(Mongabay Latam / Alexa Vélez).- Un equipo de Mongabay Latam investigó por varias semanas el mundo de ilegalidad que rodea al tráfico de fauna silvestre. Autoridades, especialistas y abogados ayudaron a este grupo de periodistas a desentrañar cómo funciona este mercado ilícito, qué especies son las más demandadas, cuáles son las rutas y los puntos de extracción de los animales, cuáles son los países que los compran y qué modalidades se utilizan, es decir, siguieron cuidadosamente cada eslabón de esta cadena que amenaza la vida de miles de animales en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Esta semana, tras la publicación del especial, buscamos a un grupo de expertos que estudia de cerca esta problemática en la región. En este artículo, los especialistas analizan la situación en sus países, opinan sobre la existencia o no de una estrategia nacional y valoran lo que significa esta actividad ilícita para Latinoamérica, que es la cuarta más rentable del mundo después del tráfico de drogas, de armas y la trata de personas.

Perú: estrategia lista pero no aprobada

En la última década, 383 especies han sido traficadas en el Perú. Las regiones más impactadas por esta actividad ilícita son cinco: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tumbes. La situación en el Perú es complicada, tomando en cuenta que existen cerca de 64 especies en peligro de extinción y que, en los últimos 15 años, 67 874 animales han sido decomisados.

Mariana Montoya, directora de la Wildlife Conservation Society (WCS), señala que el tráfico de fauna en el Perú no es reciente. “Es un problema que existe desde hace mucho tiempo, pero históricamente ha tenido poca atención por parte de autoridades y de la ciudadanía en general. Una razón importante de esta desatención era el desconocimiento que existía. Ahora está teniendo mayor visibilidad, la gente cada vez está más enterada de lo que implica, las autoridades cuentan con mejor información y están mucho más comprometidas”, explica Montoya y agrega que la principal causa de esta actividad ilegal en el Perú es el marcado de mascotas.

Para el director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, el tráfico de fauna silvestre tiene dos aristas: la ambiental y la social. En el caso de la primera, “el impacto más importante está en la afectación para la conservación de la diversidad biológica, pero principalmente para la salud de los ecosistemas, en tanto que la fauna silvestre es un recurso natural importante para que estos sean resilientes a los impactos que afectan gravemente a los bosques y al ambiente en general, como son, por ejemplo, el cambio climático, así como el impacto por actividades ilegales como la deforestación por cambio de uso del suelo, la tala y la minería ilegal”, sostiene Capella. El impacto social está vinculado a lo que implica la pérdida de fauna sobre todo para los pueblos originarios que viven más cerca al bosque, “afecta a las personas que dependen de bosques y ecosistemas sanos y proveedores de bienes y servicios ecosistémicos”.

Además, el experto de la SPDA llama la atención sobre la necesidad de mejorar la fiscalización de las rutas del comercio ilegal, “no se encuentran debidamente controladas y la demanda de estos especímenes es alta y sigue en aumento. Principalmente preocupan aquellas que se encuentran clasificadas como especies amenazadas o en peligro de extinción, de acuerdo al Decreto supremo 004-2014-MINAGRI o de acuerdo a alguno de los tres anexos de la Convención CITES”, menciona.

Les preguntamos a ambos expertos sobre la existencia de una estrategia nacional para combatir el tráfico de fauna silvestre en el Perú y señalaron que, si bien existe un documento trabajado entre más de 17 instituciones públicas y privadas, esta herramienta aún no ha sido aprobada por el gobierno. “El tema pendiente ahora es que, al tratarse de una estrategia que involucra a distintos sectores de Gobierno, es necesaria su aprobación por Decreto Supremo, por lo que aprovecho este espacio para alentar a los sectores pertinentes y al presidente Kuczynski a que la aprueben”, señala Montoya.

Capella coincide con la experta de la WCS. “Es una estrategia que marca un primer paso para enfrentar de manera integral el problema de tráfico, se espera que finalmente sea aprobada y que pase a ser ejecutada por las autoridades competentes”.

Finalmente, la directora de la WCS Perú revela que hasta hoy no existe una sola persona involucrada en el tráfico de fauna silvestre que haya sido encarcelada. Montoya le explica a Mongabay Latam que las multas por la comisión de este delito pueden superar los 19 millones de soles ( más de 5 millones de dólares americanos). “Existen las herramientas legales, sin embargo es un proceso complejo porque es multisectorial: la policía, fiscalía, SERFOR y otras autoridades deben actuar conjuntamente para prevenir, controlar y fiscalizar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Un vacío importante es la falta de presencia de fiscalías especializadas en medio ambiente y de juzgados ambientales a nivel nacional”, analiza Montoya.

Bolivia: Crimen sin castigo

El problema del tráfico de fauna silvestre ha cobrado mayor relevancia en Bolivia a partir del impacto que esta actividad está generando en la población de jaguares. Entre 2014 y 2016 se decomisaron 337 colmillos, lo que implica que 85 de estos felinos tuvieron que ser asesinados, según las autoridades del país andino. La mayoría de estos especímenes fueron extraídos del Parque Nacional Madidi y de la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, ubicados al norte de La Paz.

Pero la lista de animales traficados es mucho más larga y evidencia un problema que viene de muchos años atrás. El biólogo y exdirector de la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia, Humberto Gómez, sostiene que “el tráfico de fauna silvestre ha sido un problema en el país, quizá ahora sea más visible por esos casos de jaguares cazados para traficar sus partes, pero no debemos creer que es algo reciente. No existe información cuantificada sobre su magnitud ni sobre su impacto, pero basta ver la prensa (sobre todo en Santa Cruz y Beni) sobre los operativos que se realizan y los decomisos de animales vivos y parte de ellos para entender que se trata de un problema serio”.

A pesar de que es una amenaza latente para la biodiversidad de Bolivia, Gómez sostiene que no tiene conocimiento de la existencia de una estrategia nacional para enfrentar el problema. “Se han puesto en marcha campañas de concientización, tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua como de las gobernaciones, así como campañas que algunas ONG realizan. Pero una estrategia integral para enfrentar el tráfico como tal no conozco que exista”, precisa el experto.

Le preguntamos a Gómez sobre las herramientas legales dirigidas a sancionar a los infractores y nos explicó que si bien el año pasado dos cazadores de vicuñas fueron sentenciados a tres años de cárcel, se trata de dos casos excepcionales. “La mayoría de los casos no terminan con sentencias o con sanciones administrativas debido a la excesiva carga procesal que existe en el país, y siendo este un problema que ‘no es grave’ no se le da el seguimiento adecuado”, le cuenta a Mongabay Latam.

Colombia: La ciencia como aliada

En lo que va del 2016, 5060 traficantes de fauna silvestre han sido detenidos en Colombia, según la policía nacional. En estas intervenciones se decomisaron 6878 hicoteas, 1505 iguanas, 1144 tortugas morrocoy y 2837 babillas o caimanes. Las autoridades determinaron que la mitad de los animales traficados fueron extraídos de cinco los departamentos del Caribe: Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar y Córdoba.

Le preguntamos a Hernando García, director del Instituto Humboldt, sobre esta problemática. “Este tráfico se constituye como uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad por la sobre explotación que implica para poblaciones de muchas especies. Igualmente puede llegar a afectar incluso a los ecosistemas a los que estas especies pertenecen, y a los modos de vida tradicionales de comunidades que pueden depender localmente de ellas”, explica García.

Sin embargo, para el experto existen formas creativas para contrarrestar este problema, como el caso del aprovechamiento sostenible y comercialización legal del Crocodylus acutus o caimán Aguja por las comunidades locales de la bahía de Cispatá en el departamento de Córdoba. “Esta iniciativa fue incluso aprobada en plenaria en la pasada Conferencia de las Partes de la Convención (CITES) realizada en Sudáfrica, en la cual se ratificó la propuesta de uso mediante rancheo, para el comercio legal del caimán aguja, como resultado de 15 años de investigación y esfuerzos de conservación de la especie por diferentes actores de la región”, sostiene el director del Instituto Humboldt.

Estas alternativas deben ser acompañadas, según García, por la ejecución de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres. Además, el Instituto Humboldt participa en el proceso “apoyando al Ministerio en el desarrollo de una herramienta que todavía no está disponible online, pero que permitirá integrar toda la información que generan las autoridades sobre tráfico de especies de una forma estandarizada y los datos van a ser asequibles, y estarán disponibles en tiempo real permitiendo tener una lectura de país frente a lo que están haciendo las autoridades”, precisa García.

Para el director del Instituto Humboldt es central capacitar a las entidades que ejercen la vigilancia y control en Colombia para facilitar la identificación de las especies, sobre todo de aquellas que se encuentran amenazadas. “El Instituto Humboldt ha iniciado conversaciones con Corporaciones Autónomas Regionales, Policía Ambiental y otros actores claves, para articular la investigación con identificadores genéticos únicos de las especies (códigos de barras genéticos) y la función de vigilancia y control sobre tráfico de especies de flora y fauna en el país”, explica de esta forma García la importancia que puede tener la ciencia, para colaborar en los procesos de identificación y control de esta problemática.

Ecuador: ¿cómo combatir el problema?

En un período de 10 años, entre el 2003 y el 2013, alrededor de 8000 animales fueron incautados dentro del mercado de venta ilegal de fauna silvestre. Hoy se conoce que los animales más traficados en Ecuador son los guacamayos, los loros, los pericos, los monos, las tortugas y las boas. A esto que hay que sumar la demanda de partes de animales como pieles, colmillos, garras e incluso tejidos. Las cifras evidencian un problema, sin embargo, los expertos señalan que en relación con países como Perú y Colombia, la situación en Ecuador es menos complicada.

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[Portada: Mono araña decomisado en operativo de la CAR Cundinamarca - Colombia. Foto: Diego Tellez. ]

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