(Mongabay Latam/Maurício Torres y Sue Brandford).- El 11 de julio, el presidente Michel Temer promulgó una importante nueva ley (MP 759) que abre el camino a los usurpadores de tierras, quienes han ocupado ilegalmente y deforestado amplias áreas públicas amazónicas, para que las legalicen. Los cambios introducidos por esta ley harán que a los adinerados usurpadores (incluidos aquellos que ocuparon tierras de manera ilegal hasta no hace mucho) les sea más fácil —y más barato— conseguir derechos de propiedad sobre zonas extensas.
La ley se sancionó en un momento de drásticos recortes de los fondos de los organismos gubernamentales reguladores claves, tales como el instituto ambientalista IBAMA, el instituto de reforma agraria INCRA y la fundación del indígena FUNAI.
Deborah Duprat —fiscal de los Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (PFDC)—, cree que la nueva ley —que posiblemente aliente a los usurpadores de tierras—, en combinación con los enormes recortes en los organismos de ejecución, podría conducir a Brasil a un período de anarquía y disturbios.
“Entre los numerosos elementos inconstitucionales, la MP 759, aprobada en el medio de protestas, transfiere a manos privadas una inmensa reserva de tierras públicas”, dijo Duprat. “Debido a esto, las diversas políticas que garantizan la tierra para los pueblos, el medioambiente y las unidades de conservación se van a ver comprometidas en su totalidad. Tenemos que prepararnos para una situación en el campo, donde la violencia —como resultado de la falta de políticas públicas— aumentará de manera exponencial”, comentó Duprat.
Se espera que, en particular, zonas remotas de la Amazonía resulten perjudicadas. Los expertos temen que la aprobación de la MP 759 acelere en gran medida la deforestación.
la selva amazónica se ve seriamente amenazada por la aprobación de la MP 759 por parte de Temer. Foto: sara y tzunky mediante Visual hunt / CC BY-NC
La nueva ley adoptó la forma de una medida provisional, MP 759/2016, propuesta por la Administración, aprobada por el Congreso y firmada por Temer. A pesar de las importantes repercusiones que se esperan, llamó poco la atención de los principales medios de comunicación, en gran parte, debido al actual alboroto político en Brasilia, que está dominando las noticias.
El presidente Temer firmó la medida el mismo día que el juez Sergio Moro sentenció al expresidente Lula a casi diez años de prisión por corrupción en base a lo que muchos ven como una prueba poco sólida. El anuncio de la condena de Lula, mientras alejaba la atención de la MP 759, también silenció las protestas de los sindicatos sobre una enorme erosión de los derechos laborales que estaba siendo aprobada por el Senado. Todo esto, además, ayudó a demorar la votación de una Comisión Parlamentaria con respecto a las graves acusaciones de corrupción a las que se enfrenta Temer.
La MP 759 altera Terra Legal, un programa anunciado como un medio que posibilita que las familias campesinas sean propietarias de sus pequeños terrenos, incluso cuando ya existe una legislación para este fin. Incorporada en 2009 bajo la presidencia de Lula, Terra Legal tiene, de hecho, grandes agricultores consolidados: aunque los campesinos constituyen el ochenta y cinco por ciento de los beneficiarios del programa, estos han conseguido solo el diecinueve por ciento de la tierra. El resto ha ido, en su mayoría, a la adinerada élite.
Los cambios significativos a Terra Legal, algunos introducidos en una etapa tardía por el relator de la ley, el senador Romero Jucá, facilitarán aún más el robo de tierras. La ley incluye un aumento en el tamaño máximo de las ocupaciones individuales de terrenos, que pueden ser regularizadas de mil quinientas a dos mil quinientas hectáreas. Este cambio hará más fácil que los usurpadores de tierra ganen control sobre áreas mayores, en especial, dada la habitual práctica de los laranjas (literalmente naranjas o “títeres”), quienes registran los terrenos a nombre de ellos, pero, en realidad, se los entregan a los usurpadores.
Ocupación de campesinos sin tierras, cerca de la autopista BR 163 y del pueblo Novo Progresso, en el estado de Pará, Brasil. El programa Terra Legal, modificado hace poco y aprobado por el presidente Temer, les dará a los grandes terratenientes una oportunidad de aumentar de forma considerable sus terrenos, lo que posiblemente llevará a una importante conversión de la selva en tierras de cultivos y pastoreo. Foto: Thais Borges.
También se teme que la nueva ley tenga un impacto negativo en los acuerdos de reforma agraria de Brasil, muchos de los cuales se crearon debido a la presión del mundialmente conocido Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil.
Gerson Teixeira, perito agrario, dijo que la nueva ley eliminará la condición que permitió a las familias campesinas demorar el pago de sus terrenos hasta que la tierra contara con una infraestructura adecuada. “La mayoría de los asentamientos se encuentra en condiciones precarias —comentó Teixeira—. No tienen créditos rurales o infraestructura. Algunos tienen veinte años y ni un solo pozo”.
Teixeira agregó que, si estas familias deben comenzar a pagar sus terrenos de manera inmediata, muchas no tendrán otra opción más que vender porque, sin créditos rurales ni caminos apropiados, no pueden sacar beneficios de la agricultura. “Los grandes propietarios quieren agarrarse los ochenta millones de hectáreas otorgados por la reforma agraria. Hacerles pagar los terrenos a los campesinos le dará a la agroindustria lo que quiere: tierras en venta. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, de la Universidad de San Pablo, cree que las políticas actuales, incluida Terra Legal, levantarán la moral de los usurpadores, lo que los alentará a formar algunas de las propiedades rurales más grandes registradas en la historia de la humanidad”.
El Gobierno insiste en que el objetivo principal de la nueva ley es ordenar la caótica situación de las tierras en Brasil. “Nuestra meta es simplificar los procedimientos ineficientes y reducir el papeleo”, comentó Eliseu Padilha, jefe de Gabinete. “Con el nuevo programa, el Gobierno convertirá a millones de brasileños en ciudadanos”.
El senador Romero Jucá dijo que el Gobierno estaba saldando una “deuda histórica” con las miles de familias que habían migrado a la Amazonía en las décadas de 1970 y 1980 y que nunca recibieron el título de propiedad que se les había prometido.
Sin embargo, de acuerdo con Brenda Brito, quien tiene un doctorado en leyes de la Universidad de Stanford y trabaja ahora en la ONG brasileña Imazon (Instituto del Hombre y del Medioambiente de la Amazonia), la argumentación es débil porque no se necesita de la nueva ley para dar a las familias estos títulos.
Área de selva amazónica deforestada ilegalmente por la banda de usurpadores de tierras A. J. Vilela, cerca de la reserva indígena Baú. Con la nueva ley, será mucho más fácil y barato apropiarse de las tierras. Foto: cortesía de la Dirección de Protección Ambiental de Brasil (Diretoria de Proteção Ambiental – IBAMA).
Según Brito, los verdaderos motivos del Gobierno se pueden encontrar en dos cambios introducidos por la nueva ley. El primero es modificar la fecha límite después de la cual no se pueden registrar las tierras, de diciembre de 2004 a diciembre de 2011. “Aquellos que invadieron terrenos públicos luego de la aprobación de la Ley 11952 lo hicieron sabiendo que era ilegal y, por lo tanto, cometieron el delito de invasión de propiedad pública, establecido en el artículo 20 de la Ley 4947/1966. Al extender la fecha al año 2011, la MP otorga, en la práctica, una amnistía para este delito”.
El segundo cambio es consolidar el sistema mediante el cual el Gobierno ofrece un generoso subsidio para la venta del terreno. A decir de Brito, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (Tribunal de Contas da União) ya había informado de que las tarifas fijadas por el programa Terra Legal eran irrisorias e infringían la ley. Sin embargo, ella dice que la nueva ley continúa con el viejo sistema: “Solo para dar un ejemplo, una hectárea en el distrito de Paragominas, en el estado de Pará, tendría un precio de mercado de hasta 10000 reales (3120 dólares), pero, con las reglas de la [nueva] MP, el Gobierno cobrará solo 45 reales (14 dólares)”.
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