes quieren apoderarse de los bosques ya sea para palma o para arroz o para lo que quieran. Ese es el peligro, nos van a destruir la selva”, dice con preocupación el consejero regional Rómulo Javier Bonilla Pomachari.

Para Bonilla, esta ha sido la causa de estas muertes, pues la gente, aunque tenga posesión ilegal, está protegiendo su bosque con la promesa de que los van a titular o recibir una concesión que luego podrán negociar en el lucrativo negocio de comercialización de terrenos. Este esquema de acaparamiento de tierras se presenta bajo la intención de favorecer a pequeños agricultores, pero el propósito de fondo sería la apropiación de grandes extensiones de bosques. “Están impulsando el acaparamiento de tierras para las transnacionales. Al final quedarán en pocas manos”, asegura el consejero regional.

Imagen principal: Yvette Sierra Praeli

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.