(Mongabay Latam / María Margarita Fontecha).- En 2013, cuando se cumplieron 20 años de la Ley 70, ley que reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afro en el Pacífico colombiano, el gobierno anunció la necesidad y prioridad de reglamentar los capítulos de acceso a recursos naturales y minería. Han pasado 3 años más y aún la reglamentación no ha sido implementada, lo que crea un limbo jurídico donde es difícil y confuso actuar en diferentes temas.
Sin embargo, la falta de reglamentación no ha sido excusa para que estas comunidades busquen alternativas de desarrollo para sus pueblos. Sostenibles o no, en el Pacífico colombiano abundan nuevos proyectos y programas para alcanzar mejores niveles de vida. Esta ley les dio la posibilidad a las comunidades negras de acceder legalmente a un territorio que habitaban desde los tiempos de la colonia y también les permite hoy gestionar su territorio y autonomía para organizarse jurídicamente.
Una de estas alternativas ha sido REDD+. Colombia tiene 9 iniciativas de este tipo en el Chocó Biogeográfico, es decir, la zona que va desde la región del Darién al este de Panamá, a lo largo de la costa pacífica de Colombia y Ecuador, hasta la esquina noroccidental de Perú. De estas 9 iniciativas 1 está verificada y las otras 8 validadas. Colombia tiene el único proyecto de venta de bonos de carbono en el mundo que ha sido verificado en territorio colectivo y es el de Acandí (Chocó), se espera que las otras 8 iniciativas de carácter comunitario sigan este camino en los próximo meses.
Cuando se afirma que un proyecto es validado es porque ha cumplido con una serie de pasos. En otras palabras, la validación permite estimar cuántas toneladas de carbono se esperan dejar de emitir, qué actividades se necesitan para evitar esas emisiones y se requiere que la organización ordene los temas administrativos y financieros. Por su parte, la verificación es la evaluación de ese proyecto. Organismos internacionales realizan este proceso, el cual pretende corroborar que el proyecto ha hecho lo que dijo durante la fase de validación. Además, se miden los impactos ambientales y sociales que ha tenido.
Los bonos de carbono de Acandí
El Pacífico colombiano es muy importante en términos de conservación para el planeta de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Aproximadamente 9000 especies de plantas, 200 especies de mamíferos, 600 tipos especies de aves y 120 especies de anfibios habitan este territorio tan biodiverso.
De acuerdo con Natalia Arango, directora técnica de Fondo Acción, ONG que acompaña los 8 proyectos que están en la fase de verificación, el reto más complejo es comprobar que efectivamente no se ha tumbado el bosque. “Cuando se hace la validación se promete que se va a hacer algo, cuando te verifican es que te toman la lección y corroboran que lo que prometiste se haya cumplido”, explica Arango. Así, mantener los árboles en pie implica cambiar hábitos en las comunidades, implementar alternativas productivas, generar mayor compromiso y responsabilidad de la comunidad frente al territorio.
Bosques en la región de Chocó, Darién. Foto: Mongabay.
El reto se complica si se tiene en cuenta que los 8 proyectos en fase de verificación tienen 692 000 hectáreas que deben ser administradas, además, la responsabilidad de que el proyecto continúe recae en cerca de 17 000 familias que participan del mismo. Esto sin tomar en cuenta actividades legales e ilegales en la zona como: la minería, la tala de árboles, los cultivos ilícitos de coca, etc. Según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, la producción de este tipo de cultivos en Colombia ha crecido 39,% entre los años 2014 y 2015. En zonas como Tumaco, donde existe actualmente un proyecto de este tipo, hay 16 990 hectáreas de hoja de coca, que representan el 17 % de la producción nacional.
A pesar de este panorama, las comunidades que se preparan para verificar los proyectos REDD+ están fortaleciendo algunas cadenas productivas que les permitan cambiar el corte de árboles por nuevas opciones como la pesca y los programas silvopastoriles. A estas actividades se suman también los cultivos de açai, cacao, arroz y plátano, todos estos forman parte de las nuevas apuestas por la conservación.
“Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos esta lucha la ganamos”
Este es el lema tradicional de las comunidades negras del Pacífico, y Everildys Córdoba es una de sus líderes más representativas. Córdoba integra el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera Sur (Cocomasur), Consejo que hoy tiene el orgullo de contar con el único proyecto verificado en el país para la venta de bonos de carbono. Este proyecto conserva cerca de 13 000 hectáreas de bosque en la región del Chocó, Darién. Si bien como Everildys Córdoba reconoce hoy en día, “nos creen”, el arranque de REDD+ en la región fue una lucha y hoy es un desafío constante a la perseverancia.
Everildys Córdoba en los bosques del Chocó, Darién. Foto: Cortesía de Brodie Ferguson.
Brodie Ferguson, director de Antrotecht, empresa colombiana dedicada a temas de conservación, quería trabajar con Cocomasur la creación del primer proyecto de este tipo. Antes de hacer las cosas, lo más importante fue construir y fortalecer la confianza con la comunidad sobre la base de que era un proyecto transparente y tendría beneficios para ambos. Su sueño nació mientras hacía su doctorado acerca de los problemas de la tierra en el Urabá y Chocó, y se dio cuenta que el modelo de explotación ganadera y de tala no era rentable para las familias de la zona, mientras que el mercado voluntario de carbono podría ser una opción.
En este proceso de construir confianza, Córdoba fue una de las que se puso la camiseta por el proyecto y a pesar de sus dudas sobre el éxito de la iniciativa, se subió a un caballo y, acompañada de Brodie Ferguson y otros miembros de la comunidad, empezó a recorrer todas las veredas que forman parte del Consejo para explicarles a los pobladores el significado del mecanismo REDD+. En Colombia se llama veredas a los pequeños pueblos o villas que conforman el municipio. Dibujos, canciones, coplas y sobre todo talleres para hablar sobre las expectativas fueron la clave para que en Sapzurro, el 9 de octubre de 2010, 96 representantes de las veredas dieran el sí para tener un proyecto REDD+ en el territorio.
“Una de las cosas que más nos ayudó fue mostrarle a la gente que este proyecto podría traer beneficios económicos. Además, era soñar con la oportunidad de que si constituíamos un proyecto que generara empleo no íbamos a depender de los políticos para un puesto”, cuenta Everildys.
En 2012 Cocomasur logró poner a la venta 100 000 créditos de carbono en el marco del mercado voluntario, es decir, aquel donde se paga una suma de dinero a aquellos proyectos que demuestren que están deteniendo la deforestación y degradación de los bosques. Sin embargo y a pesar de las expectativas, el hecho de que siga siendo un mercado voluntario no tiene el impacto esperado por las comunidades y aunque ha habido esfuerzos en las diferentes cumbres de cambio climático, el tema es que el mercado no ha recibido un estímulo para lograr incentivar la compra de bonos de carbono por parte de la empresa privada, por ejemplo.
Deforestación al sur de Chocó, en Colombia. Foto: Cortesía de Fondo Acción.
[Foto de portada: Vista panorámica de la región de Cajambre, en Colombia, donde se desarrolla uno de los proyectos REDD. Foto: Cortesía de Fondo Acción. ]
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