(Mongabay Latam / Daniela Aguilar).- De cinco años acá, el paisaje y hasta el aire que solía respirar Maximiliano Moreno en su finca cambiaron para siempre. Pasó de estar rodeado de un frondoso bosque a contemplar largas planicies de palma africana. La situación hizo encender sus alarmas y lograr un acuerdo con el propietario del terreno vecino para evitar que aguas de descarga lleguen a una de sus parcelas, donde siembra cacao y cria tilapias. “La contaminación (por la siembra de palma) es algo difícil, se usan fuertes insecticidas, kilos de fertilizante por cada planta y todo se drena a los arroyos que cruzan por la finca”, comenta Moreno, quien es presidente de la comunidad Riveras del Punino, ubicada en la parroquia Nuevo Paraíso, cantón Francisco de Orellana (más conocido como Coca) y provincia de igual nombre. La finca de Maximiliano está situada en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana. 

Este agricultor que vive en la selva amazónica no tiene reparos en confesarnos que hubo un tiempo en el que barajó la posibilidad de dedicarse al cultivo de palma aceitera y que pretendía echar abajo todos sus árboles frutales, cultivos de cacao, maderables y bosque que tiene distribuidos en una extensión de 30 hectáreas de territorio. Los buenos precios que la palma manejaba por esos días lo tentaron. Pero cuenta que pesó más su interés por la conservación de la cobertura vegetal de su finca y de sus fuentes de agua. No fue así sin embargo para un vecino lateral y otro frontal, con propiedades de 60 hectáreas cada uno, quienes decidieron talar para plantar palma. La diferencia es que el hogar de Moreno siempre estuvo allí, en cambio sus compañeros migraron de las ciudades y compraron esas propiedades solo para dedicarse al negocio de la palma. Hoy un grupo de cuidadores vigila esos terrenos.

Mongabay Latam realizó un recorrido por las parroquias rurales de los cantones Francisco de Orellana (Orellana) y Shushufindi (Sucumbíos), y constató sembríos recientes de palma africana en los linderos de las plantaciones que poseen las principales palmicultoras y extractoras de aceite. Los moradores confirmaron que hace cinco años comenzaron a aparecer esos parches, que con el paso de los años fueron incrementándose y transformando en plantaciones las áreas que antes solían ser bosque. En el caso de Orellana, la mayoría de cultivos están en la parroquia Nuevo Paraíso, en comunidades como Riveras del Punino, Agrupación Payamino y 15 de Abril, próximos a un área aproximada de 10 000 hectáreas que posee la empresa conocida como Palmar del Río (que pasó a llamarse Negocios NEGCORPBIS). En cuanto a Shushufindi, la mayoría de nuevos parches están en las parroquias de Limoncocha y San Roque, justo en los alrededores de la zona donde opera la compañía Palmeras del Ecuador, que posee una extensión bruta de 15 000 hectáreas.

“La palma es un negocio silencioso que para mí es más problemático que el petróleo porque arrasa con todo. No queda vegetación, no queda fauna, los ríos se convierten en drenajes, la necesidad de químicos es impresionante”, profundiza sobre los impactos del monocultivo Diocles Zambrano, presidente de la comunidad cercana Agrupación Payamino y coordinador de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre. Zambrano explica que el tema es muy sensible. Añade que desde hace más de una década tuvo que lidiar con la proliferación de esas plantaciones alrededor de su propiedad y que finalmente tomó la decisión de mudarse a la capital provincial con su familia. El líder comunitario comenta que no hay incentivos para conservar el bosque y que frente a la necesidad, decenas de campesinos han optado por vender sus tierras a productores de palma. El asunto es que las grandes extensiones de bosque que aún siguen en pie han sido parceladas en fincas y su destino será transformarse en terrenos agrícolas. En esas tierras se planta plátano, maíz, cacao, además de la palma, aunque este último cultivo es mucho más impactante en el paisaje y relieve. 

La problemática de la deforestación en la Amazonía norte por el incremento del monocultivo de palma africana ha sido abordada en el plan de ordenamiento territorial del cantón Francisco de Orellana (Orellana), su parroquia Nuevo Paraíso, así como la parroquia Limoncocha, del cantón Shushufindi (Sucumbíos). El informe elaborado en 2015 por la junta parroquial de Limoncocha señala como una “gran amenaza” la “expansión del territorio por parte de la Empresa Palmeras del Ecuador, que año a año compra terrenos a los comuneros para ampliar sus plantaciones de palma, además, también contamina el ecosistema agregando diferentes insumos químicos”. Por su parte, la junta parroquial de Nuevo Paraíso, menciona que la empresa Palmar del Río y las familias productoras de palma provocan la “degradación del suelo y bosque”, y que además, el uso de pesticidas por parte de esa palmicultora causa “el envenenamiento de aguas de esteros menores”.

Se trata con pinzas el tema de la Palma

El asesor municipal y encargado del plan de ordenamiento territorial de Francisco de Orellana, Jon Arruti, admite que el gobierno local ni tiene control ni está al tanto del avance de la deforestación por palma. “Sinceramente el municipio no ha tenido un conocimiento muy grande de todo su territorio rural. Recién hemos hecho un catastro y vamos a tener un panorama más claro de las cosas”, dice a Mongabay Latam. Arruti explica que es su competencia otorgar los permisos de cambio de uso de suelo, como lo es talar el bosque para iniciar una plantación de palma, pero que en la práctica no tienen ninguna incidencia, “el Municipio se ha puesto en esa exigencia porque políticamente no le convenía”. Añade que el campesino nunca se sintió con la necesidad ni obligación de pedirles un permiso para la reconversión del uso del suelo, que tampoco lo han exigido y que “nunca ha tenido ningún papel en eso, siempre ha sido un papel (responsabilidad) del propio ministerio de ambiente”

El funcionario municipal coincide en que el tema es crispante, pero asegura que más que con los pequeños y medianos productores de palma, han tenido problemas con las extractoras. El más reciente con la empresa Río Coca (antes Pamela), que fue clausurada varios días por contaminar el afluente del que captan agua los pobladores del cantón (división administrativa de cada provincia), aunque no precisa cuántos días duró la clausura ni si se aplicaron sanciones económicas. A pesar de esto, Arruti sostiene que es mucha gente trabajadora la que vive de la palma y que no quieren generar un conflicto. “No se puede tener una oposición total hacia la palma, pero sí tener más conocimiento y más control”.

Entre las familias que viven de la palma, está la de Carmen Bricio en la comunidad Riveras del Punino. Carmen y su esposo Adalberto Verdezoto invirtieron todos sus ahorros y esfuerzos para plantar palma en sus 20 hectáreas. Para ello tuvieron que tumbar hace cinco años sus sembríos de cacao y el bosque que conservaban. Le compraron las plantas a la mayor palmicultora de la provincia, Palma Oriente, e hicieron un convenio para venderle el producto. Pero las cosas no resultaron como esperaban. Bricio, quien es madre de seis, cuenta que perdieron la tercera parte de la plantación por plagas y que esta mala racha coincidió con el desplome del precio de la palma durante el último año. Hoy Carmen y Adalberto continúan trabajando la palma que les queda, con el objetivo de regresar a la siembra de cacao a medio plazo. Si bien lamentan haber optado por ese monocultivo, no se arrepienten de haber talado el bosque. Para ellos es su medio de subsistencia y pueden decidir sobre él.

Para Blanca Grefa, presidenta de la Federación Indígena de las Comunidades y Comunas Kichwas de la Amazonía (FICCKAE), el panorama está bastante claro: la palma “no es un negocio para campesinos sino para grandes empresas”. “Anteriormente se estaba incentivando desde el Ministerio de Agricultura que se siembre palma, pero las comunas decidieron no hacerlo”, explica Grefa. Primó la conservación de los bosques y la preservación de los territorios reconocidos y agrupados en títulos globales. La dirigente añade que los kichwas producen en la medida de sus necesidades, es lo que manda su cultura, y que de momento sus problemas no están relacionados con la palma. Sus preocupaciones radican en que no pueden trabajar sus tierras porque no cuentan con los recursos para elaborar el plan de manejo ambiental, que incluye zonificación y mapeo de sus tierras, y que les exige el Ministerio de Ambiente antes de realizar actividades como la producción agrícola y el aprovechamiento de madera. Además, Grefa critica a las autoridades porque no le ponen alto a los invasores que han ingresado a sectores como Alto Punino, y que se dedican a la tala ilegal, caza, pesca y hasta a la minería. “Se aprovechan y nadie les impide, mientras a las comunidades que hemos cuidado por años nos ponen impedimentos”.

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[Portada: Sembríos recientes de Palma Africana en la entrada a la comunidad kichwa Centro Guachito, parroquia Nuevo Paraíso. Foto: Daniela Aguilar.]

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