(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).-  Para saber cuántos proyectos REDD (Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación de los bosques) existen en Perú hay que recurrir a bases de datos internacionales como el Servicio de Información Financiero Markit o el Programa VCS (Verified Carbon Standard), que se encarga de verificar y certificar si estos proyectos cumplen con su propósito de reducir o dejar de emitir carbono al ambiente. 

El mecanismo REDD fue ideado como una medida mundial para luchar contra el cambio climático —establecido en el Plan de Acción de Bali, en la COP 13, en el año 2007— y permite recibir compensaciones económicas a aquellos países que reduzcan sus emisiones de carbono provenientes de la desaparición de sus bosques. Para ello, se creó un mercado de bonos o unidades de carbono, que empezó a funcionar de manera voluntaria más o menos desde el año 2008. Con el tiempo, este sistema pasó a denominarse REDD+ (plus), un enfoque más amplio que, además de lo mencionado, contempla la conservación de las reservas de carbono, la gestión sostenible de bosques y el aumento de las reservas forestales.

En Perú, los primeros proyectos REDD surgieron alrededor del año 2008, y pese a que ya llevan casi una década, actualmente no está disponible un registro nacional oficial que dé cuenta de ellos.

Entre 2015 y 2016, el Ministerio del Ambiente de Perú (Minam) elaboró el Registro Nacional REDD+, el mismo que presentó en versión piloto en la COP21 en París, y que también estuvo disponible en la website del ministerio hasta el mes de abril. Ahora, esta información ya no es pública.

Según el documento ‘Elementos estratégicos de la implementación de REDD+ en el Perú’, publicado por el Ministerio del Ambiente en mayo de 2015, “el propósito del registro es permitir un mejor control del Estado de los procesos políticos y fiscales vinculados a REDD+, y efectuar una contabilidad general y transparente del carbono”. Es decir, debe ser la plataforma que contenga información sobre las iniciativas y proyectos que potencialmente cumplan con el objetivo de reducir estas emisiones, y debe incluir sus jurisdicciones, los operadores, los créditos obtenidos, su uso en transacciones, entre otras especificaciones.

Sin embargo, las modificaciones que se puedan estar dando en este registro es solo una de las varias preocupaciones que está generando el proceso para la creación del mecanismo nacional de REDD+ en Perú, sobre todo porque las iniciativas que se desarrollan en el país desde hace casi una década no tienen claro cómo funcionarán una vez establecido un sistema nacional.

Hasta ahora, los proyectos REDD+ se realizaban de manera voluntaria y eran desarrollados, principalmente, por organizaciones privadas en coordinación con los gobiernos. Sin embargo, en los últimos años, en las conferencias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) —y principalmente a partir del Marco de Varsovia (Polonia), de la COP 19, del año 2013— quedaron establecidas las modalidades para medir, reportar y verificar la reducción de sus emisiones, definiéndose cómo desarrollar los cuatro elementos claves para la implementación de REDD+.

Fue así como el gobierno peruano inició el proceso para la creación de un mecanismo nacional, el mismo que según se indica en el documento publicado por el Ministerio del Ambiente en mayo de 2015 “cuenta con vastas experiencias con la implementación de REDD+ en diferentes escalas y niveles, que vienen integrándose a través de un enfoque establecido para formar el marco nacional de REDD+”.

Tatiana Pequeño, directora de Desarrollo Institucional del Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), que concentra su trabajo en el Parque Nacional Cordillera Azul, le explicó a Mongabay Latam por qué lamenta que ya no esté disponible este registro, tomando en cuenta que varias instituciones como CIMA colaboraron para construirlo. “(Minam) nos pidió mucha información, pero cuando salió el registro había datos que no correspondían, por ejemplo, Althelia figuraba como implementador de nuestro proyecto cuando en realidad lo hace CIMA. No sabemos cómo llegaron esos datos errados. Después, el registro desapareció de la página web”.

Pero esta es solo una de sus preocupaciones, quizá la menor de ellas. Sus mayores dudas se centran en que hasta hoy no se sabe cómo serán considerados los proyectos REDD+ que desde hace 10 años vienen implementando, de manera voluntaria, organizaciones privadas en Perú.

La especialista de CIMA explica que el principal problema es alinear los niveles de referencia sobre la deforestación y la reducción de emisiones establecidos por el gobierno peruano con las mediciones que hasta ahora han aplicado las iniciativas privadas. “La actual gestión ha aceptado que nuestros proyectos formen parte del nivel de referencia, pero hay que ver cómo, porque hay variaciones que dependen mucho de las metodologías utilizadas, incluso de las áreas que han sido evaluadas. Ahí se está presentando un entrampamiento. Vamos a ver qué tan difícil resulta acoplar esto”, explicó Pequeño.

Tampoco —indica Pequeño— se ha definido el mecanismo financiero para la distribución de beneficios. Los fondos que recibe CIMA por su proyecto REDD+, por ejemplo, se destinan para la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul, a través de un convenio de administración firmado con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), que incluye además la zona de amortiguamiento donde existen comunidades y centros poblados.

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Portada: Parque Nacional Cordillera Azul. Montañas Mananshahuamana en el río Pisqui. Foto: Álvaro del Campo – CIMA.

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