(Mongabay Latam/Isabel Riofrio).- En camino hacia el Cuartel de Policía, ubicado en la ciudad de Loja de la provincia que lleva el mismo nombre, los 26 detenidos indígenas de la localidad de Saraguro iban esposados, con las manos hacia atrás, y con la vista al suelo. Las 12 mujeres tenían rotos sus anacos (faldas tradicionales) y el resto de sus prendas de vestir. Su cabello estaba totalmente revuelto por el forcejeo que se dio con los policías. Los hombres estaban igual o peor, con sus camisas y sacos rotos, sangrando y con raspones en las mejillas y la espalda. “Esa es una imagen de las películas, que uno nunca piensa que va a ver”, recordó Karina Monteros, activista de la organización política Asamblea de los Pueblos del Sur, apresada junto a sus compañeros durante las marchas de agosto de 2015 en el sur del país. “Como saben decir, estábamos uno peor que otro”.

El 13 de agosto de 2015, la comunidad indígena de Saraguro se unió al llamado de levantamiento nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), puntualmente, para exigirle al gobierno una educación intercultural y expresar su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Infiernillo y al de minería a cielo abierto, Fierro Urco, que amenazan cerros, páramos y fuentes de agua de la zona Saraguro, explicó Monteros. “Todas las jornadas durante cuatro días, hasta el día 17 de agosto, se realizaron en absoluta paz, sin ningún inconveniente”, aseguró Monteros en una conversación con Mongabay Latam. Sin embargo todo cambió alrededor de las diez de la mañana cuando 3000 efectivos, entre policías y militares, llegaron a Saraguro, parte del cantón Loja, para controlar la protesta que hasta ese momento había logrado convocar a 350 personas.

Los dirigentes, relató Monteros, al ver la cantidad de policías que se acercaban, llamaron a los mandos con un megáfono para conversar y coordinar acciones que eviten un problema de violencia y para que comprendieran la razón de la protesta. “En segundos se escucha la orden de militares o policías, no se podría identificar, y lo que dicen es ataque y avancen”, narró Monteros. Lo que vino después, según la activista, fue que los policías ingresaron a las comunidades para sacar de ahí a hombres y mujeres de todas las edades.

Esta es la razón por la que los habitantes de la comunidad de Saraguro han decidido respaldar a la CONAIE, que ha presentado a la presidencia y a la Asamblea Nacional un listado con los nombres de 197 activistas y líderes indígenas que sostienen han sido criminalizados por su participación en distintas protestas sociales. Esta campaña lleva por nombre Amnistía Primero y, según Jorge Herrera, Presidente de la CONAIE, lo que se busca es conseguir la amnistía para 177 personas y el indulto para 20. Los delitos por los que han sido acusados se repiten en la mayoría de casos: ataque y resistencia, incitación a la discordia o paralización de servicios públicos. La organización indígena espera que el gobierno de Lenín Moreno dé respuestas concretas a su pedido luego de cortar por diez años el diálogo con el Estado.

Monteros y sus 25 compañeros estuvieron apresados 16 días en la Cárcel de Loja y posteriormente dos de ellos, Luisa Lozano y Servio Angamarca, fueron sentenciados a cuatro años de prisión, decisión que su defensa logró revocar. Otras tres personas fueron sentenciadas poco después, entre las que se encuentra la activista política. Todos fueron condenados a pagar una multa de 3500 dólares cada uno para indemnizar a la policía por el material antidisturbios que utilizó, también a pedir disculpas públicas en un medio masivo de comunicación de Loja y Cuenca, además tuvieron que recibir un curso durante tres sesiones para dejar de ser una amenaza interna para la seguridad del país y, finalmente, cumplir con alrededor de 249 horas de trabajo comunitario. “Nosotros calificamos que era una sentencia de miedo y humillación”, dijo. Ahora están apelando en la última instancia judicial.

Francisco Hurtado, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, explicó en una entrevista con Mongabay Latam que el 80 % de los casos están siendo juzgados bajo el delito de ataque y resistencia, tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e incluido en la sección de delitos contra la eficiencia de la administración pública, donde también figuran los de peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros. “Bajo la constitución estos (delitos) no pueden ser amnistiados”, dijo Hurtado refiriéndose a la figura de ataque y resistencia, y luego se preguntó si el Estado va a mantener estos tipos penales, usados durante el gobierno de Rafael Correa, que fueron empleados para controlar a la oposición y frenar la búsqueda de reivindicaciones políticas vinculadas al respeto de los derechos humanos.

“La idea del derecho penal es que no puede ser ambiguo”, aseguró Hurtado. “Tiene que estar muy claro qué es lo que hago y por qué eso significa un delito”, y añadió que cuando se establece el tipo de ataque y resistencia hay varios errores jurídicos, ya que el ataque y la resistencia son de por sí figuras jurídicas distintas. El de atacar es una forma activa y el de resistir una pasiva. La CONAIE tiene planeado presentar una demanda para declarar la inconstitucionalidad del artículo 283 y acabar con estas figuras ambiguas que han permitido la criminalización. Y Hurtado agregó que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que en todos los países de la región hay procesos de criminalización de este tipo y exige a los Estados que archiven los procesos, y que liberen a las personas privadas de libertad.

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