(Mongabay Latam/Rodrigo Soberanes).- Cada madrugada los pescadores de Punta Lobos salen en sus lanchas a altamar para perseguir algún barco camaronero y darles pan, galletas y refresco a los tripulantes a cambio de cabezas de camarón para utilizarlas como carnada.

Lo hacen por necesidad, en el fondo aseguran que preferirían no depender de ello. Los barcos suelen llegar a las playas de Todos Santos, en Baja California Sur, desde el vecino estado de Sinaloa y practican la pesca de arrastre, lo que implica que se llevan toneladas de camarón y también de crías de pez lenguado, la especie que los pescadores artesanales trabajan y protegen.

Las cabezas de camarón son para los pescadores y los lenguados pequeños vuelven muertos al mar. Por eso, durante décadas, los integrantes de la Cooperativa Punta Lobos han visto cómo se tiran por la borda toneladas de peces muertos y lo han comentado con enojo en sus ratos de descanso por las tardes, cuando termina la jornada.

Pero este es hoy el menor de sus problemas: el gobierno mexicano aprobó en 2013 la construcción de un hotel en la playa Punta Lobos y el abogado que los defendía, John Moreno Rutowski, ha sido encarcelado en plena contienda legal contra la empresa que desarrolla el proyecto.

En el 2004, muy lejos de ahí, en Colorado, Estados Unidos, el Grupo Black Creek gestó una multimillonaria sociedad de negocios inmobiliarios a la que denominó Limited Partnership Interests in Black Creek México Residential Fund, LP para hacer inversiones “principalmente en México”, como lo dejaron en claro en la Security and Exchange Comission, la institución que vigila que se cumplan las leyes en los mercados de valores de ese país.

Era el principio de una historia que se uniría con la de los pescadores y que ahora está cambiando el paisaje y la vida del tranquilo pueblo de Todos Santos, un rincón de hombres de mar, comerciantes y turistas estadounidenses ubicado frente a un santuario de ballenas y playas aptas para el surf. Pero también una historia de argumentos legales, desplazamientos, desaparición de recursos naturales, lujo, protestas, desalojos violentos, detenciones y encarcelamientos.

La playa que ha sido el lugar de trabajo de los pescadores —calculan que sus padres y abuelos trabajan ahí desde hace 100 años—, así como el manglar y los humedales están siendo reemplazados por el hotel San Cristóbal que forma parte de un desarrollo turístico del Grupo Black Creek, cuyo lema principal es “el epicentro del bienestar”. La empresa planea construir 4472 viviendas en 25 años (Todos Santos tiene menos de 6500 habitantes), un tanque para almacenar 400 000 litros de agua y dos hoteles boutique, como el de la playa Punta Lobos.

“Después de toda una vivencia de trabajo, de la noche a la mañana aparece este megadesarrollo Tres Santos diciendo que es dueño de todo y nos avisa el gobierno que ya no tenemos nada”, lamentó Rosario Salvatierra, uno de los pescadores más veteranos de Punta Lobos.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto Tres Santos en 2013. Pero la Cooperativa Punta Lobos decidió pelear por su concesión de pesca con la ayuda del abogado John Moreno Rutowski.

“Nosotros le dijimos ‘mira John, queremos que tu nos ayudes’, él dijo ‘sí, yo le entro’”, contó Rosario Salvatierra en la playa Punta Lobos.

John Moreno —de nacionalidad mexicana y estadounidense— aboga para que la Cooperativa entre en un litigio para la delimitación de la propiedad privada y para que la zona federal se establezca conforme a sus derechos históricos y título de concesión que les otorga a sus representados la posibilidad de pescar en ese lugar.

El pasado 19 de mayo, tras más de dos años de litigios, Moreno fue detenido en Todos Santos al salir de su oficina. El abogado fue llevado a la cárcel de La Paz, capital de Baja California Sur, acusado de “despojo” por un caso archivado en 2014 en el que defendió a Joella Corado, una joven también de doble nacionalidad que buscaba recuperar un predio que sus padres le heredaron en Todos Santos.

El caso estaba cerrado “por no ejercicio de acción penal”, es decir, el Ministerio Público determinó en ese momento que no había elementos suficientes para continuar con la denuncia interpuesta por la otra parte, la persona que decía tener en su poder la propiedad familiar de Joella Corado. Pero tres años después, sin un motivo real aparente, revivió con un nuevo número de causa el proceso, según el abogado Arturo Rubio, defensor de Moreno.

Los pescadores, con nula experiencia previa en pleitos legales contra empresas tan grandes como Black Creek, tienen depositadas sus esperanzas en John Moreno que además de sus conocimientos legales, tiene un perfil que calza con la ideología de los trabajadores del mar.

Moreno Rutowski es un litigante de Todos Santos con rango de jefe en la tribu Siux Lakota y con un amplio bagaje de oposición a proyectos que atentan contra el medio ambiente.

“Mis raíces, las creencias de mi etnia, del pueblo que me ha adoptado se encuentran íntimamente relacionados con la tierra, la madre naturaleza y profesan y siguen un principio que es que la tierra no es de nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra y la tenemos que cuidar y proteger. Esa es nuestra obligación”, dijo John Moreno en una entrevista exclusiva concedida a Mongabay Latam, desde el locutorio de la prisión.

“Ahora tenemos a nuestro asesor jurídico en la cárcel”, se lamentó Salvatierra en Punta Lobos.

Desde sus oficinas de Todos Santos, Elena Moreno, madre de John, dijo que la experiencia en la cárcel de su hijo forma parte de “su camino” y él lo tiene asumido así.

“No, yo considero que esta va a ser una experiencia de vida, lejos de hacer que yo desista, me está fortaleciendo mis convicciones”, dijo Moreno, con las manos en alto colocadas sobre la rejilla.

El camino a la cárcel

Un antecedente que causó enojo entre la opinión pública de Baja California Sur —incluyendo a ciudadanos norteamericanos— es la forma en que ocurrió la detención de Moreno.

La Fiscalía de Baja California envió a tres agentes, que John Moreno conoce, a detenerlo. No le mostraron una orden, sino que le pidieron su colaboración voluntaria. “Me subieron a la unidad y no fue hasta que me trasladaron a la Procuraduría de Justicia que me informaron el motivo de mi detención”, contó Moreno.

Lee aquí el reportaje completo.

Portada: El abogado John Moreno, ubicado a la izquierda de la fotografía, lleva más de 48 días en prisión. Cortesía de BajaSurTV.

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