(Mongabay Latam / Barbara Fraser).- Mientras caminaba a través de la maleza tropical soportando el calor amazónico, Elmer Hualinga se detuvo de pronto para observar cómo las raíces de un árbol crecían alrededor de un barril oxidado. Cerca de allí, restos de un motor yacían parcialmente enterrados, no muy lejos de la puerta oxidada de una camioneta.

Este bosque tropical alguna vez fue virgen. El área alrededor de este pueblo de casas de madera y calles sin pavimentar se convirtió en un vertedero después de las actividades de exploración y producción de petróleo que empezaran en la década de 1970. Ahora, una limpieza está programada ahí y en otros 31 sitios de la concesión de petróleo, una vez conocida como 1AB, hoy designada como Bloque 192.

Pero Hualinga de 36 años y padre de tres hijos sigue preocupado por los impactos a largo plazo que las casi cinco décadas de contaminación han causado en su familia y en los arroyos, ríos, plantas, peces y animales de los que dependen las comunidades indígenas para su sustento.

Ahora se detiene al lado de una pequeña y fangosa piscina de agua. “El olor de este lugar no es natural. Es un olor feo, un olor de la descomposición de metales”.

Las huellas en el barro muestran que los animales se sintieron atraídos por el agua salada de la piscina contaminada, al igual que como les pasa con las colpas naturales de la Amazonía. Pero la sal allí es el residuo de las operaciones petroleras.

“Esto es el recuerdo que nos dejan las empresas petroleras”, dijo Hualinga.

Lee más |  Deforestación por minería ilegal alcanza niveles históricos en Perú 

Lo que se viene este año

Después de más de una década luchando por la limpieza de estos sitios contaminados y la atención médica para las personas que viven a lo largo de los ríos, dentro de los campos petroleros más grandes del país, las organizaciones indígenas han logrado algunos avances significativos. Sin embargo, la preocupación por la salud humana y ambiental, así como por la financiación para los trabajos de limpieza futuros permanecen.

El Gobierno peruano ha anunciado que este año designará un nuevo operador para el Bloque 192, una concesión petrolera que cubre 4900 kilómetros cuadrados en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. El área está habitada principalmente por indígenas Achuar, Kichwa, Quechua y Urarina.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la nueva concesión tendrá una vigencia de 40 años. De conformidad con la legislación peruana, las comunidades indígenas cuyos derechos territoriales se verían afectados por el nuevo contrato participarán en un proceso de consulta previa de cuatro meses que se espera comience pronto.

Cuatro federaciones —FEDIQUEP, del Pastaza; FECONACOS, del Corrientes; OPIKAFPE, del Tigre; y ACODECOSPAT, del Marañón, en apoyo a las tres que están dentro del Lote 192—, conocidas como las “cuatro cuencas”, entregaron una propuesta para el desarrollo de la consulta previa al Ministerio de Energía y Minas el 17 de enero del 2019.

Las organizaciones indígenas exigen que los diálogos para elaborar el plan de consulta, así como los de la consulta en sí, se realicen en comunidades dentro del lote, para facilitar la participación de todos los habitantes. También proponen que se socialice el modelo del contrato y que este proceso detalle elementos como la gestión ambiental, los beneficios para las comunidades, la remediación de daños y otros.

La salud será un tema clave durante la consulta, según los líderes de las organizaciones que se llaman a sí mismas “cuatro cuencas”, una referencia a los tres ríos en la concesión y al río Marañón, del cual son tributarios. El Marañón se une al río Ucayali río abajo para formar el Amazonas.

Un estudio realizado en el 2016 encontró que algunas personas tenían niveles de cadmio y plomo en la orina y en la sangre que excedían los umbrales permitidos. También se halló que la presencia de bario y plomo en el suelo de algunas casas y campos superaban los estándares de calidad ambiental.

Las organizaciones indígenas están demandando atención médica especializada para las personas que tienen metales pesados en sus cuerpos, agua potable para beber y cocinar, una garantía de seguridad alimentaria y la divulgación total de los resultados del estudio de salud practicado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS). En su momento se tomaron muestras de sangre y orina, se realizaron encuestas y se recogieron muestras también de suelo, agua, aire y alimentos. Hasta ahora, solo se han entregado los resultados parciales.

La Defensoría del Pueblo se refirió al tema en un informe y recomendó al gobierno asegurar el financiamiento necesario para terminar el estudio, así como para hacer un seguimiento de las personas que tienen niveles de metales por encima del máximo permitido. También pidió la elaboración y cobertura de un plan de salud integral para las comunidades afectadas.

Otra demanda de las comunidades indígenas se centra en la remediación ambiental de la contaminación acumulada a lo largo de casi cinco décadas. Durante la mayor parte de ese tiempo, el agua producida —el agua caliente, salada y cargada de metales bombeados de los pozos con petróleo— se vertió sin tratar en ríos y arroyos.

Se espera ahora que los consultores que están elaborando los planes para la limpieza de los 32 sitios identificados como prioritarios por las organizaciones indígenas, finalicen su trabajo durante el primer trimestre de este año.

Lee más | Perú: informe revela altos índices de Ilegalidad en la extracción de madera

Las exigencias de la remediación

Un estudio financiado por el Gobierno, coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU (PNUD) y publicado en agosto del 2018 reveló la complejidad de la remediación, así como el costo probable.

Un fondo inicial de alrededor de 15 millones de dólares está casi agotado. El Ministerio de Energía y Minas ha destinado alrededor de 53 millones de dólares de su presupuesto del 2019 para la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos, pero el costo total para limpiar todos los sitios prioritarios podría ser mucho mayor, y eso es solo una fracción de los sitios contaminados.

El estudio del PNUD recomendó priorizar los sitios futuros para la limpieza basándose en una evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Se planea un estudio similar para el 2019 en el vecino Bloque 8, otro lote petrolero de la misma antigüedad que también está contaminado por derrames y desechos.

Las organizaciones indígenas también solicitan el reemplazo del sistema de tuberías dentro del Bloque 192 y el Oleoducto del Norte del Perú que transporta crudo desde la Amazonía a través de los Andes hasta la costa.

Según el estudio del PNUD, se registran con frecuencia filtraciones y derrames de los ductos dentro de los lotes. La sección amazónica del Oleoducto del Norte del Perú también ha sufrido una serie de derrames desde el 2014, algunos debido al cambio de suelo, algunos a la corrosión y otros al vandalismo.

Una serie de fugas en el 2016 generó preocupación sobre el estado de conservación y la seguridad del ducto. Petroperú atribuyó la mayoría de los derrames al sabotaje, aunque nunca se hallaron culpables.

Una investigación del Congreso sobre estos derrames no llegó a identificar a los responsables del vandalismo, pero observó que algunos pequeños contratistas habían ganado de repente licitaciones por cientos de miles o millones de dólares.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en el Perú, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

OTRAS HISTORIAS DE MONGABAY LATAM QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Descubren nueva rana en Ecuador, pero muy cerca de un proyecto minero. La nueva rana descubierta en Ecuador, Hyloscirtus hillisi, vive a tan solo 10 kilómetros del megaproyecto minero Mirador, uno de los más polémicos del país. Rica biodiversidad de la Cordillera del Cóndor está en peligro. Lee la historia aquí.

Amenazas a líderes indígenas y sociales no cesan en Colombia. Tan solo en enero del 2019, 17 activistas sociales y ambientales fueron asesinados en Colombia. El líder indígena Robinson López criticó la “lenta y precaria” actitud del gobierno para la seguridad de comunidades asediadas por la violencia y por proyectos extractivos. Lee la historia aquí.

Aves en peligro de extinción mueren enceguecidas por la luz en Chile y en Perú. Una noche tibia del 2004 comenzaron a caer los pollitos de mar, atraídos a su muerte por las luces del puerto de Mejillones, al norte de Chile. Desde entonces, otras aves han sufrido la misma suerte por la contaminación lumínica en las costas de dicho país y Perú. Lee la historia aquí.