(Mongabay Latam / Isabel Riofrio).- Hace 14 años el pueblo indígena de Sarayaku se refugió en el bosque y se preparó para librar una dura batalla dentro de la selva amazónica ecuatoriana. La comunidad había decidido enfrentarse a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que buscaba empezar sus actividades extractivistas en el bloque 23, ubicado en territorio Sarayaku, al este de la Amazonía Ecuatoriana.
“Fueron tiempos de mucho estrés, mucha preocupación y mucha tristeza”, recuerda Patricia Gualinga, dirigente de Relaciones Internacionales del Pueblo Sarayaku. “Sarayaku se transformó totalmente. No había paz”.
En un intento por organizarse, la comunidad decidió enviar un grupo a buscar apoyo en oficinas públicas y organizaciones no gubernamentales mientras que otros se enfrentaban a la militarización de la selva. “Fueron momentos de mucha persecución”, asegura Gualinga. “Sarayaku no estaba preparado para permitir esta actividad”.
Sin embargo, la CGC logró entrar en territorio Sarayaku en el 2002 para empezar la fase de exploración y estimar cuánto petróleo yacía bajo tierra. Para ello, la empresa argentina enterró 1433 kilogramos de un explosivo de alto poder conocido como ‘pentolita’, como consta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al ser detonado generaba movimientos sísmicos que amenazaban tanto la seguridad de la comunidad como la del medio ambiente.
Han pasado diez años y el pueblo Sarayaku aún vive con el temor de que la pentolita enterrada en una extensión de 18 000 hectáreas de su territorio pueda estallar. Estamos hablando del 14 % de un total de 135 000 hectáreas que le pertenecen a esta comunidad.
El pueblo de Sarayaku vive a las orillas del río Bobonaza, en el centro sur de la provincia de Pastaza. El territorio colinda al norte con la nacionalidad Sápara y al sur con la nacionalidad Achuar. Según el último censo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se registran 1200 Sarayaku que habitan cinco comunas dentro del territorio.
“Sarayaku es un pueblo alegre, pacífico y tranquilo”, describe Gualinga. Sin embargo, cree que su comunidad está siempre a la defensiva y en la lucha por lograr que el estado ecuatoriano se responsabilice por quitar la pentolita enterrada en su territorio.
“Hay una idea equivocada de que las concesiones petroleras no son afectantes al medio ambiente mientras no haya explotación”, explica Mario Melo, abogado del Pueblo Sarayaku. Los microsismos que provocan las detonaciones de pentolita durante la fase de exploración, dice Melo, rompen los acuíferos y además, el ruido de los temblores hace que los animales huyan por muchos años. “Son impactos reales. La exploración es un proceso muy afectante”.
Durante estos últimos años, la comunidad Sarayaku ha mapeado su territorio para identificar aquellas zonas densas en dinamita y así declararlas en cuarentena, es decir áreas que ahora son inaccesibles a la comunidad. “Para evitar desgracias”, explica Gualinga. Ubicadas en la cuenca del río Oso, las zonas en cuarentena reúnen un espacio de selva primaria donde habita fauna y flora abundante y sobre todo que es básica para la supervivencia de la comunidad. Esta área inaccesible representa el 14 % del territorio.
La comunidad Sarayaku usualmente visitaba la cuenca del río Oso para ir a cazar y pescar, o recabar medicinas tradicionales, lianas y cortezas de árboles que usaban para realizar utensilios de casa. Sin embargo, ahora la seguridad y soberanía alimenticia del pueblo Sarayaku están amenazadas. “Las zonas de cuarentena son zonas que ellos identifican como zonas de cacería intensiva. Además son zonas que quedaban relativamente cerca de los centros poblados”, dice Melo. “Ahora estas zonas no las utilizan y deben desplazarse para realizar sus actividades de caza y pesca”.
Hoy este pueblo de cazadores se desplaza al suroriente de su territorio, hacia un área conocida como Rotuno, llamada así por la cuenca de río que lleva este nombre.
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso el retiro del material explosivo enterrado durante la campaña de exploración sísmica de la CGC, tras aceptar las medidas cautelares presentadas por el Pueblo de Sarayaku a la CIDH. Pero no fue hasta dos años después que el gobierno ecuatoriano, encabezado por el Ministerio de Minas, llegó a un acuerdo con la comunidad para integrar un equipo de trabajo y así concretar el retiro de la pentolita.
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[Foto de portada: Carlos Mazabanda.]
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