(Mongabay Latam / Daniela Aguilar).- Para ingresar a la comunidad de San Carlos de Limón, perteneciente al cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, es necesario recorrer durante hora y media un camino de tierra, angosto y zigzagueante, para luego abordar una oroya que se desliza por encima del río Zamora durante cinco minutos. En ese trayecto –que a los novatos les produce algo de vértigo– es posible contemplar la majestuosidad de la Cordillera del Cóndor, un punto del sur de la Amazonía ecuatoriana que aún permanece intacto, pero que dentro de poco se convertirá en una gran mina de cobre a cielo abierto. El sitio forma parte de las 41 760 hectáreas concesionadas a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA) para el desarrollo del proyecto San Carlos-Panantza, mismo que ha presentado trabas por la oposición de las comunidades shuar de la zona, que apoyadas por organizaciones indígenas, regionales y nacionales, reclaman la ancestralidad de esas tierras. La tensión comenzó en agosto pasado, cuando un ingente operativo policial y militar desalojó a ocho familias, un total de 32 personas, que conformaban desde hace una década la comunidad shuar de Nankints en un terreno que fue comprado por la minera china para establecer su campamento. A partir de entonces, se han desencadenado una serie de enfrentamientos, allanamientos y detenciones, además de la muerte de un policía, la militarización de la zona, la declaratoria provincial de Estado de Excepción que se mantiene desde mediados de diciembre y el intento fallido del gobierno por clausurar la ONG Acción Ecológica, que fue acusada de apoyar acciones violentas.

La principal estructura del pequeño centro poblado de San Carlos de Limón, pueblo cercano a la comunidad de Nankints tomado por los Shuar por unos días en diciembre para tratar de frenar el avance de las fuerzas del orden, es una cancha de usos múltiples, techada y encementada, donde hoy media centena de militares han tendido sus carpas para guarecerse durante las noches. Un número parecido de policías, que permanecen en el lugar, han ocupado algunas de las casas de la comunidad y el centro de salud, que desde hace varios meses perdió a su único médico. Si no fuera por la presencia militar y policial, San Carlos luciría desolado. Tal como lucen las comunidades shuar de Tsuntsuim y Kutukus, ubicadas varias horas a pie del lugar, según comenta a Mongabay Latam el capitán Garzón, al frente de ese regimiento temporal. Cada día, un escuadrón compuesto por 34 militares peina el perímetro durante seis horas. En ese tiempo atraviesan las poblaciones en mención, cuyas casas y escuelas lucen abandonadas. El objetivo de los operativos, en los que se emplean drones y helicópteros, es mantener el orden y llevar un registro de los pobladores “para que no haya personal extraño”, refiere Garzón y añade que durante las últimas semanas de enero que ha estado a cargo, la situación ha sido de completa calma. Pero desde la entrada en vigencia del Estado de Excepción el 14 de diciembre último, la dirigencia indígena viene alertando del desplazamiento de varias poblaciones de nativos a causa del asedio de la Fuerza Pública.

Justamente esta semana arribó a Quito un grupo de mujeres shuar, que respaldadas por la dirigencia femenina de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dieron una rueda de prensa en la que expusieron las condiciones en las que dejaron sus hogares. Una de ellas era Claudia Chumpi de 18 años y originaria de la comunidad de Tsuntsuim, quien aseveró que un escuadrón policial y militar llegó disparando, allanó sus casas y rompió sus puertas. Con su hijo de pocos meses en brazos, Chumpi narró que mujeres y niños huyeron a las montañas, donde dos de sus tías que estaban en avanzado estado de gestación, dieron a luz en medio del monte. “Quiero pedirle a Rafael Correa que nos devuelva nuestro territorio porque eso es nuestra vida, nuestra tierra”, exclamó la mujer tras exigir al Presidente de la República la desmilitarización de la zona. Chumpi agregó que después de caminar durante días llegaron a la comunidad del Tink, donde se refugian de momento, aunque pasan privaciones y alrededor de 30 niños no pueden ir a la escuela. Un equipo de Mongabay Latam que recorrió la provincia de Morona Santiago, intentó llegar al Tink luego de que el presidente encargado de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Ruperto Tsanimp, informara sobre la presencia de 80 personas desplazadas en esa comunidad. Pero el pésimo estado de la vía de tierra lo impidió.

En su relato, Claudia Chumpi dijo que moradores de San Carlos de Limón sustrajeron sus cocinetas y cilindros de gas durante el operativo que los desplazó. En contraparte, el presidente de San Carlos, Franklin Domínguez, culpó a un grupo de colonos e indígenas shuar de la comunidad de Chumpi, de causar desmanes en el centro poblado e intentar extorsionar a algunos de sus coterráneos. No precisó nombres.

Comuneros preocupados por el impacto de la minería

Para llegar a San Carlos de Limón hay que atravesar seis controles policiales y militares, incluido el de la parroquia Santiago de Panantza (cantón San Juan Bosco), a la que se llega por una vía de segundo orden que se desprende de la carretera Gualaquiza-San Juan Bosco. Aunque las cosas en Panantza, centro poblado habitado por colonos que en su mayoría también se oponen a la operación minera, lucen en aparente tranquilidad, han pasado pocas semanas desde que la Policía allanó varias casas de la localidad y detuvo a cuatro integrantes de la Junta Parroquial, a quienes la Fiscalía intentó incriminar en la muerte del policía José Mejía en un presunto enfrentamiento en el campamento minero la Esperanza, establecido sobre los cimientos de lo que fue la comunidad de Nankints. Luego el Presidente Correa sostendría que Mejía recibió un tiro de fusil en la cabeza, durante la emboscada de un grupo shuar a un camión militar. A falta de pruebas, la Corte Provincial de Morona Santiago liberó a los comuneros el 13 de enero pasado. “Lo cogieron peor que a un criminal y lo treparon al carro a lo bruto. Esa gente no tiene alma”, relata a Mongabay Latam Julio Reinoso, padre de uno de los detenidos. Reinoso no solo se refiere al trago amargo que pasó la familia por la detención injusta de uno de sus miembros, sino a la preocupación por la explotación de cobre que se desarrollará en el lugar. “Cuando comience la minería habrá que salir, qué más queda si con la contaminación no se puede vivir ni tener ganado”, dice en referencia a su actividad productiva. “Aquí hay fuentes de agua por todo lado y todas serán contaminadas”, apunta y añade que Santiago de Panatza desaparecerá, puesto que la reserva del mineral se encuentra justo debajo del centro poblado. “No tenemos a donde ir”.

Milton Reinoso, vicepresidente de la Junta Parroquial de Panantza que permaneció un mes detenido, comparte la preocupación de su padre. Sostiene que es mínima la información que tienen sobre el proyecto minero y que a pesar de que la mayoría de los habitantes están en contra de la minería a gran escala, no están organizados para hacerle frente. Otro punto en el que coinciden padre e hijo, es en la convivencia pacífica que han tenido durante años con las comunidades shuar que habitan en la zona, incluida la desaparecida Nankints. Según dijeron ambos a Mongabay Latam, en estos últimos meses no han tenido conocimiento de ningún grupo armado shuar que haya causado disturbios, tal y como ha difundido el gobierno nacional en cadenas de radio y televisión.

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[Portada: Contingente militar en el ingreso a la parroquia Taisha. Foto: Lalo Calle]

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