(Mongabay Latam/Barbara Fraser).- Comunidades indígenas asentadas en las inmediaciones de uno de los principales lotes petroleros de la Amazonía peruana amenazan con ocupar las instalaciones si el gobierno no acepta realizar una consulta previa antes de volver a licitar el lote. Los dirigentes le dieron al gobierno un plazo de 20 días luego que se suspendieron las negociaciones en Lima el 23 de agosto.

Otro de los reclamos de los líderes indígenas está relacionado con la remediación de la contaminación acumulada durante más de 40 años de producción petrolera en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

Asamblea comunal cuando Fediquep decidió la protesta por la remediación ambiental. Foto: Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).

 

Durante décadas se arrojaron toneladas de plomo, bario, cadmio, cromo y otras sustancias tóxicas a los ríos y arroyos del sector petrolero del norte de la Amazonía peruana, a veces a niveles que exceden lo que ahora son los límites máximos permisibles, según un reciente estudio.

Esta investigación destaca los riesgos para la salud a los cuales miles de personas, principalmente pobladores indígenas, que viven a lo largo de los ríos han estado expuestas desde que comenzó la producción de petróleo en la zona en los años setenta.

El análisis, que utilizó mediciones de monitoreos realizados por agencias gubernamentales y las empresas petroleras, destaca la gravedad de la contaminación a largo plazo generada por las aguas de formación —calientes, saladas y cargadas con metales extraídos de los pozos petroleros— dijo Martí Orta-Martínez de la Universidad Erasmus de Rotterdam y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​coautor del estudio.

Durante décadas, esas aguas se descargaron directamente a ríos o quebradas, sin ningún tratamiento.

“Es la primera vez que se confirma científicamente el efecto de las aguas de formación en la calidad del agua de los ríos amazónicos”, dijo Orta-Martínez.

Los investigadores también encontraron inconsistencias en los datos de medición analizados que evidenciarían ciertas deficiencias en el sistema de monitoreo ambiental del Perú. Su análisis apunta también a la necesidad de realizar mayores estudios, señaló Orta-Martínez.

Investigaciones anteriores han demostrado que existen altos niveles de plomo y cadmio en la sangre de las personas que viven cerca del área petrolera —Bloque 8 y Bloque 192, que fue conocido como 1AB durante los años cubiertos por la nueva investigación. Otras investigaciones han mostrado altos niveles en sedimentos, agua y peces.

Este es el primer estudio publicado que calcula la cantidad de contaminantes en aguas de formación de los dos campos petroleros, los cuales abarcan los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. Estos ríos son tributarios del río Marañón, que se une al Ucayali para formar el Amazonas cerca de la ciudad peruana de Iquitos.

Al escarbar en los suelos amazónicos aún se encuentran rastros de petróleo. Foto: Milton López.

Primeros resultados

El estudio encontró las mayores concentraciones de tóxicos en arroyos y afluentes de los ríos. Esas pequeñas vías fluviales son a menudo la principal fuente de agua de los pobladores y la mayor cantidad de agua de formación fue vertida al río Tigre y al río Corrientes.

Para medir la contaminación por aguas de formación, los investigadores compararon datos de muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo, y desde el punto donde el agua fue descargada. Las concentraciones aguas abajo fueron generalmente más altas.

Los datos utilizados para este estudio se tomaron de informes emitidos por agencias gubernamentales encargadas del monitoreo de la calidad del agua, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Regulador de Energía y Minería (Osinergmin) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). También se analizaron informes de monitoreo de las tres compañías petroleras que operaron en los dos bloques entre 1987 y 2013 —Occidental Petroleum, Pluspetrol y Petroperú, la petrolera estatal.

Un pozo de petróleo de la Estación Andoas. Fotografía de Milton López.

El análisis de las mediciones se complicó por la falta de datos o inconsistencias en los datos de los informes originales, según los investigadores. Por ejemplo, aunque las regulaciones peruanas requieren que se tomen muestras a 500 metros aguas arriba y a 500 metros aguas abajo de un punto de descarga, algunas muestras se tomaron a una distancia mayor, 36 kilómetros más abajo en un caso.

En base a los datos de las agencias gubernamentales, los investigadores calcularon que hasta 5 toneladas métricas de plomo, 0.3 toneladas métricas de cadmio y 370 toneladas métricas de bario se habrían vertido a los ríos en el 2008, además de cloruro y otros metales, como cromo y cromo hexavalente.

El plomo es un metal pesado neurotóxico que puede afectar el hígado y los riñones y causar problemas gastrointestinales, cognitivos y de desarrollo. Ningún nivel de plomo se considera seguro para los niños, que son especialmente susceptibles, según el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, situado en Atlanta, Georgia.

Según el CDC, algunas formas de bario se asocian con problemas gastrointestinales y debilidad muscular. El cadmio puede causar problemas gastrointestinales, y la exposición a largo plazo puede afectar los riñones, pulmones y huesos. El cromo hexavalente es cancerígeno y puede causar irritación del estómago y la piel, además de anemia, sostiene el CDC.

Diana Papoulias, bióloga ictiologa de la consultora E-Tech International, con sede en EE.UU., que trabaja con las federaciones indígenas en las cuencas afectadas, es más cautelosa al hablar de los volúmenes de metales que se estima que habrían sido descargados a lo largo del tiempo. Los protocolos utilizados por diferentes entidades estatales para hacer mediciones no siempre han sido comparables, y el monitoreo de parte de las empresas no siempre habría sido confiable, según Papoulias, especialista en toxicología acuática, quien trabaja con los monitores indígenas en las cuencas afectadas.

Magnitud de la contaminación

Sin embargo, el estudio resalta el enorme volumen de agua contaminada que se descargó al ambiente durante décadas, “especialmente a las quebradas, que son los lugares donde vive la gente, y que son importantes para la vida acuática y la vida humana”, dice Papoulias, quien está realizando un estudio de peces con los monitores indígenas.

Infografía que ubica los pasivos ambientales y sitios contaminados en el lote 192. Foto: Puinamudt.

Las cantidades calculadas en el estudio se registraron en el 2008, un año antes de que Pluspetrol, la empresa con sede en Argentina que operaba la concesión petrolera en ese tiempo, comenzara a reinyectar las aguas de formación a los pozos en lugar de descargarlas a los ríos. Sin embargo, en los últimos años han brotado afloramientos de agua salada, indicando posibles filtraciones de los pozos de reinyección que podrían volver a contaminar el ambiente. “Esos pozos se están acercando al final de su vida útil, se están llenando”, dijo Papoulias. “No queremos que el problema se repita”.

El agua de formación es a menudo muy caliente —el estudio reporta temperaturas cercanas a la ebullición— y contiene sal disuelta y metales, así como algunos hidrocarburos. Esas sustancias han sido derramadas en el medio ambiente desde que los campos petroleros comenzaron a producir en los años setenta (hasta el 2009).

A comienzos de 2006, el Perú comenzó a exigir a las compañías petroleras que reinyecten las aguas de formación en pozos vacíos. Sin embargo, debido a que esta regulación no fue de carácter retroactiva, no se aplicó esta normativa a los bloques 1AB y 8, los dos mayores campos petroleros de la Amazonía peruana.

En octubre de 2006, manifestantes Achuar se apoderaron de las instalaciones de Pluspetrol en la cuenca del río Corrientes en Loreto. Una de sus demandas era la reinyección al subsuelo de las aguas de formación. Pluspetrol aceptó y completó el trabajo en el 2009. Desde ese año, las concentraciones de metales en los ríos habrían disminuido, pero los contaminantes pueden persistir en suelos y sedimentos.

Se calcula que más de 40 000 personas —principalmente indígenas achuar, quechua, kichwa, urarina y kukama— viven a lo largo de los ríos cercanos a los campos de petróleo. Hasta hace poco, los ríos, arroyos y lagos eran su única fuente de agua para beber, cocinar, lavar, bañarse y recreación.

En el 2015, como resultado de un acuerdo firmado entre el gobierno y las federaciones indígenas del Bloque 1AB, el cual fue renombrado como “Lote 192” ese año, el Estado comenzó a instalar plantas temporales de tratamiento de agua en algunas comunidades. Sin embargo, la mayoría todavía carece de un suministro de agua seguro.

El estudio plantea preguntas sobre los impactos a la salud a largo plazo que los contaminantes vertidos en los cursos de agua presentan desde la década del setenta. El peligro es que las pruebas toxicológicas realizadas ahora puede que no reflejen los impactos de décadas de exposición. Y el problema se ve agravado por la falta de estudios anteriores que reúnan datos fiables sobre la salud.

Río Tigre en la región de Loreto. Foto: Tim Baker.

Debido a que los niveles de contaminantes en los ríos disminuyeron después de que Pluspetrol comenzó a reinyectar el agua de formación en el subsuelo, es probable que los niveles de metales como el plomo y el cadmio en los seres humanos también se hayan reducido, dijo Orta-Martínez.

Esto significa que las muestras de sangre y orina recolectadas como parte de un estudio toxicológico realizado por el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS) a mediados del 2016, cuyos resultados aún no se han publicado, podrían no reflejar el impacto completo de décadas de exposición a tóxicos para personas que nacieron antes de 2009, cuando el sistema de reinyección fue terminado.

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