[Mongabay Latam / Ricardo León (Ojo Público)].- En marzo del 2012 se desató en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, uno de los episodios más críticos de la violencia social derivada de la minería informal. El 14 de ese mes se cumplían diez días de un paro promovido por la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), al que se plegaron diversas asociaciones, gremios y federaciones civiles; la protesta era en contra del Gobierno Central, que había anunciado la promulgación de una serie de decretos legislativos que regulaban la actividad minera informal, establecían el delito penal de minería ilegal y reglamentaban la destrucción de equipos de extracción de oro en zonas prohibidas. Aunque en las jornadas previas se habían reportado enfrentamientos casi rutinarios entre la policía y los manifestantes (bombas lacrimógenas de un lado, piedras del otro), aquel día se alcanzó un pico de violencia altísimo. Hubo decenas de heridos de ambos bandos, y tres manifestantes murieron. Resultaba sintomático que los fallecidos representaran, de manera trágica, a los sectores involucrados en la extracción de oro fluvial en esta región.

Uno de ellos fue Julio Ticona Medina, un minero ilegal de la zona conocida como La Pampa que operaba sin ningún permiso junto a miles de personas, la mayoría provenientes de regiones de la sierra sur. Otro fue Carlos Lancy Yumbato, un comerciante del mercado de Puerto Maldonado que integraba ese bolsón de la población favorecido indirectamente por la fiebre del oro. El tercero fue Francisco Areque Jipa, un indígena de la comunidad nativa San José de Karene, que trabajaba como pequeño minero artesanal y que recibió un balazo en la frente disparado por un policía desde un patrullero; la imagen de Areque desparramado en el piso con la cabeza abierta y hundida en un charco de sangre dio la vuelta al mundo. Este desenlace fatal obligó a las partes a sentarse y dialogar.

La muerte de Areque devino en una pregunta: ¿qué hacía un indígena participando de una protesta de mineros informales e ilegales? Para cierto sector de la opinión pública centralizada en Lima, los indígenas de Madre de Dios se dedican únicamente a la agricultura de autoconsumo y a la artesanía. Lo cierto es que, desde hace décadas, las poblaciones nativas también extraen oro pero de manera artesanal, a muy pequeña escala y con herramientas que no van más allá de picos y palas. Jaime Corisepa, en ese entonces presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), explicaba que la participación de algunos indígenas en la protesta era para reclamar al Estado por la superposición de concesiones mineras en territorios de las comunidades Puerto Luz, San José, Boca Inambari, Barranco Chico, Kotsimba, Shiringayoc, Tres Islas, San Jacinto y El Pilar, entre otras. Incluso en la comunidad donde Corisepa había nacido, Puerto Azul, la presencia de mineros ilegales foráneos había modificado el paisaje social, entre otras cosas porque circulaba dinero y porque el dinero había atraído a comerciantes de productos tan citadinos como bebidas energizantes y celulares con internet.

“Hay una ruptura del sistema de autogobierno. Ahora tenemos necesidades de la cultura occidental”, dijo Corisepa en una entrevista. También aclaró que no ondeaban las mismas banderas de la Fedemin, que en ese entonces presidía el ahora gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka. “Los mineros no tienen claro qué buscan”, dijo el dirigente indígena. Protestaban juntos, pero cada uno tenía su propio pliego de demandas.

Una noche de diciembre del 2012, cuando ya el humo de las protestas en Madre de Dios se había disipado, el local de la Fenamad en Puerto Maldonado lucía repleto y no precisamente en calma. Era un momento clave: en medio de un calor irritante y de la presencia de mosquitos atraídos por la luz de los fluorescentes del techo, decenas de indígenas permanecían sentados escuchando atentamente a los abogados que los asesoraban en asuntos ambientales; al mismo tiempo, un grupo de niños revoloteaba por los pasillos. El grupo reunido quería tomar decisiones definitivas sobre cómo enfrentar el problema de la minería: no querían mineros foráneos en sus comunidades, y en cambio sí querían extraer oro ellos mismos, pero con ciertas normas. Querían formalizarse. “¿Por qué se hacen ricos en nuestros territorios?”, dijo en voz alta Corisepa. “¿Por qué nosotros no podemos desarrollarnos? ¿Tenemos que quedarnos mirando?”.

Aquella noche, ya en privado, el líder harakmbut lamentó que la vorágine económica que vivía la región estuviera afectando la vida de las comunidades indígenas, y lo dijo repitiendo las palabras ‘antes’ y ‘ahora’ con evidente fastidio: “Antes todas nuestras decisiones eran por consenso, ahora deciden los que tienen más poder económico. Antes se designaba a los líderes porque sabían cazar, luchar y curar, pero ahora el líder tiene celular y llama a los políticos. Antes en mi comunidad se tomaba el agua del río directamente, ahora los mineros nos han dicho que hay que tomar mercurio para ser más fuertes”. Cuando terminó de hablar miró a los niños que correteaban en círculos por el local y masculló algo sobre la siguiente generación y los problemas que vendrían.

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La reunión con los abogados continuó durante varias horas. Los indígenas de Madre de Dios todavía no imaginaban que, pocos años después, el vertiginoso sistema económico de la minería no formal los iba a absorber irreversiblemente, con sus aparentes beneficios, pero también sus ineludibles traumas.

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El ornitólogo y ecologista estadounidense John Terborgh calcula que el último árbol del último bosque primario en el mundo será talado aproximadamente en el año 2045. La idea aparece en el libro que publicó con el título de “Requiem for Nature”, en el que responde algunas cuestiones sobre la importancia de los parques nacionales en el mundo. Su caso de estudio es el Manu. El libro no habla en tono romántico de las bondades biológicas de este prístino territorio protegido de Madre de Dios, sino sobre cómo todos los planes desplegados para defender la naturaleza virgen han fracasado o fracasarán. El apocalíptico título no es casual. Este célebre investigador ha estudiado el Manu con fruición desde la década de 1970 a través de incontables excursiones, con los respectivos riesgos que esto supone para alguien que ya cumplió 80 años. Pero nunca su trabajo se vio tan obstruido como la mañana del 23 de setiembre del 2015: Terborgh integraba el grupo de casi 40 visitantes que, cuando navegaba por el río a la altura de Boca Manu (una localidad del distrito de Fitzcarrald, en la provincia de Manu, en Madre de Dios), fue retenido por unos 300 indígenas de la zona.

Los pobladores obligaron a los viajeros a bajar de los botes y a esperar en un albergue cercano; los motoristas fueron llevados a otro punto. “Estamos aislados, prácticamente. El único medio para movernos son botes, pero están retenidos en otro lugar. Tienen al motorista y su ayudante retenidos en la unión de los ríos Manu y Alto Madre de Dios […] Nos intervinieron al mediodía de ayer. Veníamos río abajo y nos cerraron unos ocho botes, íbamos siete personas en mi bote, entre ellos dos turistas norteamericanos. Son personas mayores, de más de 60 años…”, contó al diario El Comercio uno de los guías de la comitiva, por teléfono. Nadie entendía por qué un grupo de indígenas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri adoptaba una actitud tan hostil hacia los turistas, una de sus principales fuentes de ingresos económicos.

La presión de la policía, la Defensoría del Pueblo y funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) logró que, más de un día después de ser capturados, los visitantes fueran liberados en buen estado de salud, aunque preocupados. Para entonces ya estaba más o menos clara la motivación de los indígenas.

Un comunicado enviado por el Sernanp el 24 de setiembre indicó lo siguiente: “Esta medida de fuerza la han adoptado para exigir que el Sernanp retire la denuncia formulada contra las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios por la ilegal construcción de una carretera de Nuevo Edén a Puerto Shipiteari (…). La denuncia se sustenta en que la construcción de esta carretera no cuenta con la opinión técnica favorable ni estudio de impacto ambiental, requisitos indispensables para el desarrollo de obras de esta magnitud (…). Además, que el expediente técnico aprobado para dicha construcción es para el mejoramiento de un camino vecinal y no una carretera que en la actualidad tiene una extensión de 25 metros de ancho y 3 km de largo, que serviría para el desarrollo de actividades como tala y minería ilegal”.

El comunicado señalaba que el Gobierno Regional de Madre de Dios había hecho caso omiso a los continuos oficios de alerta de la Jefatura de la Reserva Comunal Amarakaeri, y que, en vez de enmendar la irregularidad, había continuado la construcción de la carretera, “azuzando a las comunidades”.

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[Portada: Indígenas del pueblo harambukt vestidos como sus ancestros en una fiesta tradicional. Foto: FENAMAD.]

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