(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Semana Sostenible de Colombia)

(Mongabay Latam / Esteban Montaño).-  Una vaca por cada hectárea. 

Esta equivalencia resume el modelo ganadero del Caquetá, pero al mismo tiempo define la dinámica de la destrucción de la Amazonía en esa parte del país.

Rafael Orjuela conoce bien esa historia. Este líder comunal vive en Remolinos del Caguán, una vereda situada a ocho horas por río de la cabecera urbana de Cartagena del Chairá, municipio que según las cifras oficiales de 2015 ocupó el primer lugar en deforestación en el país. De las 23 812 hectáreas de bosque que se talaron en el Caquetá —el 20 % de las que se tumbaron en toda Colombia—, 10 822, más de la mitad, se perdieron allí principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria.

“Acá en Remolinos con la coca empezó el problema que todos conocemos”, afirma Orjuela. Él llegó a la región a principios de los años ochenta y recuerda que por esa época la guerrilla, que ya mandaba en esas inmensas selvas que conectan los bosques andinos de la cordillera oriental con las sabanas amazónicas, le decía a la gente que la coca se iba a acabar y que había que abrir fincas para tener tierra cuando eso sucediera.

Según Orjuela, esa premonición se cumplió en 2004, cuando las fumigaciones aéreas con glifosato marchitaron las últimas hojas de coca en Remolinos “y la ganadería fue lo único que la gente encontró a la mano para sobrevivir”. En 2015 apenas 7000 hectáreas eran destinadas para ese cultivo en Caquetá, mientras que para la ganadería más de 1,5 millones.

El alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Francisco Vargas, confirmó la versión de Orjuela. “La gente cultivaba su coca y cuando la vendía lo primero que hacía era tumbar 50 hectáreas de montaña, meter y así empezaba a alistarse para el momento en que la coca se fuera a acabar. Así funcionó acá: démosle a la coca, abramos fincas y cuando se acabe tenemos resuelto el tema”.

El problema es que desde entonces la frontera no ha parado de crecer. Como explica Mario Barón, director de Corpoamazonia, el uso agropecuario de la tierra no corresponde con su vocación forestal. Eso, sumado a que nunca ha habido inversión pública en esas zonas, ha hecho que la ganadería se convierta en una actividad económica necesaria aunque poco rentable.Para que produzca dinero, señalan los expertos, es necesario tener muchas vacas que a su vez ocupen mucho espacio. Y eso solo se puede lograr a costa de la selva.

“Como no hay refrigeradores, la mayoría de la leche se convierte en queso. Para producir una arroba, se necesitan 100 litros y se la pagan a uno a 50 000 pesos (20 dólares aproximadamente). Pero una vaca en esta región produce en promedio apenas tres litros y para que sea productiva hay que darle una hectárea. Entonces calcule cuántas vacas y cuánta tierra hay que tener para vivir dignamente de este negocio”, dice Orjuela.

Pero además de esas razones, el fenómeno de la deforestación en el Caquetá no se puede entender sin tomar en cuenta un factor cultural asociado a la sensación de abundancia inagotable, la cual suelen experimentar quienes viven en la frontera de una selva inmensa como la de la Amazonía. “La gente siempre vio estas tierras nuevas como una oportunidad para tumbar las montañas, abrir potreros y poner pastos para el ganado”, dice el alcalde Vargas.

El problema cambia de manos

A pesar de ser un problema de largo aliento, recién a finales del año pasado el Estado colombiano sumó a su lista de tareas pendientes el control de la deforestación en el Caquetá. Este departamento fue uno de los epicentros de la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Allí se liberó de la presencia estatal un área de 42 000 kilómetros durante el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana y un gran porcentaje de sus territorios estuvo hasta finales del año pasado bajo el control de esa guerrilla.

Durante esos años la destrucción de los bosques fue una constante, pero paradójicamente las FARC ejercieron una autoridad ambiental que evitó que el daño fuera mayor. Orjuela dice que “en tiempos de la guerrilla, por iniciativa de las comunidades, creamos un manual de convivencia que tenía 16 normas ambientales que iban desde la prohibición de tumbar a la orilla de los ríos hasta la de entrar a las zonas de reserva que habíamos instituido”.

El alcalde Vargas cuenta que el manual decía que todo propietario tenía derecho a tumbar hasta el 50 % para meter pasto, el 25 % se usaba para sacar madera y cazar, y el 25 % restante se podía aprovechar progresivamente para sembrar cultivos para el consumo diario de las familias. “También decía que para tumbar había que pedirle autorización a la guerrilla y a las Juntas de Acción Comunal y estaban definidas unas zonas de protección ambiental en donde nadie podía escoger tierras. Pero apenas la guerrilla se fue, todo el mundo comenzó a meterse a tumbar”, advierte Rafael Orjuela.

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Portada: La salida de las FARC hacia las zonas de concentración, a finales del año pasado, coincidió con una explosión de la deforestación en la región. Las cifras oficiales no se conocen todavía, pero los lideres de la región hablan de miles de hectáreas desaparecidas en cuestión de tres meses. Foto: Fuerza Aérea.

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