(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli). El 2017 ha sido un año difícil para el sector ambiental en el Perú. Los derrames de petróleo, la presencia de minería y tala ilegal en áreas naturales protegidas así como el avance de la deforestación figuran como las principales preocupaciones de los expertos consultados. A ello se debe sumar la percepción de que el Ministerio del Ambiente se ha visto debilitado no solo como actor político, sino como ente rector ambiental.

Mongabay Latam buscó a un grupo de expertos para encontrar lo bueno, lo malo y lo feo del 2017. Aquí presentamos lo malo y lo feo que dejó el año que se va en temas como áreas naturales protegidas, bosques y deforestación, pueblos indígenas, biodiversidad y políticas ambientales.

Bosques, deforestación y criminalidad

Aunque la deforestación ha sido un problema recurrente en el Perú, lo grave este año ha sido la escalada de criminalidad asociada a esta actividad. No solo se ha denunciado violencia en invasiones de terrenos, sino también la presencia de taladores ilegales armados o el asesinato de agricultores.

A Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, le preocupan los niveles crecientes de deforestación, así como los incendios forestales que afectaron este año al Perú. También señala que una amenaza gravísima contra los bosques es el tráfico de tierras, “que se ha convertido en una actividad criminal” De hecho, actos registrados en Ucayali que terminaron en la muerte de agricultores o la invasión de un centro de investigación de una universidad en el mismo departamento confirman esta preocupación. Además, continúa el avance de la minería ilegal en la Amazonia, causando una devastación enorme.

Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014, y las comunidades ashaninkas del Ene que ella representa vivieron este año de cerca la violencia de la tala ilegal. Traficantes armados amenazaron y deforestaron terrenos indígenas del VRAEM, exactamente en la comunidad de Meantari. Por eso, para Buendía, uno de los aspectos más negativos del 2017 es que los madereros ilegales y legales sigan extrayendo árboles sin que haya un control estricto por parte de autoridades como Serfor. A ello, agrega, autoridades y funcionaros no siempre hacen cumplir las leyes y muchas veces no se comprometen ni aplican sanciones.

Áreas naturales protegidas

Aunque el número de áreas naturales protegidas se ha incrementado este año, los expertos se preguntan si existe la capacidad del Estado para poder mantenerlas a salvo de peligros como la minería ilegal o el narcotráfico. De hecho, en algunas reservas ya se ha podido ver el avance de estas actividades ilícitas.

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Para Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales, la ausencia de un sistema de protección de áreas de conservación privada es lo negativo para el procurador. “El Estado las reconoce, pero no desarrolla mayores esfuerzos en su conservación”. Guzmán lamenta que esta labor se quede solo en manos de los privados, que no tienen el poder necesario para protegerlas del tráfico de tierras, la minería y la tala ilegal.

La mayor preocupación para Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal, es el caso de Nuevo Lamas, una comunidad kichua en San Martín, cuyo territorio se superpone con el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En consecuencia se ha titulado solo el 1 % de la propiedad y el 99 % se entregó en sesión de uso. “Hemos planteado una demanda de amparo y hemos pedido consulta previa”, sostuvo el abogado.

Biodiversidad amenazada

Para Ernesto Ráez Luna, se presenta una paradoja en este tema pues el acceso y la calidad de la información sobre temas ambientales ha mejorado mucho y ello permite conocer el verdadero estado de nuestros ecosistemas. “Este año nos dimos cuenta de la gravedad de la contaminación plástica en el mundo”, sostiene. El 2017 ha sido también para Ráez el año de los incendios forestales y del récord en emisiones de gases de efecto invernadero y señala que la aprobación del proyecto de la Hidrovía Amazónica es un serio problema.

Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, consideró que “ha sido un año de transición sin muchos avances” dice Pedro Solano y explica que el Perú forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica y que está comprometido con cumplir con las metas de Aichi sobre biodiversidad, que son acuerdos de los países para proteger un 17 % de biodiversidad terrestre y un 10 % de biodiversidad marina. “El Perú tiene un grandísimo pendiente en áreas marinas porque no llegamos ni al 1 %”, dice.

Pueblos indígenas e inseguridad jurídica

La mayoría de expertos coincide en que los pueblos indígenas han librado una batalla dura en el 2017, no solo por la falta de titulación para sus territorios, sino por la aprobación de diversos proyectos para la construcción de carreteras o hidrovías que tendrán un impacto serio en su vida.

Ruth Buendía Mestoquiari señaló que la migración de pobladores a la Amazonía para invadir los territorios ancestrales con fines de sembrío ilegal de la hoja de coca, así como para dedicarse a la minería, al tráfico de tierra, a la tala ilegal de bosque y a otras actividades ilícitas es una de las principales y más cotidianas amenazas para los pueblos indígenas. Eso sin mencionar, agrega Buendía, las leyes que de alguna forma afectan a las áreas naturales protegidas.

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Juan Carlos Ruíz Molleda señala como negativo que por lo menos cuatro mil comunidades nativas no tengan título de propiedad, y que la gran mayoría de estas no estén georreferenciadas. Agrega que son 22 los trámites que deben realizar las comunidades para lograr su titulación. “Es la otra tramitología”. Un segundo tema tiene que ver con contaminación por actividades extractivas y derrames de petróleo, señala el especialista.

Políticas ambientales: el rol del Ministerio de Ambiente

Sin duda, uno de los temas que más ha preocupado a los expertos consultados por Mongabay Latam ha sido el rol del Ministerio del Ambiente durante este año y la falta de importancia que ha tenido el tema ambiental en la agenda política nacional.

Carol Mora, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, considera como negativa la aprobación de la norma que modifica los estándares de calidad para el aire, permitiendo un mayor nivel de contaminación por azufre, por ejemplo, en el caso de Doe Run. “Ha sido muy cuestionable porque el derecho ambiental no permite retroceder ni empeorar sus estándares sin un sustento técnico”.

Para Ernesto Ráez Luna, el Ministerio del Ambiente ha decidido optar por la inexistencia, “ese parece ser el mensaje político y la apuesta del gobierno, limitar al ministerio hasta el punto que sea totalmente inútil”. Asegura que es extremadamente negativa la decisión del gobierno de ampliar, una vez más, los plazos para la formalización de la minería ilegal. “Tienen tres años más, una especie de patente para seguir destruyendo y usufructuando el patrimonio de todos los peruanos”, culmina.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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