(Mongabay Latam / Miriam Telma Jemio).-  “No quisiéramos que haya esa minería, porque va a afectar al agua que usamos para el riego de nuestros cultivos”, sentencia Olimpia Alejo, secretaria general de la comunidad de Huancapampa (ubicada en Palca, a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz). Los pobladores de este municipio alertaron sobre la existencia de actividad minera en el nevado Illimani y se declararon en emergencia por el peligro que representa la contaminación para las aguas que escurren del glaciar, las cuales son fundamentales para su producción agrícola. 

El pronunciamiento de los comunarios de Palca, realizado hace cuatro meses, derivó en una investigación que evidenció la existencia de actividad minera en el nevado Illimani, al igual que en el Mururata (ambos situados en ese municipio) y otros glaciares ubicados a lo largo de las cordilleras Real y Apolobamba.

La alerta de los palqueños llamó la atención de las autoridades y de los ciudadanos. Las voces de rechazo de parte de la población, de entidades políticas y cívicas no se dejaron esperar. Ante esta situación, funcionarios del gobierno ─incluyendo el presidente Evo Morales─ negaron que hubiera actividad minera en la icónica montaña nevada declarada Patrimonio y Paisaje Natural de Bolivia en 2012.

Pero una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) confirmó lo denunciado por los pobladores de Palca. Tomando como base para su estudio la información oficial vigente sobre el registro minero nacional actualizado hasta 2014, el Cedib plasmó esos datos en mapas que muestran presencia minera tanto en el Illimani como en otros nevados. Ante la contundencia de esa información, el gobierno reconoció la existencia de derechos mineros (concesiones o arriendos) en la zona, mientras el Comité Cívico Pro La Paz (entidad civil que aboga por los derechos de los paceños y los representa) reaccionó solicitando la reversión de los mismos.

Glaciares en peligro

Tras la alerta de los palqueños ─quienes han conformado un Comité de Defensa del Illimani con el objetivo principal de liberar a la región de esa actividad extractivista─ entidades estatales de minería y el Comité Cívico realizaron, de manera separada, una inspección al nevado para verificar la denuncia.

Mientras tanto, los investigadores del Cedib revelaron que 17 226 hectáreas del Illimani se encuentran bajo derechos mineros, los cuales ocupan hoy una parte de la base del glaciar, así como algunos otros sectores del mismo nevado. Todas estas zonas son ostentadas por cooperativistas y privados, como la Compañía Minera Amazona de Bolivia (Comabol).

“Como Cedib hacemos seguimiento al problema minero en el país, para eso usamos las bases de datos oficiales proporcionadas por las autoridades sectoriales. La última oficial y vigente es la elaborada por el Sergeotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) en 2014”, explica a Mongabay Latam Georgina Jiménez, investigadora del Cedib.

Tras la publicación de la investigación del Cedib, en noviembre pasado, en la que construyeron un mapa colocando la información oficial vigente sobre la cartografía del Illimani, el Ministro de Minería, César Navarro, descalificó ese estudio argumentando que la ONG no utilizó información actualizada a 2016. Negó la existencia de actividad minera en el nevado y solo reconoció el arrendamiento de dos contratos de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) con las cooperativas Bolsa Negra y Cerro Negro.

La investigadora del Cedib explicó que la información vigente sobre las concesiones mineras en el país está actualizada oficialmente por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hasta 2014. La AJAM les comunicó que tendrán los datos hasta 2016 recién en esta gestión.

El trabajo de los investigadores del Cedib no se quedó en el nevado Illimani. Usando la misma base de datos oficial, identificaron concesiones mineras en la región comprendida entre la Cordillera Real y la Apolobamba, la cual alberga una cadena de glaciares y nevados de gran importancia porque son la fuente principal de agua para numerosas comunidades.

“Tomando en cuenta la última información oficial vigente, se demostró que hay derechos mineros prácticamente en los alrededores de todos los glaciares”, dijo a Mongabay Latam Marco Antonio Gandarillas, director del Cedib.

De acuerdo con el mapa superpuesto a las concesiones mineras contempladas en los datos oficiales, las faldas de los nevados Illampu y Ancohuma están totalmente cercadas por la actividad minera, y el glaciar Huayna Potosí corre con la misma suerte, aunque la superficie afectada es menor.

En la cordillera de Apolobamba la presencia de mineras es alta sobre todo en las cercanías de los nevados Cavayani, Canisa y Coruquini. En el mapa construido por el Cedib se ve que también hay concesiones en Matchu Sochi Conchi y otras que prácticamente rodean a la Reserva de Fauna Ulla Ulla.

En la cordillera Real, las áreas rojas marcadas en el mapa confirman que el nevado Illimani está completamente rodeado de concesiones (el punto 4 en el mapa), así como el Takesi y en menor medida el glaciar Huila Kollo.

En el Mururata, la Comibol tiene los derechos mineros y estos llegan prácticamente hasta la parte alta del nevado como se ve en la foto, las cooperativas mineras en este caso sí están algo alejadas del nevado. La alteración o remoción de los glaciares por esta actividad supone, además de la contaminación, una pérdida irreversible de una fuente de agua dulce tan importante, dice a Mongabay Latam la investigadora y ambientalista Cecilia Requena.

La amenaza del retroceso de los glaciares

“Las comunidades del Sector Illimani nos declaramos en estado de emergencia permanente para defender la vida y principalmente la protección de los nevados del Illimani y el Mururata, y de igual forma defender todos los recursos naturales existentes en nuestra jurisdicción territorial”, señala el artículo primero de la resolución emitida por los comunarios de Palca el 25 de septiembre de 2016.

En el documento evidencian su preocupación por cómo la actividad minera estaría contaminando sus fuentes de agua, lo cual afectaría la vida de las comunidades y su producción agrícola. A cuatro meses de ese pronunciamiento, no recibieron ninguna respuesta de las autoridades, dijo a Mongabay Latam Emilio Limachi Colque, secretario general de la Central Agraria Huancapampa.

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[Portada: El majestuoso Illimani declarado patrimonio, es un ícono de la ciudad de La Paz. Foto: Alain Mesili ]

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