(Mongabay Latam / Daniela Aguilar).- Tras 10 años en el poder y con el periodo de mayor estabilidad política en la historia reciente de Ecuador, Rafael Correa dejó la presidencia en manos de Lenin Moreno. Las posiciones respecto a la gestión del mandatario saliente son encontradas y una de las mayores preocupaciones en el plazo inmediato es la resquebrajada economía del país, que cerró con un déficit de $6000 millones en 2016, según estadísticas del Ministerio de Finanzas. Una situación que acentuó las políticas extractivistas del régimen bajo la mirada preocupada de ecologistas y comunidades indígenas y campesinas que viven en las áreas de influencia de los proyectos. Pero existen aspectos destacables en materia ambiental acontecidos durante la última década. Quizás el principal es la inclusión de los Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución ecuatoriana que se gestó en Montecristi en 2008. Un conjunto de leyes que el mismo Correa criticó en lo posterior por “exceso de garantismo” y que dejó la vara alta para medir el desempeño de los gobiernos en cuanto al cuidado de la naturaleza.

“Con los Derechos de la Naturaleza el Ecuador marcó un hito civilizatorio. Eso es un avance increíble, aunque amplios segmentos de la sociedad ecuatoriana no han captado su real trascendencia”, asegura en diálogo con Mongabay Latam Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. “La importancia es mundial”, insiste Acosta. “En varias partes del planeta se recoge este mandato constitucional ecuatoriano como referencia potente. Por ejemplo, el fiscal que defiende a los indígenas y a la naturaleza en la Curva Larga del Xingú, en el caso de la gran represa brasileña de Belo Monte, se refiere a los Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución de Montecristi”, manifiesta.

Con Acosta coincide Gloria Chicaiza de la organización Acción Ecológica. Según explica, la legislación ambiental es el horizonte al que constantemente están caminando. “Eso nos permite seguir ejerciendo la demanda para que esos derechos sean aterrizados a nivel de políticas públicas”, asegura Chicaiza.

Pero en la práctica, la Constitución verde está lejos de hacerle honor a su nombre. “Lamentablemente se ha retrocedido: megaminería, ampliación de la frontera petrolera, monocultivos… y por último el regalo de despedida de Correa a Monsanto: apertura a las semillas y cultivos transgénicos, atropellando la Constitución de Montecristi”, sostiene el expresidente de la Constituyente sobre el veto realizado por Rafael Correa a la Ley de Agrodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, lo que permitiría el ingreso de semillas y cultivos genéticamente modificados para fines de investigación cuando la Carta Magna expresamente lo prohíbe.

Otro motivo de frustración para los ecologistas es el inicio de la explotación petrolera en el bloque ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní y sobre el límite de zona de amortiguamiento definida para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Esto tras el fracaso de la iniciativa gubernamental que pretendía dejar bajo tierra reservas hidrocarburíferas que se calculaban en 920 millones de barriles (ahora el gobierno ha elevado la cifra a 1672 millones de barriles). “Como en muchos otros ámbitos, el discurso y la propaganda pesaron mucho más que los hechos concretos. El caso más notorio es la mencionada Iniciativa Yasuní-ITT: seis años de promocionarla con argumentos potentes para luego echarla abajo porque a Correa ‘le doblaron el brazo’ los intereses petroleros y la desesperación por la plata… para financiar el presupuesto”, añade Alberto Acosta.

En la otra orilla de opinión está la exministra de Ambiente Lorena Tapia, quien ocupó el cargo del 2012 al 2015. Para ella, la gestión ambiental en el gobierno de Rafael Correa pasará a la historia.

“Todo es perfectible en la función pública, pero eso es un hecho que no solo los ecuatorianos reconocemos, sino que existe ese mismo criterio a nivel internacional”.

Tapia destaca la incorporación en la Constitución de los derechos de la naturaleza, convirtiéndose en “un referente en el mundo”. Considera que todavía existe mucho por reglamentar, pero el Código del Ambiente vigente “es un camino”, y resalta que ya existe el delito ambiental en el Código Penal. A partir de ahí —sostiene en conversación con Mongabay Latam— se ha creado muchísima normativa secundaria.

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Portada: Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante una década. Foto de la Agencia de Noticias ANDES / Flickr bajo licencia Creative Commons.

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